A primera vista, Claudia Sheinbaum ha tenido un año brillante. Obtuvo una victoria aplastante en junio de 2024, asumió la presidencia de México en octubre y desde entonces ha gozado de altísimos índices de aprobación. Ha sido elogiada por su hábil manejo de la beligerancia comercial de Donald Trump. Sus políticas de seguridad, que priorizan una mejor labor de inteligencia y detectives, representan una mejora con respecto a las de su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador.
Pero Sheinbaum está a punto de implementar la peor y más peligrosa idea de López Obrador: una reforma populista y radical del sistema judicial mexicano que socavará el Estado de derecho, perjudicando las perspectivas económicas del país y debilitando su joven democracia. El 1 de junio, los mexicanos votarán en la primera de dos rondas electorales para reemplazar al poder judicial de arriba abajo. Todos los jueces del país serán elegidos por voto popular, desde los magistrados locales de bajo rango hasta los que ocupan puestos en la Suprema Corte y los poderosos tribunales electorales. El antiguo sistema de exámenes, nominaciones y nombramientos ha sido eliminado.
Solo unas pocas democracias (como Estados Unidos) eligen jueces. México será el único país que los elija a todos. Es una pésima idea. Se supone que los jueces deben hacer cumplir la ley con imparcialidad. Responder a los votantes los hace más propensos a defender solo las leyes populares. Se supone que los jueces son expertos en derecho. El nuevo proceso de selección de México solo requiere un título en derecho, calificaciones adecuadas y la voluntad de someterse al nuevo sistema. Muchos jueces actuales no se presentan, cediendo así el poder a novatos y partidistas. Décadas de conocimiento institucional y claridad jurídica se están desperdiciando.
El voto politizará los tribunales, poniendo en duda la neutralidad de sus fallos. También hará que los tribunales sean un freno menos efectivo para los políticos. Esto es particularmente peligroso en México, donde Morena, el partido gobernante fundado por López Obrador en 2011, se ha convertido en la fuerza política suprema. Tras llegar al poder en 2018, Morena y sus aliados cuentan con mayorías en ambas cámaras del Congreso. Controla la mayoría de las legislaturas estatales. Ha desmantelado sistemáticamente el sistema de pesos y contrapesos, debilitando o eliminando a la mayoría de los reguladores independientes en México. Cada vez más, Morena se asemeja al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México prácticamente sin oposición durante siete décadas, hasta el año 2000. Los tribunales eran el mayor freno que aún le quedaba al poder de Morena, derribando varias de sus políticas emblemáticas en los últimos años. Ya no.
El regalo del mazo
Para colmo, Morena tiene influencia en el proceso de elección de jueces. Controlaba dos de las tres comisiones encargadas de la evaluación de candidatos judiciales. Se espera una baja participación, lo que significa que es probable que los votantes que acudan sean aquellos movilizados por el partido. Esto prácticamente garantiza que los favoritos de Morena sean elegidos. Un nuevo tribunal disciplinario, que también se elegirá de entre las mismas listas afines a Morena, ayudará al partido a mantener a raya a los nuevos jueces. El nuevo sistema no solo acelerará el retroceso de México hacia un régimen unipartidista de facto. También es un regalo para los mafiosos, que ya amenazan y matan a los jueces que no cooperan. Las elecciones judiciales facilitarán a los capos de la droga la influencia en los tribunales, decidiendo quiénes pueden presentarse como candidatos en las localidades donde tienen fuerza y movilizando el voto. Probablemente presenten sus propios candidatos, como ya hacen en las elecciones locales.
El Estado de derecho es esencial para la democracia. También sustenta la prosperidad. Las empresas privadas no construirán fábricas en México si creen que los tribunales no harán valer sus derechos. La inversión ya está disminuyendo. Es más, el poder judicial electo podría constituir una violación del tratado de libre comercio de México con Estados Unidos y Canadá. Esto agrava el peligro para la economía mexicana, basada en la exportación, que ya está siendo atacada por Trump.
Sheinbaum no ha mostrado ninguna inclinación a cambiar de rumbo: impulsó la legislación de implementación en octubre. Mejorar el proceso para la segunda vuelta de las elecciones judiciales previstas para 2027 sería una mera manipulación. Alguna vez tuvo fama de pragmatista. Quizás sea recordada como la líder que desmembró el Estado de derecho en México.
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