Cierra el 2025 y comienza el 2026, y todo apunta a que este nuevo año volverá a estar marcado por los procesos judiciales. Causas que continúan y que podrían llegar a su fin, juicios que comienzan y que podrían marcar nuevos hitos en la actualidad española o investigaciones que no parecen tener fin: estas son las principales fechas claves para tener en cuenta en el calendario judicial de 2026.
9 de enero
La primera fecha en el calendario judicial llega pocos días después del inicio de 2026 y todavía con la resaca de las fiestas navideñas. La jueza que investiga la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha marcado en el calendario el 9 de enero como la fecha elegida para que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, declare como testigo en dicha investigación.
Será un día clave, sobre todo desde la mirada política, y que podría revelar más información sobre lo ocurrido el 29 de octubre de 2024. Esta declaración se va a centrar en un punto clave: las conversaciones que mantuvieron el líder de la oposición y el expresident de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Y es que este movimiento responde a la estrategia que la magistrada ha estado llevando en los últimos meses de 2025, que se prevé que siga este 2026 y que se centra en el propio Mazón.
Ruiz Tobarra quiere saber todo lo que hizo el expresident ese fatídico día, para conocer de primera mano su papel en el retraso del envío del Es-Alert el día de la DANA. De esta manera, Feijóo, al haber declarado públicamente que estuvo en contacto constante con él durante toda la jornada, deberá responder por ello y aportar los WhatsApps que ese día compartieron.
Puede ser una jornada clave en o un día más dentro de la investigación, que, de no volver a prorrogarse, finalizaría en abril de este año.
26 de enero
Otra causa que también terminaría en 2026 de no ser prorrogada es el caso Montoro. Tras su inicio en junio de 2025, el 26 de enero sería el momento de su finalización, pero es esperable que se prorrogue, teniendo en cuenta que la causa no ha avanzado prácticamente nada en estos primeros seis meses.
La investigación se centra en unas presuntas reformas legislativas realizadas desde el Ministerio de Hacienda, en ese momento liderado por Cristóbal Montoro, para que empresas gasísticas recibieran beneficios fiscales a cambio de pagos millonarios al despacho de abogados del propio Montoro, llamado Equipo Económico.
Desde que se levantó el secreto al sumario, las defensas de los 28 acusados, entre los que se encuentra el exministro del PP de Hacienda, Cristóbal Montoro, se han dedicado a presentar recursos de nulidad y peticiones de cambios de tribunal, queriendo quitar la potestad al juzgado de instrucción número 2 de Tarragona y entregársela a un juzgado de Madrid o incluso a la Audiencia Nacional.
Por esta razón, la instrucción se ha mantenido en una especie de pausa que, de seguir adelante y no ser anulada, como piden las defensas, debería arrancar de forma definitiva este año, ya con la práctica de diligencias y las declaraciones de los investigados.
8 de marzo
Ya entrando en marzo, llegamos a la causa que ha marcado durante estos dos últimos años la agenda judicial y política en España: el denominado caso Koldo. Tras un 2025 que no ha dejado indiferente a nadie, con la entrada y salida de Santos Cerdán en prisión y la actual estancia en la cárcel de José Luis Ábalos y Koldo García, este 2026 podría llegar a su fin.
El 8 de marzo es el día que terminaría la segunda rama abierta de este caso, en la que el Tribunal Supremo indaga sobre las presuntas ‘mordidas’ que habrían recibido los acusados a cambio de beneficiar a empresas para que recibieran contratos públicos. Esta investigación empezó el verano pasado, por lo que es previsible que haya una nueva prórroga.
La que sí va a llegar a su fin es la rama inicial de este caso, en la que están acusados Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia. El juez de la Audiencia Nacional ya indicó la apertura del juicio oral por esta causa, que por el momento no tiene fecha concreta, aunque se espera que sea en los meses de febrero y marzo.
