El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves una moción del PP que buscaba instar al Gobierno a informar sobre los supuestos favores que habría realizado el Ministerio de Hacienda a empresas del empresario Víctor de Aldama, que está siendo investigado por la conocida como trama de hidrocarburos y por el caso en el que están implicados los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y el que fuera asesor de este último Koldo García.
En concreto, esta moción, consecuencia de la interpelación que la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, dirigió la semana pasada a la vicepresidenta del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha contado con el ‘no’ del PSOE, Sumar y la mayoría de sus aliados parlamentarios, mientras que Vox y UPN la han apoyado.
La iniciativa pretendía reclamar al Ejecutivo un informe detallando los aplazamientos tributarios concedidos a la empresa Pilot Real State S.L, «a fin de poder evaluar la posible influencia en las mismas» de los contactos que, por mediación de Koldo García, mantuvieron Aldama, administrador de la empresa, y el jefe de Gabinete de Montero, Carlos Moreno. El BNG se ha abstenido en este punto.
RETIRAR EL RECURSO CONTRA TRANSPARENCIA
Los ‘populares’ también aspiraban a que la Cámara emplazara al Gobierno a retirar el recurso contencioso administrativo que presentó contra la resolución del Consejo de Transparencia que le ordenaba responder a la solicitud de información formulada sobre la actuación de Hacienda frente a la empresa Have Got Time SL, también vinculada a Aldama, y propietaria de un chalé en la Línea de la Concepción (Cádiz) utilizado gratuitamente por Ábalos. El BNG también se ha abstenido en esta votación.
Además de solicitar la remisión al Congreso de esa información, el PP quería que se informara a la Cámara si Santos Cerdán medió para la contratación del exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero en la empresa Servinabar, un extremo ante el que se ha abstenido ERC mientras que el BNG lo ha respaldado.
El PP se interesaba por esta cuestión porque se le contrató antes de que transcurrieran dos años del cese de Fernández Guerrero, para lo que obtuvo la pertinente autorización de compatibilidad que otorga la Oficina de Conflicto de Intereses, en mayo de 2021.
