La vida de una niña mexicana de cuatro años podría estar a punto de cambiar radicalmente por una amenaza legal. Tras haber sido autorizada a ingresar a Estados Unidos en 2023 para recibir un tratamiento médico que no podía obtener en su país, ahora enfrenta junto a su familia una orden de salida voluntaria. Si se concreta, podría morir en cuestión de días. El caso escaló a las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
El caso de una niña mexicana que desafía la política migratoria de Trump: una enfermedad rara y un ingreso excepcional a EE.UU.
Deysi Vargas y su esposo tomaron la decisión de abandonar México cuando la salud de su hija, a quien Los Angeles Times identificó como S.G.V., no mostró mejoría tras múltiples cirugías. La menor tiene el síndrome de intestino corto, una afección poco común que impide absorber los nutrientes necesarios para sobrevivir. Desde bebé, su vida ha dependido de un sistema de alimentación intravenosa llamado nutrición parenteral total (TPN, por sus siglas en inglés).
Durante sus primeros dos años, S.G.V. pasó la mayor parte del tiempo en hospitales de Playa del Carmen y Ciudad de México. Su crecimiento estuvo marcado por infecciones sanguíneas recurrentes, una de ellas casi fatal. Mientras su madre permanecía en los hospitales donde intentaba supervisar cada procedimiento, las negligencias médicas se acumulaban:
- Personal que administró medicación incorrecta.
- Enfermeras que aceleraron el suministro de nutrientes, lo que provocó una deshidratación severa.
- Episodios en los que la niña quedó vomitada durante la noche sin que nadie la asistiera.
Cuando la posibilidad de aplicar al programa CBP One se abrió bajo la administración Joe Biden, Vargas no lo dudó: presentó una solicitud para ingresar a Estados Unidos por razones humanitarias. La cita fue en Tijuana, el 31 de julio de 2023.
Allí, los agentes fronterizos, al ver la condición de la niña, los enviaron de inmediato a Rady Children’s Hospital en San Diego. A partir de entonces, el tratamiento comenzó a dar frutos en California.
They followed the rules. Then the Trump Administration changed them. Now a four-year-old girl’s life is at risk.
Another example of reckless policies backed by a desire to instill fear, not safety. https://t.co/eJ0LPX8mSq— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) May 30, 2025
De la mejoría médica al riesgo de deportación
Con el tiempo, la familia se trasladó a Bakersfield, donde pudieron acceder a la atención de Children’s Hospital Los Angeles (CHLA), cuyo programa de gastroenterología figura entre los mejores de EE.UU., según explicaron en el medio citado. En esta etapa, los médicos lograron que la niña pasara de estar conectada las 24 horas al sistema de nutrición a depender de él durante 14 horas diarias.
Hoy, S.G.V. acude al preescolar con un sistema portátil que lleva en una mochila más grande que su cuerpo. En su hogar modesto, la heladera está dedicada casi exclusivamente a sus medicamentos y packs de nutrición. La alimentación se administra por vía intravenosa y gástrica, en un régimen delicado que solo es posible gracias a la infraestructura sanitaria de Estados Unidos.
A pesar de las mejoras, cualquier pausa en el tratamiento representa una amenaza inmediata. Así lo advirtió el doctor John Arsenault del CHLA en una carta que la familia presentó ante migraciones. “Una interrupción en el sistema diario de nutrición podría ser fatal en cuestión de días”, explicó. La atención depende de equipos especializados y personal capacitado, imposibles de replicar fuera de EE.UU., especialmente en México.
Sin embargo, en abril de 2025, el gobierno estadounidense notificó a la familia que su estatus legal humanitario había sido cancelado. La carta los instó a abandonar EE.UU. por cuenta propia para evitar una deportación forzada. Semanas después, Deysi también recibió la notificación de la terminación de su permiso de trabajo.
El impacto político del caso de la niña mexicana de cuatro años
El caso atrajo la atención de organizaciones como Public Counsel, cuyo equipo legal liderado por Rebecca Brown interpuso una solicitud de extensión del permiso humanitario. Esta sostiene que la revocación fue prematura y posiblemente errónea. “Esto es el ejemplo exacto de una necesidad médica. Esta niña morirá y no tiene sentido que eso suceda. Sería un sacrificio cruel”, declaró.
La administración Trump retiró protecciones similares a cientos de miles de migrantes sin antecedentes penales, como es el caso de la familia Vargas. Según informó Los Angeles Times, muchos de quienes ingresaron con la aplicación CBP One recibieron notificaciones similares en las últimas semanas.
La abogada Brown advirtió: “Este caso representa exactamente el objetivo de estos programas: proteger a los más vulnerables. Aún estamos a tiempo de evitar un daño irreversible”.
La decisión final sobre la permanencia de S.G.V. y su familia podría sentar un precedente en el futuro de la política migratoria estadounidense. Si se concreta la deportación, se abriría la puerta a una reinterpretación aún más restrictiva de los permisos humanitarios, incluso para casos extremos como el de una niña que podría morir en cuestión de días sin atención médica.
Así lo resumió Deysi Vargas: “Yo ya viví lo que es ese sistema de salud en México. Sé que no es suficiente. Acá mi hija está teniendo la vida más normal posible”. Por ahora, la familia espera una respuesta.
