Generaron un fuerte cimbronazo en el Gobierno las imágenes de las cámaras de seguridad que muestran la llegada del avión de lujo propiedad del empresario Leonardo Scatturice con una única pasajera, Laura Belén Arrieta, el 26 de febrero, a la terminal de Aeroparque, y el dictamen de dos fiscales que consideraron que hubo diez bultos que bajaron de la aeronave y no fueron revisados por un posible salvoconducto de la Aduana.
La gestión de Javier Milei quedó expuesta por la versión oficial del vuelo que se había dado en marzo, cuando estalló el escándalo, porque en aquel momento el vocero presidencial Manuel Adorni habló de solo de dos valijas y aseguró que habían existido irregularidades.
En la cúpula libertaria no sorprendieron las imágenes de los movimientos en Aeroparque que difundió el domingo el canal TN. Las capturas respaldaron la información que había brindado Carlos Pagni en marzo en LN+, cuando reveló los pormenores del misterioso vuelo y habló del equipaje no revisado por la Aduana. Días después de la desmentida oficial, en el Gobierno tomaron conocimiento del video en poder de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) del Ministerio de Seguridad, que debió ser provisto a la Justicia.
Aún así, en la Casa Rosada apuntan que, detrás de toda la trama, hubo un “ajuste de cuentas” en la Aduana. En el Gobierno justifican que en numerosas ocasiones no se revisan las valijas en escáneres y que eso está avalado por las resoluciones oficiales de Aduanas, que, en el apartado “Procedimiento de Control de Equipaje”, que habla de “revisar selectivamente” los bultos que llegan en todos los vuelos (charters o comerciales) y de los “perfiles de riesgo” de los vuelos. Por eso, ponen ahora la lupa en las peleas de poder que subsisten en el organismo y que se remontan al momento en el que la gestión de Milei refundó a la exAFIP con el nombre de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y barrió con parte de la estructura heredada de la gestión de Alberto Fernández.
Aquel proceso, que tuvo lugar en octubre del año pasado, tuvo como nota distintiva el desembarco de dos viejos lobos con décadas de trabajo en el organismo recaudador al frente de las posiciones claves de la entidad: Andrés Vázquez, al frente de la Dirección General Impositiva (DGI), y José “Negro” Velis, en la Dirección General de Aduanas (DGA). Ese cambio en la cúpula de ARCA estuvo comandado, en lo formal, por el ministro de Economía, Luis Caputo, que colocó como jefe máximo del organismo a Juan Pazo, un funcionario de su extrema confianza. Pero en lo político, la renovación en ARCA estuvo tutelada por el asesor presidencial, Santiago Caputo, que fue quien acercó los nombres de Vázquez y Velis como lugartenientes para controlar las segundas y terceras líneas del organismo.
Lo curioso de todo el caso es que Vázquez es un viejo conocido de Scatturice, el dueño del avión de la polémica. Y que ese empresario, nexo del mileísmo con Donald Trump y un hombre ligado a la inteligencia argentina, viene siendo hombre de consulta para áreas sensibles del Gobierno, como la SIDE, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la propia exAFIP.
Cerca del Gobierno apuntan que, el 26 de febrero, cuando llegó el avión de Scatturice, en la rampa de Aeroparque habría estado trabajando de turno el yerno de Sergio Vargas, un hombre del riñón del extitular de Aduanas, Guillermo Michel, mano derecha de Sergio Massa. Y recuerdan que la renovación que se hizo en ARCA a partir de la llegada de Vázquez, Velis y Pazo apuntó, justamente, a correr de posiciones de poder a las segundas y terceras líneas que respondían a Michel.
Las revelaciones sobre el avión de Scatturice pusieron la lupa en el trabajo que comandó Santiago Caputo para cambiar de manos los comandos de la AFIP y el vínculo del asesor presidencial cultivó con Scatturice para llegar a Trump, pero cerca del Presidente aseguran que Milei “banca y defiende” a su asesor estrella. “El Presidente está convencido de que hubo una operación política y que no odiamos lo suficiente a los periodistas”, resumieron en Balcarce 50.
