El auditorio de empresarios de la construcción no era el mejor público para el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine. A pesar de defender el recorte de la gestión libertaria, pudo transmitirle optimismo a un sector que se entusiasma con las privatizaciones.
Giovine comenzó su exposición en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) con una radiografía de la obra pública. Enumeró que la gestión anterior dejó 2337 proyectos. De ellos, 1668 se dieron de baja, según indicó. “Casi 500” fueron transferidos a 21 provincias que firmaron convenios con el Gobierno y 183 contaron con el aval del Poder Ejecutivo para continuar con fondos nacionales.
Pese a dicha decisión, no todas las obras se encuentran en ejecución. Tal como relató el funcionario, 122 reiniciaron los trabajos. Desde la perspectiva de Giovine, esto es “casi un 70%” de las obras que el Gobierno se comprometió a completar. Sin embargo, también podría decirse que representan el 5,2% de los proyectos que habían quedado pendientes de la gestión anterior.
En ese sentido, el secretario de Obras Públicas fue muy enfático al remarcar que sus antecesores habían iniciado proyectos tales como piletas o baños, de carácter municipal, que no ameritaban la intervención del Estado, tal como argumentó.
Luego de ese repaso, Giovine introdujo la parte de “lo que se viene” en términos de obra pública. “Hay cuatro obras que van a estar en la calle en cualquier momento”, sostuvo.
La primera que mencionó es el acueducto de Vipos, en Tucumán, que contará con un presupuesto de “más de $127.000 millones”. El segundo proyecto también es un acueducto, cuya traza incluye a Catamarca y a Santiago del Estero. Implicará una inversión estimada en $102.000 millones, según dijo Giovine.
La tercera iniciativa aludida por el funcionario es el acueducto del Chaco, cuya licitación ya fue lanzada y cuenta con un presupuesto superior a los $71.000 millones. Y el cuarto proyecto, el más chico, propone la realización de una planta de tratamiento de efluentes cloacales en Pinamar, con un presupuesto oficial de $23.000 millones.
Giovine también se refirió a la situación del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), cuyo cierre fue comunicado por el Gobierno en noviembre pasado y que tenía bajo su órbita proyectos ya iniciados. “Esas 96 obras priorizadas hoy están en la Subsecretaría de Recursos Hídricos, nominadas con presupuesto y en proceso de ejecución”, especificó.
El funcionario tampoco le escapó a otro sector de infraestructura que sufrió el embate de la motosierra libertaria: los planes de vivienda. Giovine enumeró que el Procrear tenía más de 17.000 viviendas, el Reconstruir, más de 10.000 y el Casa Propia, más de 36.000.
¿Cuál es el plan oficial con estas más de 63.000 viviendas? “Transferir todas las obras que están en ejecución a las provincias. De no encontrar interés, trabajar en resolver todos los programas, grupos de viviendas que no son aceptados por las provincias. En esta resolución puede intervenir la iniciativa privada y a corto plazo van a tener novedades de esta instrumentación”, anticipó el funcionario.
En ese punto, destacó que Tucumán ya firmó el traspaso de 1600 viviendas y 1500 lotes con servicios. Además, recordó que el Gobierno está dispuesto a negociar la ejecución de estos proyectos con las distintas jurisdicciones, en el marco de las conversaciones sobre el régimen de extinción de deudas y obligaciones entre cada uno de los distritos y el Ejecutivo nacional.
