Un mes después de la autorización del proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), el Gobierno dio la orden para su inicio, a través del Boletín Oficial. De esta manera, se implementara un “programa de propiedad participada” por el 5% del capital accionario de NASA, que quedará en manos de los trabajadores, y la venta del 44% de las acciones en bloque de la empresa mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, mientras que el 51% se lo quedará el Estado.
El Poder Ejecutivo estableció en la Resolución 1751/2025, que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, que, a fin de garantizar el proceso de privatización, la Secretaría de Energía deberá contar con la intervención previa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Además tendrá que realizar un inventario de bienes tangibles e intangibles que puedan impactar sobre la valuación de las acciones.
Por otra parte, la unidad ejecutora deberá coordinar las medidas necesarias para que la privatización de Nucleoeléctrica Argentina esté finalizada en el lapso de un año a partir de la publicación de la resolución.
Tal como informó LA NACION, los accionistas de NASA por el momento son el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina, pero tanto la CNEA como Enarsa transferirán sus acciones a la Secretaría de Energía.
La empresa estatal, presidida por Demian Reidel -uno de los funcionarios que Milei más destaca- se encarga de operar las tres centrales nucleares que tiene el país (Atucha I, Atucha II y Embalse) -que suman una potencia instalada de 1763 MW y aportan aproximadamente el 7% de la energía eléctrica consumida- y es una de las que quedó incluida en la Ley Bases como sujeta a privatización, y estimaciones preliminares de analistas del sector apuntaban que podía tener una valuación total de entre US$560 millones y US$1000 millones.
A finales de septiembre, cuando el Gobierno autorizó el proceso, señaló que con este esquema el objetivo es “nivelar las reglas de juego respecto a la actividad de generación proveniente de otras fuentes”. En tanto, destacó que transferir la actividad de la empresa al sector privado resulta una “conveniencia”.
“La intervención estatal a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y rentable para el Estado. Desde el inicio de la gestión, este gobierno ha impulsado una política de reducción del déficit fiscal y del sobredimensionamiento estatal, con el objetivo de mantener el equilibrio de las cuentas públicas”, indicó.
Luego continuó: “Con el fin de asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa de manera eficiente y competitiva, resulta imprescindible promover e incrementar la incorporación de inversores privados, considerándose la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina como el medio más idóneo para alcanzar tal fin”.
Al anunciar el proceso de privatización, el Gobierno informó que durante 2023 la empresa recibió transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado por un valor de $700 millones (aproximadamente 2 millones de dólares a noviembre de ese año).
A su vez, el kirchnerismo presentó un proyecto para frenar la venta de Nucleoeléctrica Argentina, el cual lleva la firma de José Mayans, jefe del bloque opositor en el Senado. “Están tratando de armar un negocio y obviamente hay negociaciones que benefician al Presidente y a la hermana”, acusó el presidente de la bancada, mientras que en el documento llamaron a dejar sin efecto todo proceso administrativo ya iniciado.
