Durante años, el chavismo logró sostenerse con mayoría en las urnas, pero ese dominio electoral se cimentó desde el inicio en la manipulación del aparato estatal y la represión sistemática contra voces disidentes. Hugo Chávez no solo fue un líder carismático: fue el principal artífice de un modelo autoritario que utilizó el descontento social de los años noventa como plataforma para instaurar un régimen que concentró poder, criminalizó la protesta y desmanteló instituciones democráticas.
En su última elección presidencial, en 2012, Chávez obtuvo más de 8,1 millones de votos, con una participación que superó el 80%, en un proceso ya marcado por serias desigualdades entre el oficialismo y la oposición.
Pero el mito del chavismo como fuerza de masas comenzó a desmoronarse con su muerte y se profundizó bajo el mandato de Nicolás Maduro, quien heredó no solo el poder, sino también la represión como método de gobierno. A lo largo de su gestión, las denuncias por violaciones a los derechos humanos, fraudes electorales y persecución política se multiplicaron, y la desconexión con el pueblo quedó en evidencia en cada elección posterior. Hoy, los números ya no acompañan: el chavismo ha perdido más de la mitad de los votos que una vez lo sostuvieron y sobrevive apelando al control institucional, al miedo y al aparato represivo del Estado.
Cuando Maduro asumió el poder tras la muerte de Chávez en 2013, heredó un país polarizado, pero aún movilizado. En su primera elección como candidato, ganó con 7.517.999 votos, apenas un punto por encima del opositor Henrique Capriles.
Desde entonces, el retroceso del chavismo se volvió estructural. El régimen, en vez de corregir los excesos del pasado, los profundizó: estatizaciones ineficientes, corrupción institucionalizada, criminalización de la disidencia, ataques a la prensa libre y un control absoluto de los poderes públicos.
La evolución del voto chavista retrata esa decadencia, según un análisis independiente de Votoscopio.com
- 2012 (Presidencial, Chávez): 8.184.383 votos
- 2013 (Presidencial, Maduro): 7.517.999 votos
- 2015 (Asamblea Nacional): 5.599.025 votos
- 2017 (Regionales): 5.688.551 votos
- 2018 (Presidencial, cuestionada): 6.288.430 votos
- 2020 (Asamblea Nacional, con alta abstención): 4.331.388 votos
- 2021 (Municipales y regionales): 4.070.169 votos
- 2024 (Presidencial): 3.316.142 votos*
*Con más del 83% de mesas escrutadas.
El descenso representa una pérdida de casi cinco millones de votos en doce años. Y eso, en un contexto donde el chavismo maneja todos los resortes del poder, incluyendo el árbitro electoral, los medios públicos, las milicias armadas y una red clientelar financiada con recursos del Estado.
Una parte de la erosión chavista se explica por la migración masiva. Desde 2015, más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país, empujados por la emergencia humanitaria.
Otros, dentro del país, han optado por el silencio, la abstención o el desinterés. La represión, las amenazas y la falta de garantías reales han debilitado la participación, pero incluso dentro de esas condiciones adversas, los números revelan un rechazo inapelable al régimen. Ni siquiera el aparato de control social —CLAP, carnet de la patria, bonificaciones estatales— ha sido suficiente para conservar fidelidad política.
Maduro ya no lidera un movimiento, sino una estructura autoritaria desgastada, con escaso margen de maniobra y sin fuerza real de convocatoria. En 2018, con una oposición parcialmente marginada, logró todavía reunir más de seis millones de votos. Pero en 2024, con condiciones similares —y aún más control sobre el proceso—, ni siquiera alcanzó los 3,5 millones.
El chavismo ha perdido sus bases tradicionales: sectores populares, trabajadores, sindicatos, comunidades indígenas. Su único núcleo de poder es hoy la cúpula militar, los organismos de inteligencia, los aliados extranjeros y las mafias que controlan negocios ilícitos en el Arco Minero y otras regiones del país.
La narrativa de la revolución quedó vaciada. El discurso de soberanía y justicia social no convence a quienes viven en un país donde el salario mínimo es inferior a 5 dólares mensuales, y donde los hospitales públicos carecen de insumos básicos.
La pérdida del respaldo popular del chavismo quedó al descubierto en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, marcadas por múltiples denuncias de fraude, la inhabilitación arbitraria de candidatos opositores y fuertes restricciones para que los venezolanos en el extranjero pudieran ejercer su derecho al voto.
Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo control del régimen, proclamó a Nicolás Maduro como ganador para un tercer mandato, tanto dentro como fuera del país numerosos sectores denunciaron que el verdadero triunfo correspondió a Edmundo González Urrutia.
Respaldado por la mayoría democrática y por la líder opositora María Corina Machado, González Urrutia se convirtió en la figura que canalizó el deseo de cambio de millones de venezolanos. A través de la publicación de más del 85% de las actas del CNE, se revelaron los resultados reales: Edmundo González Urrutia obtuvo 7.446.394 votos (67,05%), mientras que Nicolás Maduro solo alcanzó 3.386.215 votos (30,49%). Un resultado que la dictadura se negó a reconocer, profundizando así la crisis institucional y política que atraviesa Venezuela.
Las elecciones de 2024 expusieron un fenómeno irreversible: Maduro puede seguir en el poder, pero ya no puede simular respaldo popular. La farsa electoral, montada con reglas a medida, exclusiones y censura, no logró revertir el dato más incómodo para la dictadura: el pueblo dejó de acompañar al chavismo.
Ni el fraude técnico, ni las amenazas a empleados públicos, ni la propaganda masiva impidieron el desplome. El voto oficialista se redujo a una expresión mínima, que no representa la voluntad de una nación, sino el ocaso de un régimen que se sostiene sobre el miedo.