El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo avanza en su alineamiento con Rusia al facultar a su hijo Laureano Ortega Murillo para firmar acuerdos comerciales con tres regiones ucranianas bajo ocupación rusa: Kherson, Lugansk y Donetsk. El decreto, publicado esta semana en la Gaceta Oficial, le otorga “plenos poderes” al heredero político del clan gobernante para suscribir convenios de “cooperación comercial y económica” con esos territorios, que Managua reconoce como parte de la Federación Rusa.
Con esta decisión, Nicaragua se coloca entre los pocos países que legitiman las anexiones impulsadas por el Kremlin desde la invasión a Ucrania en febrero de 2022, cuando Moscú ocupó alrededor de un 20% del territorio ucraniano.
El reconocimiento no es un gesto aislado. En 2008, Managua ya se había plegado a Moscú al avalar la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, regiones separatistas de Georgia bajo tutela rusa. En 2014, Ortega también respaldó la anexión de Crimea, que gran parte de la comunidad internacional consideró ilegal. En julio de 2024, el gobierno sandinista fue incluso más lejos, al declarar formalmente que Donetsk, Lugansk, Kherson y Zapozhzhia son territorios rusos.
El alineamiento con el Kremlin se enmarca en una relación que Ortega ha cultivado desde su regreso al poder en 2007. Nicaragua ha recibido armamento, asesoría militar y cooperación tecnológica de Rusia, incluidos helicópteros de transporte Mi-17, aviones An-26 y sistemas de defensa antiaérea. En paralelo, Moscú abrió en Managua un centro de entrenamiento policial y ha utilizado al país como plataforma diplomática en Centroamérica, región donde pocos gobiernos se atreven a confrontar a Washington de manera tan frontal.
Estados Unidos observa esta deriva con creciente inquietud. El secretario de Estado Marco Rubio, entonces jefe republicano del Comité de Inteligencia del Senado, advirtió en 2024 que “la presencia militar y de inteligencia de Rusia en Nicaragua constituye una amenaza a nuestra seguridad nacional que debe abordarse”. Washington ya había endurecido las sanciones con la Ley RENACER en 2021, que faculta al Ejecutivo estadounidense a excluir a Managua del Tratado de Libre Comercio centroamericano y a presionar a organismos multilaterales para cortar el financiamiento al país.
El cálculo de Ortega parece responder a la búsqueda de protección geopolítica en medio de un aislamiento internacional creciente. Desde las cuestionadas elecciones de 2021, el régimen ha encarcelado a decenas de opositores, despojado de nacionalidad a críticos y cerrado más de 3.000 ONG.
La figura de Laureano Ortega Murillo, designado plenipotenciario para sellar los acuerdos con las regiones ocupadas, simboliza la deriva patrimonialista del régimen. A sus 43 años, es el hijo con mayor visibilidad pública y se perfila como heredero político. Desde hace más de una década encabeza misiones económicas en Moscú, Beijing y Teherán, cultivando vínculos que garantizan la supervivencia de la dinastía Ortega-Murillo más allá de la salud y el desgaste político de sus padres.
El trasfondo geopolítico es claro: Moscú busca aliados que le den apariencia de legitimidad a sus anexiones y que muestren que no está completamente aislado en el escenario internacional. Nicaragua cumple ese papel con celo. En 2023, Rusia inauguró en Managua un consulado honorario en Crimea, otra región ucraniana bajo ocupación. Y este año, el Kremlin celebró públicamente el decreto de Ortega, agradeciendo “la coherencia de un socio estratégico”.
Más que un acuerdo económico, la maniobra es un gesto de lealtad al Kremlin. Ortega y Murillo insisten en reescribir la geografía mundial desde Managua, reconociendo fronteras dibujadas por la fuerza de las armas. El resultado inmediato es un país más aislado, con menos margen de maniobra y dependiente de dos aliados —Rusia y China— que ofrecen respaldo político, pero no garantizan estabilidad ni prosperidad a largo plazo.
