Los antecedentes de Teresa Peramato en el ámbito de la lucha contra la violencia de género han ocupado un papel central en las consideraciones sobre su idoneidad para asumir la jefatura de la Fiscalía General del Estado. Según informó Europa Press, el Congreso de los Diputados analiza este jueves, a partir de las 13:00 horas, si la jurista cumple los requisitos legales y profesionales necesarios para relevar a Álvaro García Ortiz, quien recientemente dejó el cargo tras ser inhabilitado durante dos años por un delito de revelación de secretos que afectó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Cámara Baja evalúa la trayectoria y méritos de Peramato, un proceso con impacto directo en la estabilidad institucional del Ministerio Público, marcado por tensiones políticas y debates sobre la independencia de la Fiscalía.
De acuerdo con Europa Press, la comparecencia de Peramato ante la Comisión de Justicia se rige por el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Este procedimiento, aunque no vinculante, es considerado esencial para valorar la idoneidad de la persona aspirante. La sesión llega poco después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunciara, el pasado 26 de noviembre, a favor de que Peramato reúne los méritos y requisitos legales para ocupar la máxima responsabilidad en la Fiscalía. Esta resolución fue adoptada en un pleno que se resolvió en apenas quince minutos, contando con el apoyo de vocales pertenecientes a distintas tendencias dentro del órgano.
En el transcurso de la comparecencia, Peramato tiene la oportunidad de exponer su trayectoria profesional y argumentación ante los y las integrantes de la Comisión, previo a la intervención de los representantes de los diferentes partidos. Según publicó Europa Press, el proceso exige acreditar la condición de jurista española con reconocido prestigio y al menos quince años de ejercicio profesional. La carrera de Peramato abarca 35 años, con una marcada experiencia en violencia de género, elementos que consolidan su perfil para el cargo.
El medio señala que, entre las condiciones legales adicionales, el Estatuto impide que puedan ser propuestos para la Fiscalía General quienes hayan ocupado en los cinco años previos cargos como Ministro, Secretario de Estado o Consejero autonómico. Esta disposición fue motivo de acuerdo entre PSOE y PP durante la renovación del CGPJ en junio de 2024 y se incorporó tras la polémica que suscitó la designación de Dolores Delgado, poco después de dejar el Ministerio de Justicia en 2020. Europa Press informa que Peramato no se ha desempeñado en ninguna de estas responsabilidades en el periodo estipulado, cumpliendo así este requisito.
Otras restricciones legales contemplan la prohibición de designar a quienes hayan presidido corporaciones locales, ejercido como parlamentarios en el Congreso, el Senado o en asambleas autonómicas durante los cinco años anteriores. Según consignó Europa Press, la candidata tampoco ha ocupado ninguno de estos cargos, garantizando la regularidad de su candidatura en virtud de lo que establece el Estatuto Fiscal.
El proceso de valoración actual en la Cámara Baja sucede en un contexto inusual, tras la reciente destitución de García Ortiz. La evaluación de este último, celebrada el 21 de diciembre de 2023 tras la decisión del Gobierno de apostar por su reelección, estuvo marcada por un clima de tensión parlamentaria. En ese entonces, el Tribunal Supremo ya había señalado irregularidades relativas al nombramiento de Dolores Delgado y la mayoría del CGPJ había expresado su rechazo a García Ortiz. En esa sesión, representantes del Partido Popular, como Fernando de Rosa, solicitaron públicamente la retirada del candidato, mientras que miembros de Vox y representantes de Junts y ERC expresaron inquietudes sobre la independencia e imparcialidad en la designación.
La votación para la reelección de García Ortiz puso en primer plano la crítica de diversos sectores sobre la politización de los órganos de la justicia y el respeto a la autonomía del Ministerio Público. Al mismo tiempo, el PSOE, Sumar y el PNV respaldaron la continuidad del anterior fiscal general, alegando confianza en su desempeño, según reflejó Europa Press.
En la coyuntura actual, la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general genera reacciones diversas en el ámbito político. Europa Press reporta que el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, remarcó que el debate no versa únicamente sobre la persona elegida, sino sobre el método de selección: “Lo importante no es a quién nombra el Gobierno, sino quién lo nombra”, cuestionando si el presidente Pedro Sánchez incurre en la politización del Ministerio Público. El líder de Vox, Santiago Abascal, expresó sus reservas respecto a Peramato en una entrevista, según Europa Press, argumentando que la ausencia de cargos públicos previos en la trayectoria de la candidata no necesariamente significa autonomía suficiente para el cargo.
Concluida la valoración parlamentaria, corresponde al Ejecutivo remitir al Jefe del Estado la propuesta formal para el nombramiento. Posteriormente, la persona designada debe jurar o prometer su cargo ante el Rey, y tomar posesión frente al Pleno del Tribunal Supremo. Según el Estatuto Fiscal, la duración del mandato asciende a cuatro años, sólo admitiendo terminación anticipada en casos de renuncia voluntaria, incompatibilidades o prohibiciones legales, incapacidad física o psíquica, incumplimiento grave de las funciones o cese del Gobierno que impulsó la propuesta.
Europa Press detalla que, de oficializarse esta designación, Peramato se convertirá en la cuarta fiscal general que ocupa el puesto durante el mandato de Pedro Sánchez, después de María José Segarra, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. La normativa establece que la persona designada no puede ser reelegida para un segundo mandato completo, a menos que el periodo de sustitución inicial fuese inferior a dos años. Europa Press recalca que la decisión actual resulta decisiva para marcar el rumbo del Ministerio Público en una etapa especialmente determinada por el debate acerca de la independencia y politización en las más altas instancias judiciales del país.
