Madrid, 16 may (EFE).- La Audiencia Nacional ha ratificado la prisión provisional para el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid Óscar S.G., detenido por narcotráfico con 20 millones de euros ocultos en su casa, por el «evidente» riesgo de fuga que supone su supuesta integración en una organización delictiva y las elevadas cantidades de dinero que parece manejar.
En un auto, la sección tercera de lo Penal rechaza el recurso de apelación del exjefe de la UDEF contra la decisión de mantenerle en prisión que adoptó el juez Francisco de Jorge el pasado 12 de abril, tras haber decretado la libertad de siete investigados en la misma causa después de que esta misma Sala le ordenara excarcelar al presunto socio del policía, Ignacio T., al considerar que el magistrado no le había facilitado elementos esenciales de la causa cuando le envió a prisión, al estar secreta.
Apoyándose en esa resolución, Óscar S.G. argumentaba en su recurso que no había tenido acceso a los elementos esenciales de la causa, al igual que le sucedió al investigado I.T..
Sin embargo, la Sala aclara que el recurso presentado se refiere al auto de 12 de abril, en el que se ratificó su prisión provisional, y no al inicial en el que ordenó su ingreso en la cárcel, y recuerda que el auto ahora recurrido se notificó cuando ya se había acordado el levantamiento del secreto casi total de las actuaciones para que este investigado pudiera tener acceso a la causa y formular alegaciones.
«Por tanto, no cabe hacer comparación alguna entre los motivos que determinaron la puesta en libertad de otro de los investigados y los que concurrieron para este, ni, por tanto, puede considerarse infringido el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley”, indica el auto.
La Audiencia justifica la prisión provisional por la imputación a un funcionario de Policía de hechos graves, cuya realidad parece confirmar, añade, el hallazgo de elevadas cantidades en metálico, que difícilmente pueden corresponder a la percepción de su retribución como funcionario y cuya ocultación es indicio de un origen ilícito, lo que conlleva un “evidente” riesgo de sustracción a la acción de la Justicia.
“Su supuesta integración en una organización delictiva y las elevadas cantidades de dinero que parece manejar posibilitarían su desplazamiento al extranjero o su ocultación en España con la finalidad de evitar enfrentarse a la imposición de graves penas de prisión. Y su arraigo familiar no constituiría un freno importante para evitar ese riesgo, dadas las consecuencias sociales y profesionales que puede acarrearle una condena por hechos de tal gravedad al ser cometidos por un funcionario público”, advierte.
La Sala recuerda también la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el acceso a los elementos esenciales de la causa y apunta que, en el caso actual, el auto de prisión señala los indicios de la participación del investigado en hechos que presentan caracteres delictivos por los cuantiosos pagos recibidos por el funcionario policial a cambio de los servicios prestados.
Ello queda confirmado, continúa, por “el hallazgo de cantidades extraordinariamente altas de dinero en efectivo, que constituyen prueba de la actividad delictiva y de los pagos recibidos, como las cantidades halladas en el registro de su domicilio escondidas en dobles fondos en techos, paredes, compartimentos ocultos ad hoc en la estructura del edificio (cajas fuertes, jardín exterior, etc.), que fueron objeto de precinto judicial al tratarse de un volumen imposible de cuantificar con exactitud con los medios disponibles en aquel momento».
Además, las cantidades en efectivo halladas en su segunda residencia fueron cifradas en 448.110 euros, y las encontradas en los muebles utilizados por él en la Jefatura Superior de Policía de Madrid en 896.400 euros.
Igualmente, añade la Sala, el auto recurrido detalla los indicios delictivos que constan en la causa contra el investigado por delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público, organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho.
Entre los siete investigados a los que el juez dejó en libertad tras acordar la Sala excarcelar al presunto socio del exjefe de la UDEF se encuentra su mujer -también policía- y su cuñada, quien presuntamente colaboró con el matrimonio en el blanqueo de las ganancias derivadas de operaciones de narcotráfico, mientras que ratificó la prisión del responsable policial y de otros cuatro presuntos colaboradores en esta trama.
La detención de Óscar S.G. se produjo a raíz de la intervención en octubre en el puerto de Algeciras de un contenedor con 13 toneladas de cocaína, el mayor alijo de esa droga incautado hasta la fecha en España. EFE
