Que la Argentina experimenta hace décadas un caos laboral y jubilatorio no es novedad. Son tantas las regulaciones y grupos de interés afectados que es difícil evitar que el árbol tape el bosque al discutir el tema. Propongo empezar a desatar este nudo gordiano por lo más amplio y visible: nuestra Constitución y, en particular, el artículo que introduce las reformas que hacen a la esencia del atraso argentino.
El Artículo 14 bis es una expresión de deseos progresistas impracticables que se introdujo en la reforma constitucional de 1957 realizada por el gobierno militar vigente y se mantuvo en la Constitución actual de 1994.
Digo deseos impracticables porque creo que debe ser difícil encontrar un país donde haya mayor diferencia entre lo que establece la ley y lo que realmente se hace, durante un período de casi 70 años.
La legislación laboral antes de 1957 era un caos, con regulaciones superpuestas, plagada de inconsistencias y sin una visión global.
Los convencionales de 1957, acorde con la moda progresista del momento y un peronismo opositor con fuerte base sindical populista y proscripto, introdujeron el Artículo 14 bis en la nueva Constitución.
El Artículo 14 bis básicamente es una expresión de buenos deseos, sin aclarar cómo se llevarían a cabo. Además, introdujo serias distorsiones, mayormente en el mercado laboral y el régimen jubilatorio.
Se suponía que los fondos para garantizar la felicidad de los trabajadores provendrían de otros bolsillos, ignorando principios básicos de una economía con propiedad privada.
Algunas reglamentaciones fueron lo suficientemente vagas e impracticables, tales como los derechos a una vivienda digna, una retribución justa o participación en las ganancias de las empresas. Otras contribuyeron a impedir el funcionamiento eficiente del mercado laboral, tales como las regulaciones sobre actividades sindicales, salario mínimo, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo público, etc.
Todas las regulaciones del artículo, tanto las impracticables como las distorsivas, indujeron la reacción de las partes afectadas para evitar ser alcanzados. Surgieron los empleos informales y mil y unas reglamentaciones destinadas a evitar implementar lo que el nuevo artículo constitucional indicaba.
Tres han sido los fracasos más notorios del progresismo legislativo del artículo en cuestión:
-El trabajo informal prosperó gracias al incumplible marco regulatorio que establece al Art.14 bis, lo que resulta en grandes pérdidas recaudatorias para un sistema jubilatorio de reparto financiado con aportes de los trabajadores formales. Cabe destacar que el mayor empleador informal del país es el propio Estado, el cual así viola la cláusula constitucional de la estabilidad del empleado público. El proceso de determinación de los salarios, el rol de los sindicatos y las indemnizaciones son alguna de las distorsiones introducidas que inducen la informalidad.
-Los juicios laborales prosperan como resultado del intento de las partes de obtener resultados económicos de la ambigüedad de las regulaciones. Surge la famosa “Industria del Juicio”. El resultado es que las PyME, principal fuente de empleo del país, no solo emplean en negro, sino que sus patrimonios se encuentran permanentemente amenazados por las indemnizaciones arbitrariamente altas que resultan de estos procesos en los que se cree que la parte menos beneficiada son los trabajadores. La carga de las indemnizaciones potenciales de estas empresas muchas veces es mayor que su patrimonio, lo que les impide el acceso al mercado de crédito formal.
-El sistema jubilatorio de reparto llegó en 2025 a un ratio absolutamente inviable de beneficiarios/aportantes. El resultado es que la gran mayoría de los jubilados reciben una retribución inferior al costo de la canasta de pobreza.
El fracaso rotundo del sistema jubilatorio de reparto es atribuible en parte al trabajo informal no aportante, a la introducción de beneficiarios no aportantes y el resto se debe a tratar de financiar el sistema de reparto con un impuesto al empleo formal. La drástica reducción universal de hace pocos años en la tasa de natalidad agrega más dinamita a una bomba que hace rato tiene la mecha encendida.
Todos los intentos de reformar el sistema laboral y jubilatorio han sido impedidos por el marco, utópico pero legal, que provee el artículo 14 bis, con rango constitucional.
Permanentemente, se intenta introducir reformas en el sistema regulatorio del mercado de trabajo. Por más bien intencionados que sean, estos parches solo ofrecen soluciones imperfectas, parciales y siempre están al alcance eventual de la industria del juicio. Esto agrega incertidumbre sobre un mercado que, además, no funciona.
No hay parche legal que pueda mitigar la enorme capacidad de daño que tiene la legislación progresista militar del Artículo 14 bis. Abundan los sindicalistas, abogados, legisladores y juzgados que existen para resolver los conflictos sin solución eficiente que permite este símbolo populista del fracaso argentino.
La solución debe ser clara, abarcadora y eficiente. Eso implica que la ley suprema, respetando derechos adquiridos, debe establecer que las relaciones laborales son de libre contratación entre las partes. Punto.
PD: Ya sé que una reforma constitucional en las condiciones políticas actuales podría resultar en más reformas populistas, incumplibles y/o distorsivas, que las de las reformas de 1957 y 1994. Igual, creo que no está mal remarcar claramente donde está el norte a seguir para el caso en que se alineen los astros.
*El autor es economista y fue secretario de Política Económica durante el gobierno de Carlos Menem
