Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y los delitos complejos, el Gobierno nacional creó el Consejo Académico para la Formación y Capacitación de Agentes Encubiertos, una instancia especializada que funcionará bajo la órbita de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, según informaron fuentes oficiales.
El nuevo órgano será presidido por el profesor y juez Ricardo Ángel Basílico, y estará integrado por representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y las Fuerzas de Seguridad Federales. Entre sus principales funciones se destacan la definición de contenidos y docentes para los cursos de formación, la supervisión de las capacitaciones impartidas a aspirantes y la propuesta de programas de actualización para agentes en ejercicio.
El Consejo también participará activamente en la organización de jornadas de intercambio técnico destinadas a funcionarios judiciales, fiscales y personal de las fuerzas federales, en articulación con la Unidad Especial. Las sesiones se realizarán mensualmente con orden del día definido por su presidente y contarán con la figura de un coordinador ejecutivo como nexo operativo.
Desde el Ministerio se remarcó que la participación de representantes judiciales apunta a garantizar lineamientos consensuados para una actuación procesal segura y eficaz, incorporando perfiles diversos que aporten una mirada interdisciplinaria a las tareas de inteligencia encubierta.
Nuevas herramientas para la investigación digital
En paralelo, el Ministerio de Seguridad aprobó mediante la Resolución 828/2025 el Protocolo Particular para la Actuación de los Agentes Encubiertos y Reveladores Digitales, una herramienta que formaliza el rol del agente encubierto digital y el revelador digital en investigaciones vinculadas a ciberdelitos, redes criminales online y delitos económicos cometidos mediante plataformas virtuales.
El nuevo protocolo establece criterios claros de confidencialidad, legalidad y validez procesal para las pruebas recolectadas en el entorno digital. Su implementación busca adaptar las estrategias penales a los desafíos de una criminalidad que se desarrolla crecientemente en redes sociales, sitios web y entornos virtuales, respetando los principios de protección de derechos y proporcionalidad investigativa.
