La determinación de que fragmentar el caso para juzgar solo a Donald Trump resultaría «ilógica» y excesivamente onerosa marcó la base de la decisión anunciada públicamente por el fiscal Peter Skandalakis, quien resolvió el cierre total del proceso por presunta interferencia electoral en Georgia. Según informó el medio original, la oficina de Skandalakis presentó un documento de 23 páginas donde se precisa que sostener la causa supondría, para el estado y el condado de Fulton, un fuerte impacto operativo y presupuestario, además de no representar un beneficio claro para la ciudadanía. La noticia principal radica en que se archiva el expediente contra Trump y el resto de los acusados por la supuesta presión para revertir el resultado de las elecciones de 2020, considerando inviable su prosecución.
De acuerdo con lo publicado por la fuente, el fiscal Peter Skandalakis asumió el liderazgo de la investigación luego del relevo de la anterior titular, Fani Willis, apartada tras la decisión del Tribunal de Apelaciones de Georgia que identificó un conflicto de intereses motivado por su vínculo personal con el fiscal especial Nathan Wade. Esta resolución permitió que Skandalakis revaluara las perspectivas legales y logísticas del proceso, concluyendo que continuar con la acusación a lo largo de un periodo estimado entre cinco y diez años no sería adecuado para los intereses del estado ni para el funcionamiento regular del Consejo de Fiscales de Georgia.
El medio detalló que entre los factores que influyeron en el archivo figura la limitada disponibilidad de recursos para afrontar un proceso judicial de larga duración y complejidad. Skandalakis enumeró como obstáculos el reto de solventar cuestiones constitucionales tales como la cláusula de supremacía, los límites de la inmunidad y la jurisdicción, así como el acceso a registros federales y la garantía de un juicio rápido a los imputados. Estos aspectos, expuso el fiscal, podrían derivar en una exigencia financiera insostenible y una distracción de las actividades fundamentales de la agencia encargada.
El informe también menciona las implicancias directas del caso sobre la estructura operativa: iniciar de inmediato los procesos para el resto de los acusados, a fin de respetar el derecho constitucional a un juicio rápido, supondría un desmedido desembolso presupuestario y complicaría las tareas ordinarias de la fiscalía estatal. Tal como consignó la fuente, estos elementos fundamentaron la conclusión de que no existían condiciones favorables para la continuación del expediente.
Tras hacerse pública la medida, Steve Sadow, abogado de Donald Trump, se expresó en la red social X, donde calificó el cierre del caso como el fin de lo que describió como una «persecución política» iniciada por la exfiscal Willis. Sadow publicó además un fallo firmado por el juez del condado de Fulton, Scott McAfee, que señala la «desestimación completa» de la causa tras el retiro de los cargos, según el documento citado por la fuente.
La investigación, que involucraba originalmente a Trump y a otras 18 personas, se centraba en la presunta presión ejercida por el entonces presidente y su círculo cercano sobre funcionarios del estado, con el objetivo de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Entre las pruebas analizadas se encontraba la grabación de una llamada donde Trump habría solicitado al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que «encontrara» los votos necesarios para modificar el conteo. El jurado imputó un total de 41 cargos, en los que también figuraban John Eastman, Rudy Giuliani y Mark Meadows.
El medio original destacó que Trump manifestó en distintas ocasiones que las acusaciones en su contra formaban parte de una estrategia de «caza de brujas», insistiendo en que los procesos judiciales respondían a motivaciones políticas y no a conductas reprobables. La posición de la nueva fiscalía, recogida por la publicación, se basó en afirmar que el cierre del expediente obedece a razones estrictamente profesionales y a evaluaciones sobre la viabilidad de los procedimientos, descartando cualquier intención de alinearse a intereses electorales o partidistas.
En el documento difundido a través del medio, Skandalakis enfatizó la necesidad de «servir a los intereses de la justicia y promover la firmeza judicial» como guía principal de su resolución. El texto examina el efecto potencial de sostener múltiples procesos judiciales de alta exposición, con posible repercusión en la administración de justicia a escala local y estatal. Finalmente, el archivo del caso significó el cierre de uno de los capítulos más discutidos en torno a la integridad de las elecciones estadounidenses de 2020, tras la salida de la fiscal Willis y bajo la nueva conducción, según el desarrollo presentado por la fuente.