El episodio, de todos modos, estalló en un momento de alta sensibilidad en la cúpula libertaria. Como nunca, en las últimas semanas, se profundizó la interna que anida en el seno del Poder Ejecutivo entre los Menem y Santiago Caputo, que -además de una puja por el poder- tienen diferencias de fondo respecto a la estrategia electoral del oficialismo y distintas visiones políticas de cara a lo que necesitará Milei en su segunda mitad de mandato.
Por eso en las últimas horas ambos bandos se miraron de costado por los coletazos que pueda tener el caso Scatturice. Hay sospechas de fuego amigo, por ejemplo, por la “activación en redes” de distintos “packs” de cuentas silvestres que hicieron crecer la polémica.
La defensa oficial y extraoficial
Luego de varias horas de silencio oficial, el Gobierno puso en boca de Pazo la defensa del Gobierno por las imágenes que surgieron de la investigación de los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez. El titular de ARCA dijo que el escaneo de maletas es “una facultad selectiva del personal de Aduana” y que el sumario administrativo que se hizo en el organismo cuando estalló la polémica arrojó que no hubieron irregularidades en el proceder del organismo. “[Tras conocerse la noticia] se impulsó una denuncia penal que recayó en el juzgado N°2 de Pablo Yadarola, con lo cual, la lógica indica que si hubiésemos querido ocultar algo lo último que hubiésemos hecho es iniciar este procedimiento nosotros mismos”, dijo Pazo, en alusión a una denuncia penal hecha por el propio organismo recaudador.
A partir de los videos de las cámaras de seguridad del Aeropuerto, no obstante, los fiscales hicieron una reconstrucción con imágenes, paso a paso, que ahora forman parte de la causa. Así determinaron cómo fue la llegada a la Argentina del avión de Scatturice proveniente de Miami, los movimientos de la pasajera, Arrieta, y la presencia de al menos diez bultos de equipaje que no fueron controlados.
En el Gobierno buscan rebatir las sospechas que dejan planteadas esas imágenes y el dictamen fiscal. Respecto a los diez bultos, aseguran -en base a las averiguaciones informales que hicieron- que estaban integrados por la valija y el equipaje de mano de Arrieta; las valijas y el equipaje de mano del piloto, Juan Pablo Pinto, y el copiloto y una serie de objetos que Pinto trajo desde los Estados Unidos: una mochila con ruedas, un inflable tipo balsa Serenelife Tubo y una impresora marca Hewlett Packard. Hay una valija tipo carry on que se ve en las imágenes que en el Gobierno no especifican.
Los fiscales advierten que, pese a que se declararon “cinco bultos” en las imágenes que registraron lo trasladado por la cinta transportadora se observan al menos diez unidades. Según pudo saber LA NACION, al menos en el plan de vuelo, no hubo una declaración de bultos: ese casillero se dejó en blanco. En su declaración indagatoria frente al juez Pablo Yadarola, Pinto habría señalado, en ese mismo sentido, que “por uso y costumbre” no se hizo una declaración detallada de la cantidad de bultos.
Sobre el “salvoconducto” que realiza una oficial de Aduana para que Arrieta y los pilotos avancen con el equipaje por un sendero sin pasar por los escáneres (a diferencia del resto de los pasajeros que llegaron a esa zona de aeropuerto instantes después), en el Gobierno reiteraron la idea que transmitió Pazo. Y machacaron con que “no se escanea el 100% de las valijas y del equipaje que llega al país”, y que la Aduana cumplió con todos los procedimientos previstos por la regulación oficial.
El punto sin explicación, aún, es el del presunto celular de Arrieta. El dictamen de los fiscales relata que un testigo –agente que se acercó al avión a su llegada– declaró en sede judicial que Arrieta, tras descender del avión, le entregó un teléfono celular a una agente de Aduana. “Esta última, según describió el testigo, realizó un gesto de ‘okey’, tras lo cual se llevaron a la pasajera hacia la zona de arribos internacionales”, dice el dictamen. Los fiscales advierten que el testigo no pudo precisar si el teléfono era de Arrieta. Ahora se espera que la Justicia ordene un cruce de llamados para determinar qué comunicaciones se hicieron esa mañana desde la línea de Arrieta y de la agente de Aduana que la acompañó cuando descendió del avión de Scatturice.
