Un día después de establecer la nueva normativa de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), el Gobierno autorizó por medio del Boletín Oficial el proceso de privatización de la empresa. A través de un sistema de venta, el Poder Ejecutivo permitió la transferencia del 90% de las acciones del Estado al sector privado, y dispuso una licitación pública nacional e internacional de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico.
“Autorízase el procedimiento para la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado nacional, cuyo porcentaje asciende al 90% del capital social de dicha empresa”, establece el Decreto 494/2025, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Además, el Gobierno impuso que el Ministerio de Economía y la unidad ejecutora “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” deberán adoptar las medidas necesarias para concretar la venta de al menos el 51% del total del paquete accionario de la empresa a un operador estratégico a través del procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional.
Ambos organismos deberán también ejecutar la “venta en bolsas y mercados del país del remanente de las acciones de titularidad del Estado nacional en AySA que no haya sido vendido”.
En tanto, el Ejecutivo instó a la cartera a cargo de Caputo a “adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales”.
Desde el Gobierno, por su parte, justificaron que para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la empresa y consideraron que la privatización de AySA “contribuiría directamente a la mejora en la prestación del servicio público concesionado de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales en el Área Metropolitana, a partir de la implementación de técnicas regulatorias adecuadas para satisfacer las necesidades de los usuarios”.
Este martes fue publicado el Decreto 493/2025, que sustituye al Decreto 304/2006, mediante el cual el Presidente reestructuró gran parte de la normativa y, entre otros puntos, autorizó a la empresa a cortar el suministro a usuarios por falta de pago. Entre otras cuestiones, también se creó un Plan Director de Mejora Estratégica para desarrollar obras de infraestructura y se estableció un punto de cooperación entre APLA y ERAS.
