El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso la creación de una comisión que tendrá a su cargo el análisis del traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 179/2025, se basa en los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo de diciembre pasado referido a los alcances de la autonomía jurisdiccional porteña.
La comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Justicia de la Nación y del Ministerio de Justicia porteño, y tendrá seis meses desde su conformación para elaborar una propuesta sobre la transferencia. Estará presidida por Marcelo Javier Ruíz, designado como representante nacional. Los vocales designados son Alberto Andrés Nanzer, Pablo Alejandro González y Mariano Luis Loprete. La Ciudad de Buenos Aires deberá nombrar a cuatro representantes para completar la composición del cuerpo.
El texto de la normativa indica que la medida se enmarca en lo dispuesto por el artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía política, legislativa, jurisdiccional y administrativa porteña, y en diversos convenios de transferencia progresiva de competencias judiciales firmados en los años 2000, 2004 y 2017. La resolución también cita como fundamento las decisiones de la Corte Suprema en casos anteriores en los que el máximo tribunal sostuvo que la presencia de la justicia nacional ordinaria en CABA debe interpretarse como de carácter transitorio.
En el fallo más reciente, dictado el 27 de diciembre de 2024, la Corte Suprema reiteró la necesidad de avanzar en la adecuación de las leyes para garantizar el ejercicio pleno de la autonomía jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires. Según se recordó en la resolución del ministerio, el tribunal había exhortado previamente a los poderes políticos a adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional.
La comisión creada tendrá entre sus objetivos establecer un espacio de trabajo para examinar la transferencia de competencias, formular propuestas normativas, identificar implicancias presupuestarias, normativas, logísticas y laborales, y asegurar el funcionamiento continuo del sistema judicial en ambas jurisdicciones. También se prevé convocar a expertos, funcionarios, legisladores, magistrados y otros actores institucionales.
Contará, además, con la facultad de establecer su propio reglamento interno, organizar reuniones periódicas y elaborar informes que serán elevados al Ministerio de Justicia. La resolución establece que sus integrantes ejercerán funciones ad honorem y que podrán proponer mecanismos de articulación institucional, con el objetivo de alcanzar consensos entre los organismos involucrados.
En la normativa publicada este martes en el Boletín Oficial se explica que la transferencia de competencias judiciales ordinarias desde el gobierno nacional a la ciudad de Buenos Aires es un proceso previsto por el artículo 6° de la Ley N° 24.588 y su modificatoria. Esa norma habilita la firma de convenios entre ambas jurisdicciones para traspasar funciones, servicios y bienes. La propia resolución recuerda que las disposiciones de esa ley, sancionada en 1995 para garantizar los intereses federales en la capital del país, fueron concebidas como transitorias.
