Idaho firmó un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para acelerar la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

Qué dice el acuerdo clave con el ICE

El viernes pasado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, junto al gobernador de Idaho, Brad Little, anunciaron la firma de un acuerdo que permite a la Policía Estatal de Idaho colaborar con ICE en la transferencia de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales desde cárceles locales a centros de detención federales.

Este convenio se sustenta en la facultad 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que habilita a las fuerzas del orden estatales para trabajar junto a ICE en la aplicación de leyes migratorias.

Noem calificó a la ley 287(g) como “crucial para abordar las actividades delictivas que hemos observado en el terreno”. En ese sentido, valoró el compromiso local y sostuvo: “Fue maravilloso ver a la gente involucrarse y participar para asegurarnos de que no solo tengamos las autoridades necesarias para salir a trabajar, sino también el conocimiento local y a la gente de la comunidad que realmente quiere ser parte de la solución”.

El gobernador Little afirmó que Idaho “está intensificando su apoyo a la administración Trump para transportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales fuera de nuestras cárceles y a las instalaciones de ICE, donde serán deportados del país”. Señaló que los detenidos enfrentan cargos por violencia doméstica, robo y conducir bajo la influencia del alcohol. “En condados de todo el estado están siendo liberados de nuevo en nuestras comunidades tras su arresto. Esto es inaceptable”, advirtió.

Cooperación histórica entre ICE y gobiernos estatales bajo la gestión Trump

Desde que Donald Trump asumió la presidencia, el ICE amplió su colaboración con fuerzas estatales y locales. Según datos oficiales, hasta ahora se firmaron 649 acuerdos en todo el país.

Uno de los más recientes se concretó en Carolina del Norte, que confirmó su adhesión al acuerdo 287(g). Esta norma federal de 1996 permite a ciertos oficiales locales actuar con funciones limitadas de agentes migratorios dentro de las cárceles.

Aunque no se aplica en la vía pública, habilita a los sheriffs a verificar el estatus migratorio de los detenidos y notificar a ICE para iniciar procesos de deportación. Hasta 2024, Carolina del Norte no había sumado convenios durante la gestión de Joe Biden, pero tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, reactivó y aceleró las firmas. Entre el 5 de marzo y el 21 de mayo de 2025, Carteret, Columbus, Craven, Cherokee, Onslow y Union sellaron sus propios acuerdos.

Qué funciones tienen los oficiales locales bajo el acuerdo 287(g)

El acuerdo 287(g) se implementa a través de diferentes procesos.

• El Task Force Model permite arrestar e interrogar a sospechosos de permanecer en el país sin autorización.
• El Jail Enforcement Model habilita a interrogar a detenidos y emitir órdenes de retención para ICE.

• El Warrant Service Officer Model, más limitado, autoriza ejecutar órdenes administrativas en cárceles sin interrogar ni investigar estatus migratorio.

Los seis convenios firmados este año corresponden a esta última categoría, aunque generan preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos migrantes.