Las víctimas del amianto en Brasil siguen haciendo oír su voz, no solo porque el pasado lunes se celebró en todo el mundo el Día del Trabajo y de las Víctimas del Amianto, sino porque en el gigante latinoamericano el tema se debate actualmente en el Supremo Tribunal Federal (STF).
El amianto, también conocido como asbestos, es una sustancia reconocida como cancerígena por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), está prohibido en Brasil desde 2017, por decisión del STF. Esta prohibición incluye la extracción, industrialización, comercialización y distribución del amianto de tipo crisotilo, utilizado anteriormente en la fabricación de techos y tanques de agua. La decisión se basa en la constatación de que no hay forma segura de utilizar este material, dada su elevada toxicidad y los riesgos para la salud humana y el medioambiente. En 2023, el STF reafirmó esta posición al rechazar los recursos que impugnaban su decisión de 2017, manteniendo así la prohibición en todo el país.
Sin embargo, a pesar de la prohibición federal, el estado de Goiás promulgó la Ley nº 20.514 en 2019, permitiendo la extracción y el procesamiento del amianto crisotilo exclusivamente para la exportación. Esta ley permitió la reapertura de la mina Cana Brava, en Minaçu, en Goiás, controlada por Sama Minerações, subsidiaria de la multinacional belga Eternit. Solo en el tercer trimestre de 2024, las exportaciones brasileñas de amianto alcanzaron los 156 millones de reales (27,5 millones de dólares), según el último informe de la ANM, la Agencia Nacional de Minería.
“Brasil sigue explotando el amianto de Goiás para la exportación, especialmente a Asia, en particular India e Indonesia. En 2024 se exportaron 160.000 toneladas”, dice a Infobae Fernanda Giannasi, ex inspectora del trabajo y fundadora de la Asociación Brasileña de Personas Expuestas al Amianto (ABREA), una de las mujeres símbolo de la lucha contra el amianto en el gigante latinoamericano. Para Giannasi, “se trata de una práctica de racismo ambiental, ya que la producción y el uso del amianto en Brasil están prohibidos desde 2017”.
La constitucionalidad de la ley del estado de Goiás está actualmente en discusión en el STF. En marzo de 2025, la sentencia fue aplazada después de una solicitud de revisión por el juez Nunes Marques. Hasta el momento, cuatro jueces han votado a favor de declarar inconstitucional la ley. Sin embargo, hay desacuerdos sobre cuándo deberían entrar en vigor los efectos de la decisión, considerando los impactos económicos locales. Dos votos proponen la suspensión inmediata de la explotación minera, los de los jueces Rosa Weber y Edson Fachin, mientras que el juez Alexandre de Moraes propone una prórroga de dos años y su colega Gilmar Mendes, de cinco. “La decisión de poner fin de una vez por todas a esa peligrosa producción está en manos del STF, que ya presentó varias veces el juicio de cierre de la extracción, pero cada vez inventa una nueva forma de postergar sine die esa importante decisión”, explica a Infobae Giannasi, que junto con ABREA reclama la prohibición total del amianto en Brasil, destacando los graves riesgos para la salud de los trabajadores y de la población en general.
Durante años, el amianto crisotilo se utilizó en Brasil por su abundancia en la naturaleza, su facilidad de extracción y, en consecuencia, su bajo coste. Aunque se afirmaba que solo la otra variedad comercial de amianto, el amianto anfibólico, prohibido en Brasil desde 1991, numerosos estudios científicos han señalado los graves riesgos para la salud del amianto crisotilo.
