La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de una acusada de un delito de omisión del deber de socorro por no prestar ayuda a un joven que había acudido a su casa para mantener relaciones sexuales pagadas y falleció tras consumir alcohol y drogas.
El Ministerio Fiscal le atribuye además un delito continuado de estafa, al entender que realizó en su propio beneficio varias transferencias bancarias desde una cuenta de la víctima utilizando el teléfono móvil de esta, con la herramienta de reconocimiento facial.
La Fiscalía ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el órgano jurisdiccional correspondiente. La causa se juzgará ante un jurado popular en la Sección Octava de la Audiencia Provincial en una fecha aún por determinar.
El Ministerio Fiscal sostiene que, el 22 de octubre de 2023, la acusada -de nacionalidad colombiana- concertó con S. R. I., de 24 años, un encuentro sexual pagado en su domicilio de Gijón. En la vivienda residía la acusada con su hija, mayor de edad. El precio acordado por la relación sexual fue de 60 euros por media hora y 120 euros por la hora completa.
Ya en el interior del edificio, S. R. I. ingirió alcohol y sustancias estupefacientes y, en un momento dado, comenzó a encontrarse mal y llegó a convulsionar.
Al percatarse la acusada del estado del joven, y al darse cuenta de su aparente gravedad al ver que convulsionaba, sin prestarle ayuda ni pedir el necesario y conveniente auxilio de terceros ni acudir a personal sanitario, decidió sacarlo de la casa, arrastrándolo hasta el descansillo del quinto piso del edificio.
Allí lo abandonó. S. R. l. fue encontrado muerto ese mismo día 23 en el descansillo donde lo había dejado la acusada. Sobre las 18.58 horas, la Policía Nacional comunicó al juzgado de guardia de Gijón el fallecimiento.
Pese a las tarifas acordadas y aprovechando el estado de S. R. I., por el que tenía mermadas sus facultades para hacer operaciones bancarias, la acusada consiguió realizar, entre las 16.00 y las 17.30 horas del mismo día 23, varias transferencias por un importe total de 3.515,40 euros desde una cuenta de la víctima a favor tanto de ella como de su hija.
Para ello utilizó el teléfono móvil del joven, al que accedió con la herramienta de reconocimiento facial. La hija de la acusada, que se encuentra en paradero desconocido, no llegó a tener relación sexual alguna con S. R. I.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de omisión del deber de socorro del artículo y solicita que se condene a la acusada, por el delito de omisión del deber de socorro, a 12 meses de multa con cuota diaria de 20 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Por el delito de estafa le pide dos años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, a sustituir por su expulsión del territorio español durante 7 años. Abono de las costas procesales.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice a la madre del fallecido con 15.000 euros por daños morales y a sus herederos, con 3.515,40 euros por el dinero obtenido ilícitamente, todo ello más los intereses legales correspondientes.
