El asesinato del mayor en retiro del Ejército Popular Sandinista, Roberto Samcam, la mañana del miércoles 19 de junio en su residencia en San José, Costa Rica, ha despertado las alarmas en exilio nicaragüense que señala al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como responsable del crimen.
Samcam, conocido por su rol como analista político y crítico severo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue ejecutado de ocho disparos por un sicario que, según testigos, simuló ser repartidor y logró entrar al condominio donde residía, aprovechando una falla en la entrada.
“Los jóvenes nicaragüenses condenamos el asesinato político de Roberto Samcam que se suma a numerosos intentos de asesinato ocurridos en Costa Rica. No fue un crimen común: es un mensaje. Nos intentan silenciar, infundir miedo y hacer retroceder a quienes decidimos luchar”, expuso una nota pública, firmada por 29 jóvenes opositores nicaragüenses en el exilio. “Responsabilizamos directamente a la dictadura sandinista por este crimen”, señalan.
El asesinato del opositor fue descrito por vecinos como un crimen planificado: tres días antes del ataque, motorizados sin identificar habían sido vistos merodeando repetidamente la zona. Algunos residentes incluso alertaron a los vigilantes del complejo por el comportamiento sospechoso. La ejecución, según expertos, apunta a una operación deliberada y meticulosa.
Un especialista en seguridad consultado por Infobae, que solicitó anonimato por protección, sostiene que “esta fue una operación ejecutada por un grupo que está muy bien organizado, no fue improvisado, fue una operación planificada, organizada y ejecutada con toda la premeditación”.
El experto señala que la muerte de Samcam “confirma lo que ya se había advertido: el funcionamiento de grupos o células de inteligencia del régimen de los Ortega Murillo que tienen bajo vigilancia y persecución a personas que están en el exilio, particularmente en Costa Rica”.
Samcam no era una figura cualquiera dentro del exilio. Su condición de exmilitar y su conocimiento de la estructura de seguridad del régimen lo convertían en una fuente de análisis e información privilegiada. En múltiples entrevistas, había denunciado la existencia de redes de espionaje del régimen dentro del territorio costarricense. “Aquí funcionan células que en cualquier momento pueden ejecutar operaciones contra exiliados”, había declarado meses antes.
Su asesinato es el más reciente de una escalada de violencia dirigida contra opositores nicaragüenses en el exilio. La línea de tiempo de estos ataques revela un patrón sostenido desde al menos 2021.
El primero de estos casos documentados fue el atentado contra Joao Maldonado en septiembre de 2021, en Escazú, San José. Maldonado, otro opositor destacado, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta y recibió al menos cinco disparos. Sobrevivió tras permanecer semanas en estado delicado.
En agosto de 2022, un activista identificado como Carlos A. fue herido de bala en un ataque que siguió a meses de amenazas. En junio del mismo año, Rodolfo Rojas Cordero, excombatiente histórico y líder opositor de Jinotepe, apareció muerto en la frontera entre Nicaragua y Honduras, tras haber sido secuestrado presuntamente en territorio costarricense.
El caso de Erick Antonio Castillo, asesinado en febrero de 2023 en La Cruz, Guanacaste, también está en esta lista. Castillo era un joven excarcelado político que había denunciado torturas durante su detención en Nicaragua.
Uno de los casos más alarmantes ocurrió en enero de 2024, cuando Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, fueron nuevamente atacados en San José. Maldonado recibió siete disparos, incluidos impactos en el tórax y la cabeza, y Robleto uno en el cuello. Ambos sobrevivieron.
En octubre de 2024, Jaime Luis Ortega Chavarría, líder campesino refugiado desde 2018, fue asesinado en la comunidad de El Quebradón de Upala, cerca de la frontera con Nicaragua. Cada uno de estos crímenes fue precedido por denuncias de vigilancia y amenazas. En todos los casos, las víctimas eran voces críticas del régimen Ortega-Murillo, lo que refuerza la sospecha de un patrón de persecución transnacional.
Organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más han advertido desde hace años sobre la presencia de agentes o colaboradores del régimen dentro de territorio costarricense, ejecutando tareas de seguimiento, intimidación y, en casos extremos, ataques armados.
El asesinato de Samcam representa un punto de quiebre. Su trayectoria lo hacía especialmente incómodo para el régimen. Fue oficial del Ejército Popular Sandinista en los años ochenta y, tras su retiro, se convirtió en analista político y columnista.
En 2018, ante la represión masiva tras las protestas de abril, se exilió en Costa Rica. Desde allí, colaboró con organizaciones como la Fundación Arias y aportó testimonio a instancias internacionales de derechos humanos. En 2022 publicó el libro “Ortega: El calvario de Nicaragua”, donde analiza la militarización del poder y la deriva dictatorial del sandinismo gobernante.
En 2023, fue despojado de su nacionalidad nicaragüense por orden judicial, en el mismo proceso mediante el cual Ortega dejó sin ciudadanía a más de 300 críticos del régimen. Ese mismo año, Samcam adquirió la nacionalidad española.
Desde su llegada a Costa Rica, Samcam denunció hostigamiento constante. Amigos cercanos afirman que vivía con precauciones extremas: evitaba rutinas, variaba sus trayectos y había alertado en diversas ocasiones sobre posibles seguimientos. Vecinos del condominio donde fue asesinado confirmaron a medios costarricenses que días antes del crimen notaron una vigilancia inusual. “Al menos tres días antes, unos motorizados estuvieron circulando varias veces por el vecindario y eso nos tenía nerviosos”, declaró un residente al costarricense diario La Nación.
Las autoridades de Costa Rica han iniciado una investigación, pero hasta ahora no han emitido declaraciones oficiales que confirmen el móvil del crimen. La fiscalía y la policía judicial han mantenido hermetismo.
Un sociólogo nicaragüense exiliado en Costa Rica, también bajo anonimato, sostiene que “el asesinato de Samcam es el de más alto perfil cometido hasta ahora contra un opositor en el exilio. En otros casos se ha intentado disfrazar de crímenes personales o vinculados a conflictos internos, incluso sembrando sospechas de actividades ilícitas como ahora con las versiones que intentan relacionar a Samcam con el narcotráfico, lo cual ya ha sido desmentido por la OIJ”.
Añade que “este es claramente un asesinato político que se origina en el análisis que brindó Samcam sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la represión, con datos claros y creíbles sobre armamento usado y responsables identificados por nombre y apellidos”.
El sociólogo considera que este crimen busca también atemorizar a otras personas con liderazgo o visibilidad: “Es una forma de enviar el mensaje de que nadie está seguro, aunque esté en Costa Rica con estatus de refugio o incluso con una nacionalidad adicional, como en el caso de Roberto, que tenía nacionalidad española”.
Señala que “hay personas que están corriendo peligro, que han ocupado liderazgo y vocería pública en temas de protección de derechos humanos, medios de comunicación o participación en procesos ante organismos internacionales. Ese mensaje claramente te dice: nadie está seguro en Costa Rica, sin importar su perfil o nivel de exposición, si pertenece al exilio nicaragüense y está involucrado en procesos para el retorno democrático del país”.
Para este sociólogo, el asesinato de Samcam también representa un reto a las autoridades costarricenses: “Esto le pone un reto a los órganos de seguridad en Costa Rica en el sentido de que entiendan y acepten algo que se les ha dicho desde hace tiempo: que hay redes del orteguismo operando en Costa Rica. Esto lo deja más que claro”.
Añade que, como reacción, “la comunidad de exiliados ha comenzado a afinar sus medidas de seguridad, tanto en actividades públicas como en la vida cotidiana”. Muchas actividades públicas han sido suspendidas momentáneamente, y se están revisando formas de trabajo, bajo la idea de que “el supuesto de que Costa Rica es un país seguro ya no es válido. Este crimen lo desmiente completamente”.
