La Comisión de Amnistía del Ministerio de Derechos Humanos del Gobierno de Brasil ha aceptado por unanimidad reconocer a la expresidenta Dilma Rousseff como víctima política durante la dictadura militar que rigió el país entre 1964 y 1985.
Rousseff fue detenida en 1970, a la edad de 22 años, mientras militaba en una organización opositora, y no fue liberada hasta tres años después. Durante su encarcelación, la ahora presidenta del Banco de los BRICS, sufrió torturas y una vez liberada siguió siendo perseguida por motivos políticos.
El relator del caso, Rodrigo Lentz, ha explicado que además de los daños físicos y psicológicos sufridos, Rousseff vio interrumpida su formación académica y no fue hasta el fin de la dictadura cuando pudo volver a trabajar con normalidad.
Rousseff presentó su solicitud para acogerse a esta amnistía en 2022, sin embargo el proceso fue paralizado mientras ocupara cargos en el Ejecutivo. En 2016 volvió a intentarlo, pero en 2022, el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro denegó su demanda.
Este reconocimiento trae consigo una indemnización de 100.000 reales (15.700 euros), que se suma a una de 72.000 reales que recibió (11.300 euros) por parte de los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo y Río Grande del Sur –lugares en los que fue torturada–, si bien entonces renunció a ella.
Ya en febrero de 2023, la Justicia reconoció a Rousseff como víctima política durante la dictadura y ordenó el pago de una indemnización, aunque es esta comisión del Ministerio de Derechos Humanos el órgano oficial del Estado brasileño responsable de las políticas públicas de reparación.
