“A partir de todo el seguimiento que estamos haciendo, detectamos que quiere escapar del país y por eso liberamos cara, nombre y captura internacional”, decía el mensaje que fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense difundieron a la prensa pasada la medianoche del viernes. El texto incluía dos fotos de rostro y la imagen de la primera página de un supuesto pasaporte peruano atribuido a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”. Sin embargo, ese documento público estaba adulterado.
La circulación de esa ficha, replicada por distintos medios y cuentas en redes sociales, buscó aportar datos sobre el principal sospechoso del triple crimen de Florencio Varela ocurrido el 20 de septiembre de 2025, cuyos cuerpos fueron hallados el 24 de septiembre en un pozo dentro de una vivienda.
Sin embargo, ese pasaporte no forma parte del material identificatorio con el que se tramitó la notificación roja internacional para capturar al prófugo, confirmaron fuentes consultadas por LA NACION que conocen el proceso de carga de alertas rojas.
De acuerdo con esas fuentes, la tramitación de una notificación roja parte siempre de un pedido formal del Poder Judicial. “Para cargar una notificación roja se necesita un oficio judicial, la identificación de la persona, la reseña del hecho, la tipificación del delito y el compromiso de extradición”, explicaron. En esa misma línea, detallaron que el material identificatorio se valida por vías oficiales. “Si la persona buscada es argentina, se ratifica con el Registro Nacional de las Personas (Repaner); si es extranjera y existen huellas en la causa, se cotejan con el país de origen. Cuando no hay huellas, se pide al país que certifique la identidad y remita material identificatorio”. Y añadieron: “No usamos ese pasaporte que circula”.
El documento difundido por el Ministerio no integra los archivos empleados para la alerta roja y presenta inconsistencias que llevaron a especialistas a advertir que podría tratarse de una imagen manipulada mediante herramientas de inteligencia artificial. En la imagen que hicieron circular a las 00.25 del sábado desde la provincia de Buenos Aires, se detectan varios errores o adulteraciones.
Entre otras, falta la leyenda bilingüe que los pasaportes peruanos despliegan en su portada interior o páginas de datos (“PASAPORTE / PASSPORT”); que aparecen fechas expresadas en inglés, como “22 July 2025”, en lugar del formato numérico habitual (día/mes/año); y que existen variaciones de tipografía y alineación entre campos sensibles, como nombre y nacionalidad, compatibles con una superposición de texto. El mismo análisis se detectaron niveles desparejos en zonas de texto y en la fotografía, un patrón frecuente cuando hay secciones insertadas o alteradas digitalmente. Además, en la captura difundida por el ministerio bonaerense no se aprecian con claridad elementos de seguridad visibles, como hologramas o microtextos, lo que impide una validación adecuada a simple vista.
Las fuentes consultadas remarcaron que, ante cualquier duda sobre un documento extranjero, existe un cauce institucional para verificarlo. “Si la autoridad judicial tiene dudas o si aparece material no oficial, se solicita al país de emisión que confirme su autenticidad o que envíe los elementos oficiales. Ese intercambio se canaliza por vías formales, con custodia de cadena de información”, explicaron. En el caso concreto de Pequeño J, añadieron que el equipo a cargo de la carga de la notificación recibió fotografía y huellas vinculadas a la identidad atribuida en la causa, y que con esa base, más el oficio judicial y la descripción del hecho, se instrumentó el pedido internacional. “Todavía no hicimos ningún cotejo con ese pasaporte que anda circulando”, precisaron.
La notificación roja actúa como un pedido internacional de localización y detención a los países miembros, y su eficacia depende de la calidad y la confiabilidad de la información que la respalda. Cuando se incluyen huellas y fotografías verificadas, las posibilidades de identificar rápidamente a una persona buscada aumentan en controles fronterizos, aeropuertos y sistemas de consulta policial. La difusión de imágenes no verificadas puede generar confusión en los equipos que intervienen en la búsqueda. En este caso, las mismas no forman parte del documento oficial que se va actualizando a medida que se tienen nuevos elementos como fotos o huellas.
LA NACION quiso obtener una respuesta por parte del ministerio de Seguridad bonaerense sobre el origen de la foto en cuestión, pero no hubo contestación por parte de la cartera que dirige Javier Alonso, quien se mostró activo en la investigación desde el hallazgo de los cuerpos y los reclamos de los familiares de las tres jóvenes asesinadas.
El triple crimen en Florencio Varela, cuya mecánica y móvil investiga la Justicia, tuvo lugar la madrugada del 20 de septiembre. Los cuerpos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron hallados el 24 de septiembre en un pozo de una vivienda, estaban descuartizadas, dentro de bolsas negras y enterradas.
Pequeño J fue señalado en el expediente como autor material e intelectual del hecho y permanece prófugo. A partir de esa situación, el juzgado competente ordenó el pedido de captura internacional, que derivó en la emisión de la alerta roja el viernes. Según indicaron fuentes consultadas por LA NACION, en las próximas horas esa notificación será actualizada con fotografías y más datos del buscado, un paso que suele completar la ficha disponible para las fuerzas de seguridad de otros países.
Las fuentes consultadas insistieron en que la validación de identidad es un tramo central del procedimiento. Cuando la persona buscada no fue detenida con anterioridad y, por lo tanto, no existen huellas en el expediente local, el paso habitual es pedir certificación al país de presunta nacionalidad. En esa comunicación se solicitan datos biográficos, fotografías, huellas si estuvieran disponibles y cualquier antecedente que permita corroborar que la identidad atribuida en la causa corresponde a una persona real y determinada. Solo con esa base, y con el oficio judicial que detalla el hecho, la tipificación y el compromiso de extradición, se concluye la carga de la alerta roja. “Lo que no se hace es tomar un documento que circula por redes o mensajería y asumir que es auténtico”, subrayaron.
En este marco, y con un sospechoso prófugo por un hecho de brutalidad extrema, las fuentes señalaron el camino institucional para despejar cualquier duda: si la Justicia lo requiere, se envía formalmente el material a las autoridades del país emisor, en este caso Perú, para que confirmen la validez del documento o remitan una copia oficial. Esa verificación puede incluir el cotejo de huellas, la confirmación de datos biográficos y la validación de números de serie o códigos de seguridad. “Si surge la duda y la autoridad judicial lo dispone, se pide al país correspondiente que diga si es verdadero o no”, resumieron.
Mientras tanto, el foco operativo se mantiene en la búsqueda nacional e internacional de Pequeño J, con la presunción, según la hipótesis de los investigadores, de que tuvo participación material e intelectual en el triple homicidio. La actualización de la alerta roja con fotografías y detalles adicionales, anticipada por fuentes a este medio, apunta a mejorar la identificación en fronteras y a acelerar la cooperación con los países donde podría haberse refugiado.
