Barcelona, 6 may (EFE).- El Ministerio de Economía ha abierto este martes un plazo hasta el 16 de mayo para que ciudadanos, organizaciones y agentes económicos expresen su opinión en torno a la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell.
Esas alegaciones públicas servirán para que el departamento que dirige Carlos Cuerpo cuente con más información para decidir si eleva la operación de concentración bancaria al Consejo de Ministros, que tendría en ese caso la prerrogativa de endurecer las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Cuerpo, que este martes ha explicado los detalles de esa consulta pública durante una visita a las jornadas del Cercle d’Economia, que se celebran en Barcelona, podrá tomarse hasta el 27 de mayo para meditar la decisión.
La CNMC ha evaluado la operación desde el prisma de las repercusiones para la competencia en el sector bancario, mientras que ahora el Ejecutivo debe analizar la opa desde el punto de vista del interés general.
La oferta hostil que lanzó el BBVA hace prácticamente un año generó el rechazo de casi 80 entidades, entre ellas patronales, sindicatos y cámaras de comercio. Ante la entrada en escena del Gobierno, la patronal catalana Foment ha llamado esta semana a «paralizar» la operación.
Si el ministro decide elevar el tema al Consejo de Ministros, lo que muchas veces se ha dado por descontado dada la oposición del Gobierno a la operación, se abriría un plazo de un mes para que el Ejecutivo decida si confirma la resolución de la CNMC o se inclina por autorizar la concentración con nuevos compromisos.
El ministro Cuerpo ha defendido que la consulta que ha puesto hoy en marcha está «totalmente alineada con la legislación vigente» y asegura que su papel será «muy respetuoso» con las competencias del resto de instituciones que han participado en las fases anteriores del procedimiento.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado sin embargo que la iniciativa del Gobierno se «aparta de la ley» y la ha tachado de «frivolidad».
En una intervención también en la reunión del Cercle, Feijóo se ha mostrado preocupado al considerar que la consulta «marca un precedente».
«Imagínense si mañana se quieren fusionar otras empresas u otros bancos. Imagino que pedirían una consulta en el territorio o territorios afectados», ha señalado el presidente del PP, que acto seguido ha advertido de que este procedimiento puede dar lugar a una «responsabilidad patrimonial por parte del Estado».
Cuerpo ha detallado que los motivos de interés general sobre los que versa la consulta están detallados en el artículo 10.4 de la Ley de Defensa de la Competencia, que expone en ese apartado cuestiones como «defensa y seguridad nacional», «libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional», «promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos» y la «garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial», entre otras.
Sobre la posibilidad de que la iniciativa marque un precedente, el titular de Economía ha sostenido que considera que la consulta pública es una «buena práctica» que volvería a convocar si se produce un escenario similar.
Las personas o entidades que consideren que pueden verse afectadas por la operación tienen a su disposición un cuestionario en la web del Ministerio de Economía.
El participante debe responder en primer lugar a la pregunta de si existen criterios de interés general distintos a la defensa de la competencia que le puedan incumbir. Si la respuesta es afirmativa, el formulario pregunta cuáles serían los criterios de interés general que puedan verse afectados.
Otra de las cuestiones que recoge la web es si el participante considera que pueden establecerse medidas que permitan proteger los criterios de interés general previamente señalados. EFE
(Foto) (Vídeo)
