El Gobierno central y el Gobierno de Canarias han cerrado este viernes un acuerdo para que se elabore un decreto-ley, que se convalidará en el Congreso de los Diputados antes de final de año, para impulsar y acelerar la reconstrucción de La Palma tras la erupción del ‘Tajogaite’.
Así lo ha confirmado a los medios de comunicación el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a la finalización de la reunión de la comisión mixta, en la que ha confirmado que se ha optado por esta fórmula legislativa, que a la espera del informe del Consejo de Estado y la Abogacía del Estado, se aprobaría en Consejo de Ministros en la primera quincena de noviembre.
El documento incluirá, a grandes rasgos, la bonificación del 60% en el IRPF para los residentes en la isla, una transferencia de 100 millones de euros para cubrir indemnizaciones en el sector agrícola y la introducción de algunos aspectos jurídicos nuevos para acelerar algunas tramitaciones.
Torres ha garantizado que no habrá un decreto ómnibus sino que será específico para La Palma o, en su defecto, un decreto vinculado a emergencias naturales.
«La certeza que nos pedían la tienen por parte del Gobierno de España. Necesitamos simplemente que nos diga la Abogacía del Estado que es urgente y que cabe la necesidad de ese decreto ley, pero ya adelanto que nos inclinamos por esa fórmula jurídica», ha indicado.
Torres ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas del Congreso para que «si es posible todos los grupos políticos aprueben medidas absolutamente justas para la reconstrucción de una isla por las consecuencias del volcán», y ha desmarcado este decreto-ley de otras partidas negociadas esta semana por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, caso de los fondos del Posei adicional, la atención de menores migrantes u obras hidráulicas.
Ha admitido que a la isla aún le «queda trecho» para recuperarse económica y socialmente, si bien ha valorado que ha crecido en 3.000 habitantes, y por ello ha destacado que aunque haya «diferencias» entre formaciones políticas y administraciones públicas, también ha habido «lealtad» en la comisión mixta para trabajar.
El ministro ha hecho un repaso sobre la aportación del Gobierno central a la reconstrucción, que ha cifrado en unos 1.100 millones, que por ejemplo, han permitido cubrir ya todas las compensaciones por pérdida de la primera vivienda –465 millones–; 135 millones en infraestructuras; 53 millones en convenios de obras municipales o 40 millones para la diversificación energética.
El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata (PP), presente en la mesa de la comisión, ha destacado que su partido siempre ha dado «clarísimas muestras» de apoyo a la Palma con el voto a favor a cuatro decretos sobre la isla y la abstención en otros dos que incluían otros asuntos.
«Vamos a ver qué sucede de aquí a la primera quincena del mes de noviembre, cómo se aprueba el decreto y qué contiene y lo que aseguro es que haremos todo lo posible para que si solo contiene asuntos relacionados con la isla de La Palma, cuente también con el apoyo del Partido Popular», ha indicado.
DAR «CERTEZAS» AL SECTOR PRIMARIO
El presidente insular, Sergio Rodríguez, presente en la reunión, ha agradecido el «tono constructivo» de una Comisión que ha puesto sobre la mesa la realidad y necesidades de la isla, abordando en el encuentro la necesidad de continuar con la contratación por emergencia para la reconstrucción de propiedades, así como la actualización de los convenios iniciales para recuperar infraestructuras tras el alza de precios.
Ha recordado el compromiso insular de invertir un 25% del convenio , llevando por ahora aportados unos 23 millones y medio de euros. «Pero no hemos querido parar ahí porque efectivamente conocemos la realidad del sitio», ha añadido. Sin embargo, se ha solicitado al Estado que el segundo convenio se revise «cuanto antes» ante las dicultades que la corporación ya tiene derivado del que ha sido un «esfuerzo extraordinario».
«Nuestros compromisos tienen que, efectivamente, operar en dar certezas a la gente que ha sufrido, y yo creo que en este sentido el mensaje que se ha transmitido hoy por todos en esta Comisión Mixta tiene como objetivo, lógicamente, ofrecer esa certeza», ha culminado.
La consejera de Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia del Gobierno regional, Nieves Lady Barreto, ha insistido en la oportunidad que ha supuesto esta Comisión para darle «plazo» a una escucha. Ha celebrado la consolidación de fechas para desbloquear los 100 millones pendientes del Estado, así como de la idea de poder utilizar también los fondos que tiene el Gobierno regional y que «no puede, por las reglas fiscales».
Ha precisado que con los dos planes de pago ya avanzados –los 150 millones de la primera anualidad y los 50 millones aportados del Gobierno regional, a los que se incorporarán, en «breve» los 100 millones del Estado– han logrado pagar todas las viviendas habituales, un total de 800 inmuebles: «Esto ha permitido que no solo se empiecen a hacer casas sino que hoy haya más de 400 licencias entre concedidas y a la espera de concesión para construir viviendas, que en cuanto a fincas hablamos de en torno a más de 350 licencias, sobre todo en Los LLanos y Tazacorte.
ESTUDIO DE MORATORIA PARA AGRICULTORES
Sobre el acuerdo entre el Estado y el Gobierno regional para blindar la reconstrucción de la isla en el decreto ley, ha destacado su importancia y el acuerdo de que esta sea «la fórmula» a utilizar, para tenerlo listo en noviembre y tener los fondos «antes de finalizar el año».
«En la Consejería, tenemos preparados 90 millones de euros en expedientes de fincas, y estamos en disposición de una vez se ingresen los fondos, poder notificar expdientes de finca por más de 30 millones de euros. Nuestra intención es priorizar en ese primer paquete las licencias concedidas», ha puntualizado la consejera, que ha añadido que el Ministerio estudiará, además, incluir en el decreto ley una moratoria específica para agricultores, ya que, ha continuado, ahora mismo «ni están recibiendo pérdida de renta ni tampoco están pudiendo sembrar».
Por su parte, el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, ha destacado que, a pesar de que «queda mucho por hacer» y de la «deuda pendiente» con los agricultores, a quién se les necesita «dar certezas», el encuentro ha contado con «cordialidad, coordinación y cooperación» entre todas las administraciones, ofreciendo hoy un «escenario mejor» que el de la última Comisión mixta de febrero de 2024.
SOLUCIONES A «CORTO PLAZO»
«Yo creo que en la mañana de hoy, esa certeza ha sido transmitida por el ministro, precisamente para poder dar un horizonte temporal. Primero, teniendo listo, en torno a la primera quincena de noviembre, ese decreto ley y, en segundo lugar, la certeza de que esos recursos van a llegar. En concreto, hablábamos en la Comisión Mixta de aunar todos los esfuerzos para poder, antes de estas Navidades, empezar a hacer esos ingresos o al menos que le lleguen las notificaciones», ha incidido el jefe del Ejecutivo canario.
De este modo, ha continuado Clavijo, más allá de que evidentemente en ese decreto ley se incluya el 60% de descuento del IRPF, se valora sumar al mismo esos 100 millones pendientes, así como recoger algunos instrumentos jurídicos, que tienen previsto facilitar «muchísimo» la labor de los ayuntamientos en la adjudicación y recuperación de las obras de infraestructuras o del propio Cabildo o del Gobierno de Canarias.
