El Gobierno considera exagerada la fianza de 150.000 euros impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el Tribunal Supremo, que ha acordado abrir juicio oral contra él por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Distintas fuentes gubernamentales critican la decisión del Alto Tribunal y apuntan que la esperaban y no la reciben como una sorpresa. Al tiempo, reiteran su apoyo a García Ortiz y consideran que no debe dimitir, a pesar de que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.
El Ejecutivo se mantiene por tanto en la defensa férrea del fiscal y ponen en cuestión la decisión del Supremo de procesarle, la primera vez que ocurre en casi medio siglo de democracia. «Sigo sin saber qué secreto se ha revelado», apuntan desde el Ejecutivo.
ACUSADO POR REVELAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Responden así a la decisión del magistrado Ángel Hurtado, que envía a juicio al fiscal al considerar que coordinó personalmente la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra González Amador.
El magistrado estima que cometió un delito de revelación de secretos por haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial del correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador a la Fiscalía, ofreciéndose a pactar en el marco de la investigación en contra del empresario por presuntos delitos fiscales.
Hurtado sostiene que García Ortiz entró en una dinámica de «frenético intercambio de comunicaciones» entre distintos fiscales con la finalidad de «ganar el relato» a otra información previa que señalaba que fue la Fiscalía quien ofreció un pacto al novio de Ayuso.
EL GOBIERNO CREE QUE LE JUZGAN POR DECIR LA VERDAD
Según recoge el auto judicial, el magistrado fija además una fianza de 150.000 euros «a los efectos de asegurar la totalidad de las responsabilidades pecuniarias», incluida una posible indemnización por perjuicios morales a González Amador, que pedía solo por este concepto 300.000 euros, cantidad que el instructor considera excesiva. Para abonar dicha fianza, le da un plazo de cinco días.
En el Gobierno señalan que esta cantidad suele depender de la cantidad que hayan pedido las acusaciones aunque, a falta de un examen más exhaustivo, lo consideran «una exageración».
Un integrante del Consejo de Ministros sostiene que el fiscal siempre ha defendido la verdad y perseguido a los delincuentes y considera que le están juzgando por decir la verdad. «Hay que hacérselo mirar», reflexiona.
SÁNCHEZ CREE EN SU INOCENCIA
Este mismo martes, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría reiteró que el Ejecutivo «mantiene la confianza en el fiscal general del Estado» y «por supuesto también en su inocencia», si bien ha reiterado el «máximo respeto» a la resolución del Supremo.
«Este gobierno, desde luego, mantiene la confianza en el fiscal general del Estado. Y, por supuesto, también en su inocencia. Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito», ha afirmado en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.
El propio presidente del Gobierno en una reciente entrevista en ‘TVE’ reiteró su apoyo al fiscal asegurando que cree en su «inocencia» señalando y que las acusaciones contra él adolecen de consistencia. Además hizo hincapié en que en los hechos que se le imputan trató de perseguir un caso de corrupción que afecta a Díaz Ayuso.
