El Parlamento valenciano examina los sistemas de comunicación interna, la consistencia en la cadena de mando y el vínculo entre los niveles políticos y operativos como parte de la investigación sobre la gestión de la catástrofe originada por la DANA, que provocó 229 fallecimientos en la Comunidad Valenciana. Según publicó el medio original, estos aspectos centraron la comparecencia de José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete de la Presidencia, cuyo testimonio reveló intercambios telefónicos y por mensajes de texto durante la emergencia, a pesar de que Cuenca no se hallaba físicamente en Valencia, sino en Xàtiva. Su intervención ante la comisión parlamentaria permitió reconstruir la secuencia de toma de decisiones, así como la eficacia y la transparencia de los procedimientos institucionales desplegados ante el temporal del 29 de octubre de 2023.
De acuerdo con lo informado por el medio consultado, el Congreso llamó a declarar tanto a José Manuel Cuenca como al conseller de Educación para recabar información sobre el desarrollo de la crisis, enfocándose en las acciones emprendidas en las horas más críticas. El objetivo del proceso es determinar la secuencia exacta de las órdenes dadas, valorar la solidez del sistema de alertas y analizar el funcionamiento de la coordinación entre diferentes instituciones autonómicas. El medio detalló que el periodo de máxima alerta meteorológica coincidió con una reunión del presidente autonómico, Carlos Mazón, con la periodista Maribel Vilaplana en un restaurante de Valencia, gestionada por Cuenca, aunque este último no asistió por asuntos personales.
Durante su intervención, Cuenca relató que el primer contacto institucional con Mazón ocurrió a las 13:19 del 29 de octubre de 2023, instante en el que se decretó la activación del nivel 1 de Emergencias. En ese momento, Cuenca informó a Mazón que la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, se desplazaba a la comarca de la Ribera Alta, dando inicio a la respuesta autonómica. Más tarde, a las 16:48, Pradas notificó a Cuenca sobre su traslado a Utiel e indicó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Cuenca consultó entonces la posibilidad de acceder por carretera a Utiel y, tras confirmar la imposibilidad debido al estado de las vías, trasladó la actualización a Mazón junto con la información sobre el inicio próximo de la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) y el deterioro del contexto regional.
El medio consignó que los registros institucionales reflejaron la disposición del presidente para desplazarse a las zonas afectadas una vez terminada la cita del Cecopi. Algunas de estas decisiones fueron especialmente analizadas durante la comisión, que también centró el debate en las diferencias de criterio mantenidas entre la Conselleria de Educación y la Universidad de Valencia. Según explicó el medio original, la institución universitaria suspendió sus actividades académicas siguiendo las advertencias de la Agencia Estatal de Meteorología, mientras que la Conselleria optó por mantener la jornada lectiva en los centros de su competencia.
El fallecimiento de un trabajador en el instituto de Massanassa durante las inundaciones intensificó el debate público acerca de la pertinencia y el rigor de las advertencias y medidas adoptadas. En el marco de la comisión, José Antonio Rovira, exconseller de Educación, defendió las decisiones del Consell, alegando que el informe meteorológico de la sesión del 29 de octubre recogía previsiones de desplazamiento del fenómeno hacia la provincia de Cuenca y no toda la provincia de Valencia. Por este motivo, según su exposición consignada por el medio, se optó por no suspender las clases en los centros autonómicos. Añadió que la Universidad de Valencia, haciendo uso de su autonomía, tomó la decisión unilateral de suspender actividades sin informar formalmente a la Conselleria.
La publicación detalló que la labor de la comisión parlamentaria se desarrolló mediante el análisis minucioso de registros oficiales, comunicados políticos y documentos internos de la administración. El trabajo busca delimitar responsabilidades individuales y colectivas, valorar la rapidez y eficacia de la respuesta institucional y determinar hasta qué punto se cumplieron los protocolos establecidos para emergencias de estas características. La revisión también trata de esclarecer la transparencia y la calidad de la información ofrecida a la ciudadanía en esos momentos.
A lo largo de las comparecencias parlamentarias, la opinión pública y los partidos políticos enfocaron su interés en la coordinación efectiva entre órganos ejecutivos, centros educativos y personal auxiliar involucrado en la gestión de la emergencia. Según publicó el medio, este examen abarca desde la preparación y transmisión de los avisos de alerta, la secuencia administrativa y operativa, hasta los factores que influyeron en la capacidad de reacción ante una catástrofe de gran escala.
Uno de los puntos analizados por la comisión, presidida por Carmen Martínez Ramírez, es la posible comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana, quien presenció la reunión mencionada con el presidente Mazón durante la alerta meteorológica máxima. La iniciativa, impulsada por grupos parlamentarios como Sumar, busca incorporar testimonios que contribuyan a establecer la cronología de los hechos y el contexto de las decisiones tomadas en las horas decisivas del temporal.
El medio recogió que la investigación sigue abierta a la incorporación de nuevos testigos, documentos y análisis para avanzar en aspectos aún no esclarecidos sobre la gestión política y administrativa de la emergencia. Los ejes de la indagación incluyen la evaluación detallada de los protocolos activados, la prontitud de la respuesta institucional y la coordinación entre entidades tanto educativas como del ejecutivo autonómico. El trabajo de la comisión no solo persigue examinar lo sucedido, sino reforzar el desarrollo de sistemas más sólidos de alerta, transmisión de información y actuación pública frente a futuros episodios meteorológicos con consecuencias similares.
