Desde hace tiempo los barrabravas de fútbol de la Argentina montaron un negocio sobre la base de su principal identidad: la violencia. Sindicatos, partidos políticos y todo aquel que necesita irradiar miedo se nutrió de estos brazos armados que dominan clubes de un rango de distinta relevancia y categoría.
El deterioro de las entidades deportivas derivó en un fortalecimiento de estos grupos, que afianzaron sus vínculos a lo largo de los últimos años con otras ramas criminales, como el narcotráfico. Esto llevó al peligro cada vez más creciente de que grupos narco de peso “gobiernen” varios clubes, ante la complicidad de los dirigentes, que transitan entre la conveniencia de contar con esta mafia que no deja lugar a las disidencias, y el temor. Un punto que muestra este tipo de relación es que no existen denuncias de parte de dirigentes de los clubes contra estos sectores criminales. Cuando la Justicia llega a las barras es por delitos que cometen fuera del ámbito del fútbol.
El politólogo uruguayo Juan Pablo Luna, autor del libro “¿Democracia muerta?”, advierte que los clubes de fútbol no sólo tejen relaciones tóxicas con el crimen organizado, sino que además se transformaron en plataformas de lavado de dinero, otra faceta que está poco investigada por la Justicia en la Argentina y los países de la región.
La historia del expresidente del Concejo Deliberante de La Matanza Gabriel Aranda muestra de manera precisa las relaciones “tóxicas” entre la política, los barrabravas y el narcotráfico, y posiblemente, el lavado de activos. Además de dirigente político, Aranda es el presidente de dos clubes de fútbol, como Deportivo Laferrere y Estrella Roja. A su vez, maneja la barra de esos clubes, con un personaje clave: Federico Schorh, jefe de la barra de Laferrere y prófugo desde febrero pasado, tras ser sindicado como uno de los narcos más pesados de La Matanza.
El fiscal federal Sebastián Basso encontró también nexos con otro narco del conurbano, ligado a esta constelación de fútbol y drogas, que se llama por Nicolás Guimil, pero es conocido por su apodo: “Chaki Chan”, quien está preso desde 2023, y es investigado por varios asesinatos. Aranda fue detenido en 2024, en plena sesión del Concejo Deliberante.
La otra pata en la que se sostiene la impunidad en este tipo de tramas es la Justicia, la que da garantías para que todos los engranajes mafiosos funcionen. La fiscal María Belén Casal Gatto, titular de la UFI N°2 descentralizada de Gregorio de Laferrere, fue procesada el año pasado por encubrimiento agravado y otros delitos graves. Ella fue clave para que “Chaki Chan” continuara en libertad, ya que cuando fue detenido en 2022, Casal Gatto lo excarceló.
Por fuera del conurbano bonaerense, otro lugar donde se cristaliza la penetración del crimen organizado en los clubes de fútbol es en Rosario, donde los barrabravas de los principales clubes de esa ciudad están ligados al crimen organizado, y usan las tribunas como una escenografía para modelar un negocio ilegal, que transita fundamentalmente por el narcotráfico.
En enero y febrero de este año se produjeron siete homicidios en Villa Gobernador Gálvez, una ciudad vecina a Rosario, donde desde hace años la violencia extrema es la marca de los grupos que se dedican al narcomenudeo, que, en la mayoría de los casos, están vinculados a la barra de Newell’s.
Las bandas narco coparon los núcleos duros de las hinchadas de Newell’s y Rosario Central por una estrategia y necesidad propia del negocio del narcotráfico, que tiene varias raíces. Una es incrementar la fidelización a partir del “amor” a la camiseta con el grupo criminal, como ocurrió en el club del Parque de la Independencia con la banda de Los Monos. Otra es controlar los negocios paralelos en torno del club, como por ejemplo, el alquiler para espectáculos del estadio cubierto, como así también el merchandising no oficial, los trapitos, la venta ambulante y hasta los pases de algunos jugadores. A esto se suma, el dominio territorial que tiene la hinchada en determinados barrios, que significa el control de determinadas zonas.
