El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley orgánica para la ampliación y el fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal tras haber recabado las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado.
«Hemos tenido en cuenta esos informes a los efectos de redactar la versión que definitivamente mandamos al Congreso», ha apuntado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Se trata del proyecto que incluye un examen escrito para el acceso a la carrera judicial y fiscal, que amplía el número de plazas de jueces y fiscales, que «blinda por ley orgánica» las becas de los opositores y que prohíbe la financiación privada de las asociaciones judiciales.
«Como sucede con todas las normas que se aprueban en primera vuelta en el Consejo de Ministros y después pasan a informes preceptivos, lo que hemos hecho ha sido tomar en consideración todos los informes que se han emitido», ha precisado el ministro para luego incidir en que el texto «mañana mismo» iniciará su trámite parlamentario.
En este sentido, Bolaños ha insistido en que el Gobierno, tras escuchar las recomendaciones del CGPJ y del Consejo de Estado, ha modificado la redacción del anteproyecto que aprobó el pasado enero en otro Consejo de Ministros.
LOS AVISOS DEL CGPJ
Cabe recordar que el CGPJ aprobó por unanimidad un informe sobre el anteproyecto en el que alertó de «disfunciones» que podrían generar «una carrera de dos velocidades».
El órgano de gobierno de los jueces advertía de que el anteproyecto del Ejecutivo contaba con «ciertas innovaciones de calado» que podían generar «dudas sobre la falta de idoneidad de algunas de las medidas», tanto por razones de técnica legislativa como por los objetivos que fijaba la reforma.
El CGPJ se mostró en contra del «proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal», ideado para facilitar la incorporación de jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes, al considerar que no se de la «situación excepcional» que exige la jurisprudencia constitucional para adoptar esta medida.
Este martes, Bolaños ha insistido en que se trata de un texto que tiene como objetivo «mejorar el acceso» a las carreras judicial y fiscal e impulsar la «igualdad de oportunidades» de todos los opositores.
El ministro ha sacado pecho del proceso extraordinario de estabilización que criticó el CGPJ al defender que cumple con las exigencias de la Comisión Europea.
«En este momento existen 954 jueces sustitutos en nuestro país que son llamados a ejercer la función jurisdiccional y que por tanto dictan autos, dictan sentencias cuando son llamados. 954 jueces sustitutos y 331 fiscales sustitutos. Este proceso de estabilización extraordinario, que será un cuarto turno extraordinario, estará dirigido no sólo a jueces sustitutos, a fiscales sustitutos, sino también a otros profesionales del derecho que también podrán presentarse», ha señalado.
BECAS Y PRUEBA ESCRITA PARA OPOSITORES
El ministro a su vez ha destacado las becas para opositores con rentas bajas, que contarán con una cuantía mínima igual al salario mínimo interprofesional con una duración de hasta cuatro años.
Asimismo, ha hecho referencia a la apuesta que se hace para convertir el Centro de Estudios Jurídicos en una red pública de preparación de opositores, que además «tendrá distintos locales habilitados en diferentes provincias de nuestro país».
«También vamos a establecer una prueba escrita en la oposición para la carrera fiscal y judicial, de tal manera que se valore un desarrollo, una competencia absolutamente imprescindible para el desarrollo de la función jurisdiccional, como es el razonamiento jurídico, la expresión escrita o la aplicación de la ley a un caso, a un supuesto concreto», ha recalcado el ministro.
Al hilo, ha precisado que dicho examen se aplicará no solo al turno libre, sino también al cuarto turno, dedicado a juristas de prestigio y trayectoria, «donde también se establece la obligación de que se redacte un dictamen eliminatorio previo a la fase de evaluación de méritos para todos los candidatos que se presenten». Y ha recordado que este proyecto también crea el cuarto turno para la carrera fiscal, que hasta ahora no existía.
Bolaños también ha insistido en que el anteproyecto permitirá garantizar que una de cada cuatro plazas de jueces y magistrados provengan del cuarto turno, como fija la Ley Orgánica del Poder Judicial. «Hoy la realidad es que no existe el cuarto turno en el porcentaje que se estableció (…). Debiera ser un 25% que provinieran del cuarto turno y a día de hoy está por debajo del 8%», ha dicho.
Por último, ha destacado la creación de un registro público de jueces y magistrados que preparan a opositores, lo que a su juicio refuerza la supervisión de dicha actividad por parte del CGPJ; así como la regulación del ascenso automático por antigüedad de juez a magistrado a los cinco años y el impulso a las especializaciones en violencia sobre la mujer y en el ámbito mercantil.
También ha recordado que el texto plantea la ampliación de la plantilla de la Comisión de Ética Judicial, que pasará a estar conformada por nueve miembros: los cinco actuales elegidos por los propios jueces y cuatro que ahora será elegidos por las Cortes Generales.
AVISO DE ASOCIACIONES Y DEL CONSEJO FISCAL
El pasado enero, cuando se dio a conocer el anteproyecto, tres de las cuatro asociaciones de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)– advirtieron de que el texto impulsado por el Gobierno podía servir para «meter» jueces sustitutos por la «puerta de atrás».
La mayoría del Consejo Fiscal se pronunció en el mismo sentido tres meses después, en abril, cuando mostró su rechazo al nuevo diseño de acceso a la carrera fiscal al considerar que, en vez de buscar la excelencia, rebajaba la exigencia de los conocimientos técnicos y abría una «puerta de atrás» al implantar el llamado cuarto turno e incorporar al personal interino, según informaron entonces a Europa Press fuentes del órgano consultivo.
