En el encuentro mantenido días atrás por la Mesa de Enlace de las principales entidades agropecuarias con Sergio Iraeta, secretario de Estado del área, la vieja cuestión de las retenciones estuvo, como no podía haber sido de otro modo, en el centro de las preocupaciones transmitidas. Otros asuntos, como el deterioro en la infraestructura que tanto afecta a la producción y a la logística de apoyo a las actividades rurales, fueron también parte de las conversaciones. La paralización prácticamente total de las obras públicas ha agravado este viejo problema y no se ve por ahora cómo podrá el Gobierno cambiar una decisión que ha procurado justificar, en principio, en el privilegio otorgado a la lucha por lograr el déficit cero en las cuentas de la Nación.
A todo eso han venido a sumarse las últimas lluvias sobre buena parte de la zona núcleo, que han demorado la cosecha de soja y maíz, y la convulsión provocada en el orden económico mundial por la anunciada decisión del presidente Donald Trump de radicalizar la política arancelaria de su país en términos que no se registraban desde 1930. El presidente Javier Milei se ha manifestado dispuesto a negociar los puntos concernientes a esa materia con su colega norteamericano.
Hay mucho por avanzar en una negociación afortunada de la Argentina. Y mucho por observar, además, respecto de lo que se considera hasta aquí una relación especial de Milei con Trump, pues entró en juego una cuestión arancelaria de país a país, no una relación mediatizada, por importante que fuere, como la que ambos países sostienen en los organismos internacionales. Nos referimos en particular al voto norteamericano en el Fondo Monetario Internacional, donde el 16% de su participación accionaria le confiere el estatus de primus inter pares.
El año último nuestro país tuvo por primera vez en mucho tiempo superávit comercial con los Estados Unidos. Vendimos productos agroindustriales por 2100 millones de dólares y quedamos colocados en la vigesimocuarta posición entre los abastecedores del país del norte, porcentaje que confirma la modesta significación de nuestras exportaciones hacia ese destino. Los vinos ocupan el primer lugar en nuestras ventas con 195 millones de dólares; después figuran las carnes –en la suma de congeladas, enfriadas y refrigeradas al margen de la cuota Hilton– con 149 millones de dólares y, en tercer lugar, la miel, con 132 millones de dólares. Otro rubro destacado corresponde a limones, con 44 millones de dólares.
La posibilidad de un shock arancelario como el anunciado por Trump –aunque ahora postergado por 90 días– deja abierta la alternativa de que los países más afectados, y más reticentes a negociaciones elásticas con Washington refuercen sus compras en otras direcciones. Se abren de tal modo nuevas expectativas. Importa, en ese sentido, saber si China aumentará de forma sustancial sus compras ya tradicionales de commodities agrícolas tanto en Brasil como en la Argentina.
En el orden estrictamente interno, las principales expectativas se hallan puestas en la decisión que tome a breve plazo el Gobierno sobre las retenciones. El 30 de junio vencerán las disminuciones dispuestas el 27 de enero último sobre la soja, del 32% al 26%, y sobre el maíz y el trigo, del 12% al 9%. Decir que el Estado argentino esquilma desde hace décadas al campo es decir poco.
Esas reducciones han significado al menos, según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), que la tajada brutal que el Estado se lleva del campo ha pasado a ser, en cuanto a la soja, del 62,4%, y respecto del maíz, del 49,7%. Una demasía confiscatoria, aun así, frente a tantas industrias subsidiadas eternamente por medios indirectos.
El presidente Milei ha descalificado las retenciones sobre el campo, pero ha resuelto continuar con ellas hasta que aclare la situación económica del país. Por su parte, el expresidente Mauricio Macri invitó en la reciente muestra de Expoagro a acelerar en este capítulo el uso de la motosierra.
Debe admitirse que Macri habló con la autoridad de quien eliminó, al llegar al poder, las retenciones sobre el trigo, el maíz y el girasol, y disminuyó las que incidían sobre la soja del 35% al 30%. Tres años después, dispuso un sistema de reducción del 0,5% mensual sobre esta oleaginosa hasta bajarla, en agosto de 2018, al 26%.
A poco más de un mes del comienzo de la siembra de trigo en la nueva campaña, el Gobierno debería trasmitir ya mismo señales concretas de lo que piensa hacer con la carga tributaria desmedida que pesa sobre esa gramínea y que constituye, junto con las que gravan otros cultivos, una política absolutamente discriminatoria contra el campo. Hubo tiempos incluso peores, es cierto, como los de las alícuotas de más del 40% que se impusieron sobre la soja en 1989 y 2008, pero eso no es consuelo para un campo al que se ha descapitalizado de modo compulsivo desde hace tantos años.
Fue un sacrificio que no sirvió para mejorar el país en otros órdenes del desarrollo económico y social. Por eso avergüenza que pretendan volver al poder quienes con el verso de aplicar “un modelo productivo diversificado con inclusión social” lo llevaron a la ruina, poniendo a salvo, desde luego, el supuesto derecho a un enriquecimiento personal que ha terminado en unos pocos casos en condenas y, en otros, en procesos aún sin resolver ante la Justicia Federal.