“La ciencia sabe que todas las fibras de amianto son nocivas para la salud, pueden causar cáncer de pulmón, mesotelioma, asbestosis, y la recomendación es prohibir el amianto en todo el mundo”, afirma Ubiratan de Paula Santos, neumólogo del Instituto del Corazón del Hospital de Clínicas de San Pablo, uno de los médicos de Brasil que más han luchado por la prohibición del amianto. Se calcula que Brasil aporta el 10% de las muertes relacionadas con el amianto en el mundo, que se estiman entre 110 y 150 mil, dado que muchas no se diagnostican o no se notifican, especialmente en los países en desarrollo. También hay que recordar que las enfermedades relacionadas con el amianto tienen un tiempo de latencia muy largo, de hasta 40 años, especialmente el mesotelioma, que es un tumor maligno agresivo que afecta al mesotelio, la fina membrana que recubre algunos órganos internos del cuerpo.
El presidente de ABREA, Elizer João de Souza, es un ex trabajador de la fábrica Eternit de Osasco, en las afueras de San Pablo, donde trabajó desde 1968. “Trabajé en la fábrica manipulando amianto durante 13 años y solo descubrí que el amianto es cancerígeno en 1995, cuando toda la fábrica lo descubrió, porque hasta entonces nadie sabía nada. Mi reacción personal fue terrible. Fue muy difícil para nosotros, porque sabes que tienes una enfermedad irreversible y enfermas por una razón que desconocías y eso es muy duro de aceptar”, dice Elizer, a quien le diagnosticaron placas pleurales, que más tarde se convirtieron en nódulos pleurales. “Me operaron, pero el problema del amianto es que no se puede eliminar todo. Durante años trabajé sin máscara protectora”, explica.
Con motivo del Día Mundial de las Víctimas del Amianto, las víctimas brasileñas confirmaron su solidaridad con las italianas, uno de los países del mundo más afectados, en particular la ciudad de Casale Monferrato, en el Piamonte, donde, debido al cierre de la planta de Eternit en 1986, se calcula que hubo entre 1.800 y 2.000 víctimas. El hermanamiento y las iniciativas conjuntas han acercado a los dos países y al sufrimiento de sus víctimas, unidas en su lucha contra la injusticia.
El italiano Antonio Dal Cin estuvo expuesto al amianto durante su servicio para la Guardia di Finanza, un cuerpo militar dependiente directamente del Ministro de Economía y de Finanzas y del servicio de seguridad pública del Ministerio del Interior italiano. Aunque el estado italiano lo reconoció como víctima del deber, la indemnización por sus lesiones fue mínima. Entre los problemas que le ha creado el amianto está la asbestosis pleural, que corre el riesgo de convertirse en una bomba de relojería en su cuerpo, ya que puede evolucionar en cáncer de pulmón o mesotelioma.
“Pido que se cartografíen y saneen los lugares donde hay amianto y que se incentive la retirada del amianto mediante desgravaciones fiscales para los ciudadanos que, con demasiada frecuencia, se ven incapaces de asumir los costes del saneamiento”, dijo Dal Cin a Infobae. Sí, porque el otro serio problema que comparten Italia y Brasil es el de la eliminación del amianto. Si se hace de forma incorrecta, puede causar graves daños a la salud, ya que precisamente su polvo es lo más peligroso. Si se inhala, tiene una capacidad de infiltración en los pulmones que puede ser mortal. En Brasil, el amianto fue fuertemente promovido desde la época de la dictadura militar y hoy cubre incluso los tejados de las casas de las comunidades indígenas a las que se propuso como mejor alternativa a la paja. En el país latinoamericano no existe un plan nacional de eliminación.
“Debemos actuar todos juntos, conscientes de que esperar más es provocar la muerte de más inocentes. Debemos proteger a nuestros hijos y nietos, y por lo tanto a las generaciones venideras, porque cada vez más personas enferman de amianto a una edad más temprana”, dijo Dal Cin a Infobae. “Debemos hacer justicia a las víctimas y a sus familias, a quienes descubren en este instante que han sido golpeados por un asesino despiadado y silencioso que sabe esperar mucho tiempo, un asesino que pero luego sabe tomarse su tiempo y lo hace rápido. Debemos insistir, todos juntos, para que se entienda que quien salva una sola vida, salva a toda la humanidad. Solo así cada una de las muertes causadas por el amianto no habrá sido en vano”, concluye Dal Cin.