La medida fue oficializada por Jefatura de Gabinete tras la victoria electoral. Apunta a recomponer el sistema, garantizar la continuidad de los servicios y brindar previsibilidad a prestadores e instituciones.
El Gobierno nacional anunció una actualización de entre el 29% y el 35% en los valores del nomenclador nacional de prestaciones para discapacidad, herramienta que determina los montos abonados a los prestadores de servicios destinados a la atención de personas con discapacidad. La medida se aplicará de manera escalonada entre octubre y diciembre de 2025, y fue oficializada por la Jefatura de Gabinete tras la victoria electoral del oficialismo.
La decisión responde a los fuertes reclamos de familiares, instituciones y profesionales, que venían denunciando una caída en los fondos destinados al sector y una creciente dificultad para sostener la calidad de los servicios. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se informó que el incremento abarcará diversas modalidades y tipos de prestaciones, contempladas en el nomenclador nacional, que sirve como referencia para instituciones públicas y privadas.
Prestaciones alcanzadas y objetivos del ajuste
El aumento impactará en internaciones, transporte especializado, acompañamiento educativo y laboral, atención médica y programas de rehabilitación, entre otros servicios esenciales. Desde ANDIS se destacó que la medida busca sostener la calidad de la atención, garantizar la continuidad de las prestaciones y brindar mayor previsibilidad al sistema, en un contexto de aumento de costos operativos.
Además, se remarcó que la actualización permitirá mantener los valores por encima de la inflación estimada para 2026, aportando estabilidad a las relaciones entre prestadores, obras sociales y el Estado. El ajuste del nomenclador constituye una herramienta central para la financiación del sistema, ya que determina los valores reconocidos por el Programa Federal Incluir Salud y otros organismos financiadores.
Restitución de pensiones no contributivas
En paralelo, el Ministerio de Salud acató la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, de restablecer las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas. La resolución judicial fue celebrada por organizaciones de derechos humanos y asociaciones de familiares, que venían reclamando la restitución urgente de los beneficios.
