Durante la convención minera Perumin 37 en Arequipa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, proclamó que “la agricultura puede esperar; un proyecto minero no” y aseguró que “la minería tiene prioridad sobre el agua”. Estas declaraciones desataron una reacción tajante de rechazo por parte de gremios agrarios, profesionales y comunidades vinculadas al campo.
Las palabras de Manero fueron vistas como una definición de política pública que contradice la función esencial del MIDAGRI: resguardar el acceso al agua y los alimentos de los peruanos.
De inmediato, integrantes del sector agropecuario y actores sociales utilizaron canales institucionales y medios para denunciar el giro pro-minero del ministerio y exigir explicaciones públicas.
Respuestas de las organizaciones agrarias
La reacción más firme provino de Conveagro, que agrupa a veinticinco gremios agrarios a nivel nacional. Su comunicado sostuvo: “Desconocer el papel de la agricultura en la seguridad alimentaria compromete a más de 33 millones de peruanos”.
Conveagro enfatizó que el sector agrícola genera más de cuatro millones de empleos, equivalente al 30% de la Población Económicamente Activa, mientras que la minería, en 2024, apenas alcanzó 235.000 empleos.
El comunicado también señaló que el Midagri debe “garantizar acceso seguro y justo al agua para producir alimentos”. La organización calificó como inadmisible cualquier intento de supeditar la agricultura a intereses mineros.
Se exigió una rectificación inmediata o la renuncia de Manero, advirtiendo que su permanencia representa una amenaza para más de dos millones de familias que alimentan al país.
Pronunciamiento del Colegio de Ingenieros del Perú y gremios profesionales
El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), por medio de la Coordinadora Nacional de los Capítulos de Ingeniería Agronómica, se sumó a la crítica. El gremio recordó que el agua es un derecho humano y bien público estratégico, y que la Ley de Recursos Hídricos establece prioridad para el uso poblacional y la producción alimentaria, antes que para la actividad minera.
El CIP acusó al titular de Desarrollo Agrario y Riego de desconocer el marco legal y técnico y de poner en riesgo la seguridad alimentaria nacional. Sostuvieron: “La agricultura es la base de la seguridad y soberanía alimentaria de más de 33 millones de peruanos”. Por ello, convocaron a la sociedad civil y a los gremios técnicos a mantenerse vigilantes en defensa del agua y la producción nacional.
Postura de comunidades rurales
Usuarios de agua, juntas de regantes y comunidades rurales, a través de la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú, coincidieron en el reclamo de destitución inmediata del ministro. Denunciaron que priorizar la minería sobre la producción agraria abre la puerta a nuevos conflictos sociales y amenaza los medios de vida de millones de personas del sector rural.
Para los colectivos agrícolas y de regantes, es intolerable que la gestión ministerial favorezca al sector extractivo en un contexto de crisis climática y altos precios de insumos, factores que golpean la seguridad alimentaria día tras día.
Agricultura relegada ante la apuesta minera
El ministro remarcó que la prioridad gubernamental es no frenar los proyectos mineros, a pesar de que el sector agrícola vive un “año histórico”, con un crecimiento del 20% en las agroexportaciones y precios estables para los pequeños productores. Sin embargo, la estrategia oficial opta por postergar las necesidades del agro en función de la promesa de ingresos futuros provenientes de la minería.