Esta es la razón por la que Koldo y Ábalos se encuentran en prisión preventiva, ante las peticiones de 19 y 24 años de cárcel de la Fiscalía por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y uso de información privilegiada, y donde seguramente seguirán hasta que se dicte la sentencia.
16 de abril
Casi dos años va a alcanzar la investigación contra Begoña Gómez, que ya parece estar dando los últimos coletazos antes de entrar en la fase de juicio oral o un posible, pero improbable, archivo. La última prórroga firmada por el juez Juan Carlos Peinado para completar diligencias pendientes tiene su final el 16 de abril.
Sin embargo, esta prórroga ha despertado reticencias por parte de la Fiscalía y de la defensa de Gómez, al entender que, después de la propuesta del magistrado de que la causa acabe en un juicio ante jurado, los plazos de instrucción ordinarios y sus prórrogas ni siquiera serían aplicables, ya que tiene “substantividad propia” y no se somete a los límites temporales previstos para una instrucción normal.
Esto deja poco margen para la instrucción, por lo que existe una alta posibilidad de que lleguen nuevas noticias en los primeros meses de 2026, con la fecha límite puesta en ese 16 de abril.
23 de abril
En estos mismos meses también se va a seguir desarrollando en la Audiencia Nacional otro de los juicios más esperados de los últimos años, y que, tras su inicio en noviembre 2025, llegará a su última sesión el 23 de abril. Se trata del juicio en el que se acusa a Jordi Pujol y sus hijos de presunta corrupción relacionada con el origen y gestión de su patrimonio familiar.
Hasta esa fecha se llevará a cabo un tramo clave del caso, con las declaraciones de los acusados y las prácticas de las últimas pruebas. Con 95 años, el estado de salud de Jordi Pujol ha sido otro de los puntos claves de este juicio. Por el momento se le mantiene como acusado, pero el juez ya advirtió que esta situación podría cambiar si sufre algún empeoramiento, lo que supondría que no podría ser juzgado.
De todas maneras, aunque el juicio finalice este marzo, debido a la gran cantidad de contenido, el fallo no se espera hasta 2027.
28 de mayo
Ya entrando en primavera, tendrá lugar el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, y el que fue candidato del PSOE en las recientes elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo, acusados junto a otros implicados de presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en relación con la contratación del primero en la Diputación de Badajoz.
Inicialmente fijado para celebrarse entre el 9 y el 14 de febrero, la Audiencia Provincial de Badajoz acabó aplazando la vista oral del 28 y 29 de mayo y hasta el 1 al 4 de junio de 2026, por coincidencias en la agenda de los letrados personados en la causa.
En este juicio, instruido tras la investigación de la magistrada de Badajoz, se acusa a David Sánchez de haber obtenido un puesto público diseñado a su medida, y a Gallardo, entonces presidente de la Diputación y líder del PSOE en Extremadura, de haber influido para beneficiarle en la contratación, algo que ambos niegan.
Alberto González Amador y Leire Díez
Todavía sin fecha, pero también de gran relevancia, este 2026 acogerá el juicio contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, acusado de defraudar 350.000 euros a Hacienda mediante el uso de facturas falsas en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.
La causa que precipitó la condena y caída en desgracia del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no parece correr prisa y, sin todavía una fecha fijada, no se espera que llegue hasta finales de 2026.
Y más allá de las sorpresas que puedan llegar este nuevo año, también continuarán las dos instrucciones contra Leire Díez: por un lado, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en Madrid, acusada de intentar influir en procedimientos judiciales ofreciendo supuestos favores a cambio de información para afectar a investigaciones de la UCO y la Fiscalía; y por otro, en una causa en la Audiencia Nacional bajo secreto de sumario por presuntas irregularidades en contratos públicos vinculados a la SEPI y otras administraciones. A estas se sumarán la investigación por el caso mascarillas de Almería, que afecta a grandes figuras del PP en esta provincia, o las investigaciones en Madrid por las muertes en las residencias durante el Covid-19, dispersas en diferentes juzgados y que podrían acabar unificándose en una misma causa.