Los reacomodamientos en el mundo criminal obligan a las autoridades a actuar con firmeza e inteligencia para evitar que se repita el mismo esquema que hizo sangrar a Rosario durante más de una década
Ninguna de estas maniobras se podría concretar sin la complicidad de la dirigencia. Esto quedó expuesto el 24 de junio de 2023, cuando, luego de que la banda de Los Monos desplegara una gigantesca bandera en el estadio durante la despedida de Maximiliano Rodríguez, el presidente del club, Ignacio Astore, controló personalmente que al otro día sacaran sin problemas esa bandera del club, lo que lo llevó a tener que dar explicaciones en la Justicia.
Esta mafia enquistada en esta institución llegó a cometer crímenes terribles y amenazas de extrema gravedad, como la que sufrió el jugador Ángel Di María. En marzo del año pasado, a su hermana le dejaron en la puerta de su inmobiliaria una caja con la cabeza de un chancho con un disparo en la cabeza. Y el country donde vive la familia del jugador fue tiroteado. Estas intimidaciones buscaban que el futbolista no volviera a Rosario Central, algo que solo se concretó en julio pasado. Quienes llevaron adelante estas acciones eran barrabravas de Newell’s que pertenecen a la banda Los Monos, encabezados por Alejandro Ficcandenti.
En Rosario Central, los crímenes de Andrés Bracamonte, alias Pillín, y Ricardo Attardo, jefes de la barra, el 9 de noviembre pasado, expusieron que el crimen organizado pretendía quedarse con el control de esa barra, que tenía también una fuerte influencia desde hace tiempo del clan Cantero. Tras la muerte de Bracamonte, que lideró la hinchada durante más de dos décadas, asumió la jefatura de la barra un miembro de un grupo criminal que se denomina Los Menores, que está sospechado de pergeñar el asesinato de Pillín.
El 16 de julio pasado, el Ministerio de Seguridad Nacional solicitó ante los fiscales y jueces federales de Rosario que se ponga en práctica, por primera vez en el país, la ley antimafia en Rosario. Con la aplicación de esta normativa buscan desarticular, con herramientas de investigación distintas de las convencionales, una nueva generación de narcos que surgieron en esta nueva etapa, luego de que fueran encarcelados y se los mantuviera aislados a los principales líderes de los grupos criminales, como Los Monos, Esteban Alvarado, Los Funes y Caminos. La particularidad es que esta nueva generación de narcos está vinculada de manera más cercana a las hinchadas de fútbol de Rosario.
Uno de los objetivos de la ley antimafia es atrapar a Matías Gazzani, el narco cuya recompensa por datos que favorezcan su detención el Ministerio de Seguridad Nacional fijó en 10 millones de pesos. Luego se sumó la provincia de Santa Fe con una paga de 60 millones de pesos. Es quien ordena a la banda de Los Menores actuar con extrema violencia.
La irrupción de estos grupos criminales en las hinchadas rosarinas fue uno de los motivos por los que Rosario quedó atrapada durante una década en una violencia extrema, que llevó a que esta ciudad tuviera una tasa de homicidios (llegó a 22 cada 100.000 habitantes en 2022) que cuadriplicaba a la media nacional.
A fines de septiembre, a raíz de investigaciones judiciales, las fuerzas federales y la Policía de Investigaciones de Santa Fe realizaron 110 allanamientos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y varias cárceles, entre ellas la de Piñero, y las penitenciarias federales, como Ezeiza y Marcos Paz, donde están detenidos en sectores de alto perfil, bajo aislamiento, integrantes de la banda de Los Monos.
Este operativo de grandes dimensiones dejó un saldo de 33 detenidos, entre ellos, Alejandro “Zapa” Vallejos, jefe de la barra de Newell’s con vínculos con la banda de Los Monos, y José “Yiyo” Medrano, líder de la barra del Club Coronel Aguirre y empleado de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez.
Vallejos y Medrano son señalados como engranajes centrales de las redes narco-criminales que operan en el sur de Rosario y que continuaban articulándose con líderes presos que pertenecen al entramado de Los Monos.
El problema de la violencia narco de Rosario sigue latente, aunque la ciudad experimentó una mejora en la seguridad pública. Sin embargo, estos reacomodamientos en el mundo criminal generan alertas y obligan a las autoridades a actuar con firmeza e inteligencia para evitar que se repita el mismo esquema que hizo sangrar a Rosario durante más de una década. También esta nueva realidad expone desafíos cada vez más complicados para un Estado que siempre parece ir detrás de los acontecimientos, como evitar que se conforme un cartel narco, con capacidad para “exportar” cocaína desde la Hidrovía.
