El fiscal anticorrupción José Grinda denunció que un periodista le ofreció un «soborno» que dijo que estaba avalado por «las más altas instituciones o personas del Estado», dando el nombre de «Leire», para que tumbara varias causas y diera supuesta información sobre comportamientos delictivos de su jefe, Alejandro Luzón, a cambio de un destino en el extranjero y neutralizar una demanda en su contra.
Así consta en el sumario de la causa que se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid contra la ex militante del PSOE Leire Díez por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho a raíz de sendas denuncias presentadas por Hazte Oír después de que se dieran a conocer los audios en los que se le escucha ofrecer favores a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.
En el sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge el escrito enviado por Grinda al propio Luzón el pasado 27 de febrero, que a su vez fue remitido por éste a la Fiscalía General del Estado y de ahí a la Fiscalía Provincial de Madrid, donde se abrió una investigación el 2 de abril.
En su escrito, enviado a las 17.53 horas del 27 de febrero, Grinda relató que se reunió con su «amigo» Pere Rusiñol –también investigado– ese mismo día a las 12.40 horas en una terraza de Madrid porque le había dicho que quería verle. En ese encuentro, le indicó que «tenía una propuesta de alguien», sin especificarle quién, y le dio dos folios doblados.
El mensaje decía que, al parecer, Grinda había pedido «protección» y que se estaba en condiciones de darle un destino en el extranjero, «en concreto tres opciones», y de «liberarle» de una demanda en su contra «pagando» a su autora «el triple» de lo que le reclamaba esta mujer, a la que el fiscal considera pagada por personas a las que investiga.
A cambio se le pedía, en primer lugar, que revelara los supuestos «secretos de actuaciones delictivas» de Luzón de los que sería conocedor y que, según se le aseguró, conducirían a la «destitución» de éste.
En segundo lugar, se le solicitaba archivar varias causas «reconociendo o diciendo que han sido fruto o consecuencia de actuaciones abusivas, o un término por el estilo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».
En concreto, se trataba de los casos «Pujol-Draco y otros relacionados»; «3%, Sumarroca y otros»; Aguas de Girona; y ZED; así como los de Banca Privada de Andorra, Banco de Madrid, Duro Felguera y Caranjuez.
QUERÍAN INFORMACIÓN SOBRE SUS «VISITAS AL CNI»
«También debía comprometerme a explicar el origen de la investigación de Sandro Rosell, así como dar explicación de mis visitas al CNI, que se calificaban como extrañas, dando como fuente de esas visitas a ‘FM’ –entiendo, según ha corroborado Pere, Francisco Martínez–«, añadió Grinda.
Según su narración, se le aseguró que esa oferta «ya no tenía vuelta atrás y que se debía realizar todo en la más estricta confidencialidad, sin acudir al auxilio de terceras personas y sin acudir al fiscal general del Estado».
«Creo que al principio del documento se decía también que este acuerdo estaría avalado por las más altas instituciones o personas del Estado y como conclusión decía que este acuerdo lo avalaba una alta instancia del Estado», destacó.
A este respecto, concretó que Rusiñol le comentó que «él entendía que la persona que pudiera avalar este acuerdo es alguien que conoce como Leire».
INVESTIGACIÓN ARCHIVADA
Tras ello, dejó claro que formulaba esa denuncia después de haberlo hablado con el propio Luzón y que, «evidentemente», le contestó a Rusiñol que no actuaría «en contra de la ley o del principio de legalidad».
«Obviamente, la mera referencia a que yo pueda actuar en contra del criterio de legalidad y el ofrecimiento de algún tipo de beneficio lo entiendo como una propuesta de soborno y como una propuesta de prevaricación», zanjó, aclarando asimismo que desconoce «cualquier elemento de conducta delictiva» de Luzón.
Grinda plasmó en el escrito que había comentado «varias circunstancias» como «hipótesis» del documento que le dio Rusiñol pero que desconoce «en absoluto» el origen del mismo.
La Fiscalía Provincial de Madrid abrió una investigación e intentó ponerse en contacto con Rusiñol hasta una decena de veces de forma infructuosa. Al ser el único hilo del que tirar, y no recibir respuesta, el Ministerio Público archivó esas pesquisas, que finalmente han quedado incorporadas al procedimiento judicial contra Leire Díez.
