La noticia de que en Mar del Plata apareció —y volvió a desaparecer, como en un mal guion de novela para finalmente recalar en manos de la Justicia— un cuadro expoliado por los nazis en los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial debería provocar algo más que curiosidad o morbo mediático. La pintura, conocida como Retrato de dama y atribuida a Giuseppe Ghislandi, pertenecía al marchante judío Jacques Goudstikker y permaneció fuera del radar de la justicia internacional durante casi ochenta años. Su irrupción en nuestro país, en manos de descendientes del jerarca nazi Friedrich Kadgien, refugiado en la Argentina en épocas oscuras, expone con crudeza un vacío normativo que nos interpela como sociedad.
La Argentina ha suscrito compromisos internacionales de enorme valor simbólico sobre el saqueo nazi, como los Principios de Washington de 1998 o la Declaración de Terezin de 2009. Sin embargo, ambos son no vinculantes: expresan propósitos loables, pero no crean obligaciones jurídicas exigibles. Tampoco nuestras leyes internas o los tratados internacionales que hemos suscripto ofrecen herramientas ágiles y contundentes para responder a reclamos de restitución de bienes culturales expoliados por el nazismo. Aunque casi no ha habido casos, su posible “solución argentina” es previsible: un terreno pantanoso en el que se entremezclan herencias privadas, plazos prescriptivos, lentitud de la Justicia, dificultades probatorias y, por encima de todo, una carga moral imposible de soslayar.
No se trata solo de un problema jurídico. Está en juego el modo en que la Argentina se presenta ante el mundo. En materia de memoria histórica, los países muestran quiénes son cuando afrontan cuestiones que exceden lo local y comprometen a la humanidad entera. La manera en que reaccionamos frente a casos de expolio nazi revela hasta qué punto nos sentimos parte de Occidente y de sus valores compartidos: justicia, reparación y respeto a la dignidad de las víctimas.
Es comprensible que nuestro país enfrente innumerables desafíos más urgentes, desde la inflación hasta la inseguridad. Pero el hecho de que los problemas estructurales sean múltiples no debería excusar la inacción frente a un asunto que nos coloca en el foco internacional y que toca fibras sensibles de la memoria colectiva. Una legislación clara, eficaz, contundente y vinculante en materia de restitución de bienes expoliados —sean por el nazismo, por conflictos armados o por tráfico ilícito— es una deuda que la Argentina no puede seguir postergando.
Cada vez que un objeto robado reaparece entre nosotros y nos sorprende como un visitante incómodo, nos recuerda que seguimos sin un marco legal adecuado. Resolverlo no solo honraría la memoria de las víctimas del Holocausto: también mostraría que somos capaces de reaccionar como un país inserto de lleno en la comunidad de naciones que se toma en serio la protección del patrimonio cultural de la humanidad.
Al fin y al cabo, si no se actúa con destreza, aun dentro del marco jurídico vigente, lo que la familia Kadgien podría llegar a conservar en sus paredes ya no será propiamente una obra de arte. De ella difícilmente emane goce estético alguno, sino apenas la memoria lacerante de uno de los mayores horrores que la humanidad ha cometido. Y si el retrato de aquella dama —tan poco agraciada que difícilmente podría despertar otra emoción— se mantuvo colgado durante décadas, acaso lo fue más como emblema de una aberración cometida por un funcionario nazi que como testimonio de belleza.
