Nadie puede decir que Leonardo Scatturice, un hombre de negocios radicado en EE. UU., vinculado a la Inteligencia y cercano al asesor Santiago Caputo, comenzó su relación con el Estado tras la llegada de Javier Milei al poder. Sin embargo, el ascenso del líder libertario coincidió con una proliferación de los contratos de las empresas de Scatturice y el sector público argentino.
OCP Tech, una de las empresas del grupo cuyo CEO es Scatturice, ganó al menos 17 contratos con organismos del Estado cuyas licitaciones fueron abiertas entre 2024 y lo que va de 2025. Doce de ellos el año pasado y cinco en este, de acuerdo con la información publicada en el Boletín Oficial y el sitio de compras del Estado, Comprar.
En 2023, cuando Alberto Fernández y Cristina Kirchner gobernaban el país, la misma compañía, OCP Tech, había cerrado nueve convenios con el sector público nacional a través de contrataciones directas y licitaciones lanzadas durante ese año.
Los contratos de 2024 y 2025 se suman al que la empresa Tactic, que forma parte de COC Global Enterprise (mismo grupo de OCP Tech), firmó con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), según documentos presentados al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Hay, además, otros negocios por los que compiten sus compañías y están fuera de a órbita de las publicaciones en el Boletín Oficial y en Comprar. Eso involucra a las empresas del Estado, un espacio también explorado por la firma de Scatturice. De hecho, obtuvo dos adjudicaciones con Trenes Argentinos y una con Educ.ar.
LA NACION consultó a fuentes oficiales y a representantes de OCP Tech sobre la evolución de los contratos, pero al momento de publicación de esta nota no emitieron comentarios.
OCP Tech se especializa, según su propia presentación, en integración tecnológica en áreas como análisis de datos, ciberseguridad y transformación digital.
La empresa amplió su cartera de clientes públicos en la gestión de Milei. Las licitaciones abiertas en 2024 que quedaron en poder de OCP Tech le permitieron sumar facturas por servicios comprometidos con la Secretaría General de Presidencia (Karina Milei), el Ministerio de Economía (Luis Caputo) y el Ministerio Público Fiscal.
Este año agregó otro contrato con ARCA, la agencia nacional de recaudación tributaria, a cargo de Juan Pazo. Además, otra de las autoridades del organismo, el jefe de la Dirección General Impositiva (DGI) es Andrés Vázquez, quien llegó a ese puesto por recomendación de Scatturice a Santiago Caputo.
La firma del lobbysta con EE.UU. tiene más experiencia en la relación con el Estado. El listado de organismos que la contrataron a través de procesos abiertos en 2023 está integrado por la ANSES, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CNAE), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Acumar y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Con anterioridad, también había ganado compulsas de los ministerios del Interior, Seguridad, Educación, la Cancillería, el Ejército, el Enargas, de la Junta de Seguridad en el Transporte, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, del Senasa y del Instituto Nacional del Agua.
El contrato adjudicado por ARCA, en mayo pasado, es por $888,66 millones por la compra y mantenimiento, entre otras cosas, de routers. OCP Tech presentó la oferta más cara. Las de sus dos competidores eran un 34,7% y 40,8% más baratas. Sin embargo, fueron desestimadas. Fuentes oficiales explicaron que se les pidió información a esas compañías y, como no la presentaron, sus propuestas resultaron inadmisibles.
El Ministerio de Economía, además, le adjudicó a la misma firma cuatro licitaciones en 2024 y 2025. Suman $1378 millones.
En paralelo, los servicios comprometidos durante ese período con el Ministerio Público Fiscal ascienden a US$4,99 millones.
A los casos anteriores hay que sumarles otros cuatro convenios. En febrero de este año, la compañía Tactic Global LLC cerró un contrato con la SIDE para actuar como enlace entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump.
Para el Estado, representa un gasto de US$10.000 por mes e involucra la coordinación de reuniones entre funcionarios de ambos países. Es lo que se conoce como lobby, una actividad regulada en Estados Unidos.
La última adjudicación del Estado a favor de la empresa de Scatturice ocurrió hace nueve días. La Operadora Ferroviaria, también conocida como Trenes Argentinos, le adjudicó el 30 de julio un contrato por US$6,30 millones más IVA.
Según el documento oficial, OCP Tech proveerá unidades de red, instalación y configuración de equipamiento Wi-Fi en los depósitos Liniers I, Liniers II, Liniers III, Victoria y Escalada.
La misma empresa ganó otra contratación directa de Trenes Argentinos, resuelta el 14 de mayo. Recibirá por ese trabajo $6235 millones más IVA y otros US$1,43 millones para proveer e instalar un “sistema CCTV estático [cámaras que permiten controlar un lugar determinado] en pasos a nivel, peatonales, trinchera y acceso a Miserere, puesta en valor de Backbone de transmisión y tendido de F.O. en sector eléctrico”, según explica el documento de la adjudicación.
Más allá de estos dos contratos en el sector ferroviario, OCP Tech aguarda la definición de otra licitación de los trenes por la adquisición de un Datacenter. Presentó una oferta por US$2,25 millones y todavía no se conoce el resultado de la compulsa.
También está en proceso otro convenio con la empresa pública Educ.ar, a cargo de Educación, por adjudicación directa, como anticipó el programa Odisea Argentina en abril pasado y profundizó LA NACION en varias oportunidades. Es uno de los más llamativos.
Entre 2017 y 2018, instaló el equipamiento de redes Cisco Meraki en más de 40.000 escuelas públicas. El Gobierno renovó ese servicio en la gestión de Milei por un valor cercano a los US$80 millones.
Las contrataciones directas y licitaciones abiertas en 2023 obtenidas por OCP Tech, cotizadas en pesos, sumaron $7,17 millones, mientras que las de 2024 ascendieron a $1204 millones. A su vez, las cotizadas en divisa estadounidense pasaron de US$3,25 millones a US$5,03 millones.
Las adjudicaciones en lo que va de 2025 expresadas en moneda local totalizan $1062 millones y US$217.593 en divisa extranjera.
Las cifras anteriores surgen de los contratos publicados en el Boletín Oficial y en el sitio Comprar. Hay que sumarles el universo de empresas públicas, un espacio en el que la documentación oficial es menos asequible.
Si se le agregaran, por caso, los contratos con Trenes Argentinos y Educ.ar, los números anteriores crecerían.
El avión investigado
La figura de Scatturice y las empresas de las que forma parte tomaron especial relevancia pública tras un episodio controversial. El 26 de febrero pasado llegó a Aeroparque un avión con la identificación de COC Global Enterprise, de la cual el empresario cercano a Caputo es CEO. Este vuelo proveniente de Miami trasladó a Laura Arrieta, empleada de Scatturice.
La Justicia investiga una presunta infracción al Código Aduanero. Indaga posibles irregularidades en el control de los bultos que trasladó el avión.
Según los fiscales, “el desvío [de la fila de los demás pasajeros, que pasaban todos sus valijas por los scaners] fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”.
En un comunicado, OCP Tech afirmó que se realizaron “todos los controles que marca el protocolo para un avión en tránsito”.
