El grupo parlamentario Sumar ha registrado una propuesta pidiendo al Gobierno la publicación urgente de un calendario para sustituir todos los programas de seguridad y defensa en los que se hayan empleado bienes, tecnologías o patentes israelíes. La iniciativa demanda también que al menos el 80% de los fondos presupuestados para defensa se empleen en España y que este porcentaje alcance el 90% en países de la Unión Europea. Según detalló Europa Press, esta solicitud se debate y vota hoy en la Comisión de Defensa del Congreso, en el contexto del embargo español al comercio de material militar con Israel.
La restricción a la compraventa de equipamiento militar a empresas de Tel Aviv recibió respaldo del Congreso a principios de octubre, después de que el Ejecutivo la aprobara en respuesta a la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el presidente Pedro Sánchez justificó la medida indicando que formalizaba el “veto al comercio militar con Israel que ‘de facto’ se aplicaba desde el 7 de octubre de 2023”. Según el Gobierno, esta decisión se tomó en el marco de lo que definió como «genocidio» en el enclave palestino.
Europa Press consignó que, antes de implementar oficialmente el embargo, el Ministerio de Defensa ya había anunciado un «plan de desconexión» respecto a la industria militar israelí. El objetivo de ese plan consistía en reemplazar los productos de origen israelí sin causar impacto negativo en las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas españolas. No obstante, el propio Ministerio de Defensa admitió ciertas dificultades relacionadas con equipamiento, tecnología y sistemas de inteligencia, áreas en las que reconoció una “dependencia” respecto de fabricantes israelíes.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó en septiembre que el vínculo industrial con Israel referente a la defensa se había dado por finalizado. Europa Press reportó que, aún así, quedaban dudas sobre la sustitución de determinados materiales.
Entre los contratos afectados por la suspensión y mencionados en la propuesta reglamentaria figuran el suministro de 168 sistemas de misiles anticarro Spike LR2, adjudicado a PAP Tecnos Innovación SAU por un importe total de 237 millones de euros; la provisión del sistema lanzacohetes SILAM, con un valor de 576 millones y participación de la empresa israelí Elbit Systems; y el acuerdo para diversos sistemas de combate aéreo por un monto de 207 millones de euros, otorgado a Rafael. Según el medio, Sumar centró la atención precisamente en la rescisión de estos acuerdos y en la eventual necesidad de alternativas que no impliquen colaboración con firmas de Israel.
La propuesta de Sumar busca, además de un calendario claro de reemplazo de los contratos suspendidos, que el grueso de la inversión pública en defensa se destine a empresas nacionales o europeas. Europa Press informó que el Gobierno español aprobó en abril un nuevo plan industrial de defensa con una dotación de 10.471 millones de euros, destinado a conseguir que el sector represente el 2% del PIB.
La votación y debate en la Comisión de Defensa incorpora estas expectativas sobre una mayor transparencia en la planificación de los reemplazos de equipamiento, en un contexto de presión política para asegurar la autonomía estratégica y tecnológica de las Fuerzas Armadas y limitar la dependencia de proveedores extranjeros vinculados a situaciones de conflicto. Según datos incluidos por Europa Press, la discusión sobre estos contratos involucra sistemas de alta tecnología considerados esenciales para la defensa nacional, reforzando así la demanda de claridad sobre los plazos y métodos para asegurar la continuidad de las capacidades militares sin cooperación con empresas israelíes.
El proceso abierto en el Congreso constituye una nueva etapa en la política española de defensa, marcada por el esfuerzo de limitar los vínculos con la industria militar de Israel y por la exigencia de una mayor transparencia en las decisiones relativas a contratos y sustituciones de material bélico. La iniciativa cuenta con el apoyo de Sumar y ha situado en el centro de la agenda parlamentaria el debate sobre soberanía tecnológica, empleo del gasto público en defensa y cumplimiento de los compromisos adquiridos en el contexto europeo, según reportó Europa Press.
