El fiscal federal Carlos Stornelli requirió este martes que se abra una investigación judicial para investigar la denuncia presentada por el Gobierno sobre una supuesta operación de inteligencia ilegal a través de la cual se habría grabado conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
No obstante, Stornelli fue enfático y aclaró que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”.
Y destacó: “Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas”.
La aclaración realizada por el fiscal surge como respuesta a un pedido realizado por el abogado del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, quien pretendía que se allanara el canal de streaming –Carnaval– que publicó audios atribuidos a Diego Spagnuolo y la hermana del Presidente. También pidió que se requisaran los domicilios de los periodistas que participaron de esas transmisiones y de empresarios que estarían vinculados a la composición accionaria del medio periodístico.
Noticia en desarrollo
