En una nueva medida para “consolidar la eliminación del monopolio históricamente en manos de Intercargo”, el Gobierno habilitó a otra empresa, la tercera nueva operadora hasta el momento, para que ofrezca servicios de rampa a las compañías aéreas en los aeropuertos argentinos.
A través de la Disposición 11/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, se autorizó a Global Protection Service S.A. a explotar servicios operacionales y de rampa en todos los aeropuertos del país. Esta nueva habilitación se encuadra dentro del objetivo de la gestión de Javier Milei de desregular el sector aerocomercial. “Lo que se viene realizando desde diciembre de 2023 y que genera más trabajo, más inversión y mayor competitividad para el sector y la Argentina en general”, se argumentó.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, enfatizó al respecto: “La libertad económica es esto: miles de pasos pequeños que cada día aumentan la competencia y bajan precios”.
La Disposición 11/25 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo autoriza a la empresa GPS a proveer servicios de rampa, siendo la cuarta empresa autorizada desde la desregulación. 3 más vienen en camino. La libertad económica es esto: miles de pasos pequeños que cada día aumentan la…
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 15, 2025
Global Protection Service S.A., perteneciente al Grupo Sima, ya presta servicios de seguridad aeroportuaria y cumplió con las exigencias que establece la reforma del Código Aeronáutico y su reglamentación para sumar estas funciones.
Su habilitación la convierte en la tercera nueva empresa del sector -junto a Fly Seg y Air Class Cargo– autorizada a operar servicios de rampa en los principales aeropuertos del país. Se suman entonces a Intercargo y a Aerolíneas Argentinas y Flybondi, estas dos últimas que tienen su propio servicio de rampa y que ahora también pueden ofrecerlo a otras líneas, como ocurrió el último jueves durante el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) donde Flybondi trabajó junto a JetSmart, según pudo saber LA NACION.
La resolución oficial establece que las autorizaciones tendrán una duración de 15 años, renovables si se cumplen los estándares de seguridad operacional. La medida impacta directamente en la competitividad del sector aéreo y en la oferta de servicios aeroportuarios. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) es el organismo que supervisa el cumplimiento de las normativas.
