El Gobierno abrió una negociación con los gremios de la CGT para saldar parte de los reintegros que exigieron las obras sociales sindicales por tratamientos y medicamentos que suelen ser subsidiados. Se trataría de un monto de unos $60.000 millones que se atesora en una cuenta del Banco Nación y que serían de uso exclusivo de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) para afrontar este tipo de pagos.
El acuerdo entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y los gremios sería distribuir ese dinero en tres etapas entre todas las prestadoras médicas que hayan presentado sus expedientes en regla. Un primer pago se debería concretar antes de fin de mes y los dos restantes entre noviembre y diciembre. De esta manera, la negociación también contemplaría una tregua en la conflictividad en los últimos meses de 2025, a pesar de que desde la CGT rechazan de manera tajante esta versión.
El mecanismo de reintegros está aún lejos de regularizarse, aunque tanto en el Gobierno como en la CGT, distinguen en este trato un primer paso. Por ejemplo, a la Obra Social de Empleados de Comercio (Osecac), una de las más numerosas del país, se le adeudarían unos $9000 millones en reintegros, pero ahora solo recibiría $5000 millones en tres tramos.
“Es un alivio financiero, pero no deja de ser una devolución. Nosotros a esos gastos ya los tuvimos”, dijo a LA NACION un secretario general que también administra la prestadora médica de su gremio.
El dinero para regularizar la deuda con las obras sociales sindicales proviene del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), cuyo financiamiento surge del aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios. Un porcentaje de ese fondo, durante la gestión del Frente de Todos, se derivó a una cuenta del Banco Nación para generar intereses y apelar a ella para reintegrar el dinero por prestaciones subsidiadas, como las de alto costo o discapacidad. Cuando Alberto Fernández dejó la Presidencia, ese dinero quedó allí y desde entonces no se utilizó, según un gremialista que está al tanto de la negociación con la SSS. Calculan en la CGT que podría haber allí unos $300.000 millones.
La Superintendencia de Servicios de la Salud, el organismo encargado de controlar obras sociales y prepagas, está bajo la órbita de Lugones, que ubicó allí a Claudio Adrián Stivelman, un médico con experiencia en la gestión de entidades del sistema de salud, como en la Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles y en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas.
Stivelman reemplazó hace tres meses al frente de la SSS a Gabriel Oriolo, un exejecutivo de Osde que renunció “por motivos personales”. Con Oriolo al mando, la SSS intervino ocho obras sociales sindicales consideradas “sellos de goma” y que no contaban con suficientes afiliados. En el sistema, existen alrededor de 290 obras sociales, de las cuales la inmensa mayoría atraviesa una crisis financiera sin precedentes, de acuerdo a fuentes del sector consultadas por LA NACION. Por ejemplo, la obra social de los camioneros, que administra la esposa de Hugo Moyano, tiene un déficit financiero que podría rondar los $50.000 millones de pesos, según fuentes sindicales.
El principio de acuerdo entre el Gobierno y la CGT se concreta en la víspera electoral y con el oficialismo impulsando un proyecto de reforma laboral en el Congreso de la Nación. También surge en un contexto de indicadores económicos alarmantes. Se conocieron el martes los datos oficiales de empleo y la caída acumulada de noviembre de 2023 a julio de 2025 es de 205.456 asalariados formales menos. De ese universo, 22.000 puestos se perdieron entre junio y julio pasados. Hasta la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió en sus informes recientes sobre los riesgos de una recesión. La entidad fabril prefiere hablar de estancamiento y no de derrumbe, a pesar de la caída que muestran sus propias estadísticas en julio: producción (-36,3%), ventas internas (-43,5%), exportaciones (-30,5%) y empleo (-24,4%).
