El duro proyecto de ley en Nueva York contra la inmigración que propicia la colaboración con el ICE

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El debate sobre la inmigración en Nueva York tomó un nuevo rumbo con la presentación del proyecto de ley A5467, también conocido como “New York State Immigration Enforcement Act of 2025″. Esta iniciativa busca otorgar a las agencias policiales locales la facultad de colaborar con las autoridades federales en la identificación, detención y deportación de inmigrantes en situación irregular, especialmente aquellos con antecedentes penales. De ser aprobada, la medida transformaría la forma en que se maneja la inmigración en el estado, en línea con otras jurisdicciones que adoptaron estrategias similares.

Nuevo proyecto de ley en Nueva York: facultades otorgadas a la policía local

El proyecto de ley establece que las agencias policiales en Nueva York podrán adherirse voluntariamente al programa 287(g), el cual permite a los oficiales locales actuar como agentes federales en materia de inmigración. Este programa, regulado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), brinda a los departamentos de policía herramientas para identificar y detener a personas consideradas “migrantes criminales”.

El proyecto A5467 permitiría a la policía neoyorquina colaborar con el ICE en la detención de inmigrantes irregulares, especialmente con antecedentes penales

Según el texto de la ley, las autoridades locales podrán:

  • Designar hasta diez oficiales por agencia para recibir capacitación del ICE.
  • Autorizar a dichos oficiales a identificar, arrestar y detener a personas en situación irregular.
  • Retener a los detenidos hasta por 72 horas antes de su entrega al ICE.
  • Permitir que agentes del ICE trabajen dentro de las instalaciones de detención locales.

La legislación subraya que la participación en el programa es opcional y requiere una solicitud formal. Además, especifica que las agencias adheridas recibirán financiamiento federal para costear capacitaciones, equipos y personal adicional.

Justificación del proyecto de ley y antecedentes en Nueva York

Los impulsores de la iniciativa, encabezados por el asambleísta Eric Brown y copatrocinada por Stephen Hawley, Kenneth Blankenbush, Angelo J. Morinello y Robert Smullen, argumentan que la medida responde a una creciente preocupación por la seguridad pública.

Hasta diez oficiales por agencia podrían ser capacitados por el ICE para actuar en tareas de inmigración bajo el programa 287(g)

En la exposición de motivos, el texto señala que la criminalidad vinculada a inmigrantes en situación irregular representa un “riesgo significativo” para la comunidad y que el programa 287(g) ya ha demostrado ser efectivo en otras partes del país norteamericano.

El antecedente más inmediato en Nueva York es el acuerdo alcanzado por el condado de Nassau con el ICE, en el que la policía local comenzó a colaborar con la agencia federal en la identificación y deportación de personas con historial delictivo. Según los promotores del proyecto, esta experiencia sirvió como base para extender el modelo al resto del estado.

Asimismo, la propuesta generó una fuerte oposición por parte de organizaciones de derechos humanos y grupos defensores de los inmigrantes. Los detractores argumentan que la colaboración entre la policía local y el ICE podría derivar en discriminación racial, desalentar la denuncia de delitos por parte de la comunidad inmigrante y aumentar las deportaciones sin un debido proceso.

Organizaciones de derechos humanos advierten que la medida podría aumentar la discriminación racial y debilitar la confianza en la policía

Próximos pasos: ¿se aprobará esta ley en Nueva York?

El proyecto de ley A5467 se encuentra actualmente en el Comité de Códigos de la Asamblea del Estado de Nueva York, donde será sometido a un análisis detallado antes de ser votado. En caso de recibir el visto bueno allí, pasará a la Asamblea y, posteriormente, al Senado para su aprobación final.

El futuro de la inmigración en Nueva York dependerá en gran medida del destino de esta iniciativa, que podría marcar un cambio radical en la relación entre las autoridades estatales y el gobierno federal en materia migratoria.

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