El gobierno de Gustavo Petro ha destinado más de 121.000 millones de pesos en 2025 a una estrategia de comunicaciones cuyo eje central sería consolidar la narrativa oficial y asegurar la continuidad del progresismo en la Casa de Nariño tras las elecciones de 2026.
Esta inversión, que incluye la contratación de influenciadores y excontratistas que ahora buscan cargos públicos, sería un cambio en la forma en que el Ejecutivo utilizaría los recursos estatales para incidir en la opinión pública y el escenario político, según una reciente investigación de El Espectador.
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El desglose de la inversión muestra que, en lo que va del año, entidades del Ejecutivo han firmado 29 convenios orientados a fortalecer sus planes de comunicación, con un énfasis creciente en la presencia digital. El objetivo declarado sería doble: controlar la narrativa sobre los logros de la administración y traducir ese posicionamiento en apoyos electorales.
De acuerdo con datos obtenidos por diario nacional, la estrategia responde a la necesidad, expresada en diversos espacios por el presidente Petro, de que el progresismo conserve el poder más allá de 2026. La justificación oficial de estos recursos se centra en la defensa de las políticas gubernamentales y en la respuesta a lo que el mandatario ha calificado como “persecución de los medios tradicionales”.
Entre los protagonistas de esta estrategia figuran influenciadores que han transitado de las redes sociales a la arena política. Walter Alfonso Rodríguez Chamorro, conocido como “Me dicen Wally”, abogado y youtuber, se posicionó como el tercer precandidato al Senado más votado, con 137.821 apoyos.
Rodríguez, además, fue contratista de Rtvc, donde condujo el espacio Política al revés junto a Levy Rincón, otro creador de contenido afín al gobierno. Su último contrato con el canal público, por 23,9 millones, finalizó en abril de 2025.
Sandra Claudia Chindoy, presentadora y defensora de las reformas sociales del Gobierno en sus redes, firmó tres contratos con Rtvc en 2025 por un total de 168 millones de pesos, aunque solicitó la terminación anticipada para dedicarse a la campaña electoral.
Laura Daniela Beltrán, conocida como “Lalis”, obtuvo la segunda votación para la Cámara por Bogotá y suscribió un contrato con la Cancillería por 100 millones de pesos, también terminado antes de lo previsto.
En el Valle del Cauca, Laura Isabel Vera, ingeniera de alimentos cercana al ministro de Educación Daniel Rojas, trabajó en la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Uapa) con un convenio de 17 millones.
“Lalis”, en entrevista con El Espectador, defendió la legalidad y pertinencia de sus contratos: “los contratos que he tenido con el Gobierno, y que ya no tengo, se hacen bajo el marco contractual y el objeto contractual de mi profesión. Allí no hay ninguna irregularidad… Con o sin contrato hemos estado de pie, hemos estado en la lucha y hemos estado haciendo pedagogía, desmintiendo. El trabajo se puede ver a lo largo del tiempo que llevamos. Justo para la época en la que empiezo a trabajar, dejo de subir contenido. Entonces se les baja el discurso de: ‘A Lalis le pagan por hacer contenido’”, señaló la ahora candidata al Congreso.
Además, destacó la preparación profesional de los influenciadores: “la primera meta es demostrar que estamos preparados para eso. Lo que pasa es que creo que se quedaron en encasillarnos en que somos creadores de contenido en internet, casi que deslegitimando nuestra profesión… Wally es abogado, yo soy periodista y estoy terminando una maestría en Política Pública. Entonces, ¿por qué decirse desde el inicio que nosotros no estaríamos preparados para ejercer algún desarrollo en esto?”.
El fenómeno no se limita a los creadores de contenido. Patricia Caicedo, hermana del exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo, trabajó en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hasta julio de 2025, con un contrato de 94 millones, antes de convertirse en la mujer más votada de la lista al Senado.
Su posición en la lista del Pacto Histórico, sin embargo, ha generado controversia interna. La representante María del Mar Pizarro, tercera mujer más votada en Bogotá, ha reclamado que los primeros renglones sean ocupados por mujeres y no se alternen por género, abriendo un debate sobre la paridad en la asignación de candidaturas.
En total, El Espectador identificó 13 contratos por más de 600 millones en 2025 vinculados a influenciadores y exfuncionarios que ahora figuran en las listas al Congreso.
Esta presencia respondería a una apuesta del Pacto Histórico por captar nuevas bases electorales a través del alcance digital de estos perfiles. La estrategia es más amplia y se ha mantenido durante todo el gobierno, con una red coordinada de defensores que posicionan tendencias favorables al Ejecutivo y responden a la oposición en redes sociales.
Uno de los componentes más destacados de la estrategia es la “Escuela Digital”, presentada como “Medios en red”. El 4 de agosto, un grupo de influenciadores afines al gobierno se reunió en la Casa de Nariño con el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, para discutir la iniciativa.
El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adscrito al Ministerio de las TIC, firmó un convenio con Telecafé por 10.942 millones para el diseño y ejecución de esta escuela, cuyo objetivo es empoderar a comunicadores, periodistas y colectivos comunitarios mediante formación, innovación tecnológica y acompañamiento personalizado.
Faber Burgos, conocido por su proyecto de enviar un globo a la estratósfera, lidera la implementación con un contrato de 51 millones de pesos. Según el primer informe de ejecución, los influenciadores Fanny Esperanza Peña, Uldarico Ramírez Chilito y Juan Carlos Arredondo forman parte del equipo encargado del proyecto.
En cuanto a la ejecución de los recursos, Rtvc se consolida como el principal receptor de contratos para fungir como central de medios, con 13 convenios en 2025. Entre los más cuantiosos figuran acuerdos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (7.121 millones), el Ministerio de las Culturas (6.214 millones), el de Educación (4.900 millones) y Prosperidad Social (3.000 millones). Además, Rtvc celebró un convenio con Fontur por 8.171 millones para la promoción de la cumbre de la Celac – UE en Santa Marta.
Teveandina (Canal Trece) es el segundo gran ejecutor, con siete convenios, incluido el principal contrato del año: un acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras por 17.003 millones, además de otro por 13.324 millones con la misma entidad. Canal Trece también firmó contratos con los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Ambiente, Deporte y Defensa, sumando cifras millonarias.
Por su parte, Televisión Regional de Oriente (Canal TRO) ha fortalecido su posición con cuatro acuerdos, entre ellos uno con el Fondo Único de las TIC por 14.191 millones, orientado a promover contenidos de interés público y cultural por parte de grupos étnicos y sujetos de especial protección constitucional. Otros contratos relevantes incluyen acuerdos con el Ministerio de Salud, la Supersalud y el Ministerio de Agricultura.