Asegura que en redes de exiliados “ya estamos retomando medidas similares a las aplicadas tras el estallido social de 2018: revisar recorridos, lugares que se visitan, formas de participación en lugares públicos, tipo de protección necesaria e incluso seguridad en el hogar”.
Destaca que Samcam era una persona extremadamente cautelosa, que no asistía a eventos públicos. “La dictadura sabía que la única forma de matarlo era yendo a su casa, y eso fue lo que hicieron”. Por ello, concluye, “tenemos que establecer nuevas formas de seguridad: chequear quién te visita, a quién se le abre la puerta, cómo se convoca una reunión o a qué eventos se asiste. Porque, como te decía, en Costa Rica nadie está seguro si pertenece al exilio nicaragüense”.
El experto en seguridad consultado por Infobae advierte que la situación de vulnerabilidad de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica es crítica. “Costa Rica vive un contexto de creciente violencia criminal, sobre todo violencia vinculada al crimen organizado. A esto se suma este otro elemento, que incrementa los riesgos y amenazas a las personas refugiadas, particularmente nicaragüenses”, explica.
Agrega que existen múltiples denuncias que han sido interpuestas ante autoridades costarricenses, pero “no han sido atendidas de la manera más eficiente”. La penetración de redes de inteligencia extranjeras dentro de un país democrático y pacífico como Costa Rica plantea serios desafíos a su soberanía. “Este asesinato político vulnera completamente la soberanía de Costa Rica. El régimen Ortega Murillo ha cruzado líneas antes, pero ahora ha llevado su persecución a niveles que no se habían visto desde los años ochenta”, indica el analista.
Durante los años de guerra civil en Nicaragua, el aparato de inteligencia sandinista operó con relativa libertad en Costa Rica, especialmente en su enfrentamiento contra los contras.
Desde 2018, con el nuevo éxodo provocado por la represión, diversas fuentes han advertido sobre una reactivación de estas redes. Lo nuevo ahora es la intensificación del nivel de violencia. “Lo que no había ocurrido es que hubieran elevado el nivel de persecución hasta el asesinato claramente político. Con Samcam, han cruzado esa línea de manera abierta”, subraya el experto.
La comunidad nicaragüense en el exilio, compuesta por más de 180 mil personas solo en Costa Rica, según datos de ACNUR, vive con miedo. Muchos exiliados han denunciado seguimientos, amenazas y ataques, pero pocos casos han sido resueltos por la justicia local. El asesinato de Samcam tiene, según el analista, varios objetivos. “Por un lado, detener la denuncia de Samcam precisamente sobre el funcionamiento de células que ejecutan operaciones contra exiliados. Y por otro, advertir al resto del exilio para que callen y dejen de trabajar por la democracia y los derechos humanos en Nicaragua”.
La táctica, según este enfoque, no solo busca eliminar enemigos visibles, sino disuadir a toda una comunidad. Diversos opositores exiliados han expresado públicamente su temor. Algunos se plantean mudarse a otros países, otros evalúan reducir su exposición pública.
Un antiguo miembro del aparato sandinista dice que, “al cruzar esta línea”, Ortega y Murillo están midiendo las consecuencias que puedas tener, como ha sucedido en otros casos. “Si pagan costos muy altos, se detendrán, pero, si sienten que el asunto no pasa a más, para ellos, si salen bien librados, sin pagar nada por el crimen, van a continuar haciéndolo contra otros exiliados que tienen en la mira”, apunta.
“Al ejecutar crímenes de carácter transnacional, el régimen Ortega Murillo no solo persigue a sus críticos, sino que vulnera la soberanía y compromete la seguridad nacional de países como Costa Rica. Lo que está en juego es una amenaza regional que debe ser enfrentada con urgencia y determinación por parte de los Estados y organismos internacionales”, pide un comunicado “urgente”, firmado por más de 80 líderes opositores y periodistas nicaragüenses.
