Con el Decreto 695/2025, el gobierno libertario oficializó la venta del 49% de NA-SA, manteniendo el control estatal y reservando decisiones estratégicas sobre el futuro nuclear del país.
El gobierno de Javier Milei avanza con su plan de reorganización del Estado y dio este martes un nuevo paso en el camino trazado por la Ley Bases, al oficializar la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país.
La medida quedó plasmada en el Decreto 695/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. Allí se establece que el 49% de las acciones de NA-SA será transferido al sector privado, bajo los términos de la Ley 27.742, que habilita al Ejecutivo a avanzar en privatizaciones parciales, siempre que se mantenga el control o participación mayoritaria del capital social.
De ese 49%, un 44% será ofrecido “en bloque” mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el 5% se distribuirá entre los trabajadores de la empresa. El 51% restante quedará bajo control del Estado, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
La norma también establece que el Poder Ejecutivo deberá aprobar toda decisión estratégica, incluyendo proyectos de expansión de capacidad, construcción de nuevas instalaciones nucleares o retiro de alguna central del servicio por causas no técnicas.
Actualmente, la composición accionaria de NA-SA está distribuida entre el Ministerio de Economía (79%), la CNEA (20%) y Energía Argentina S.A. (Enarsa, 1%). Estas entidades deberán transferir sus participaciones a la Secretaría de Energía para avanzar con el proceso de licitación.
NA-SA opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, que aportan cerca del 7% de la energía eléctrica nacional, y participa en el desarrollo del proyecto Atucha III, con tecnología Hualong One. La empresa también gestiona residuos radiactivos y cumple funciones clave en el sistema energético argentino.
Desde el Gobierno se argumenta que la medida busca modernizar la gestión, atraer inversiones y mejorar la eficiencia operativa, mientras que distintos sectores técnicos y sindicales advierten sobre el impacto en la soberanía energética y el control de tecnologías estratégicas.
Decreto 695/2025:
