El decreto contempla la licitación del 44% de las acciones y un 5% destinado a los trabajadores. El Estado conservará el control de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.
El Gobierno nacional anunció que en los próximos días se firmará el decreto que autoriza la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida contempla la venta del 44% de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional, y la asignación de un 5% adicional a los trabajadores a través de un Programa de Propiedad Participada (PPP).
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que “todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización”, y que esta operación busca promover la inversión privada para el desarrollo de nuevos proyectos, como el primer reactor modular argentino y el impulso de la minería de uranio.
El Estado nacional conservará el 51% del capital accionario, en cumplimiento de la Ley Bases 27.742, que permite la privatización parcial de empresas estratégicas siempre que se mantenga el control público. Además, cualquier decisión clave —como la ampliación de capacidad, construcción de nuevas centrales o salida de servicio por motivos no técnicos— requerirá el voto afirmativo del Estado.
Actualmente, la composición accionaria de NA-SA se distribuye entre el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (1%). El decreto ordenará la transferencia de esas participaciones a la Secretaría de Energía, que será la autoridad de aplicación para la operación.
NA-SA administra una potencia instalada de 1.763 megavatios, lo que representa el 4,1% de la capacidad bruta nacional y aporta cerca del 7,35% de la energía eléctrica al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La empresa ha mostrado resultados financieros positivos, con ganancias por $17.234 millones en el primer trimestre de 2025.
Especialistas advierten que el éxito de la privatización dependerá de la claridad del marco tarifario, la situación operativa de las plantas —como la reactivación de Atucha I— y la gestión de pasivos acumulados, incluyendo una deuda con Cammesa estimada entre US$120 y US$180 millones.
