El Gobierno israelí ha aprobado este lunes por unanimidad la destitución de la fiscal general, Gali Baharav Miara, en medio de las tensiones con el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, y de las manifestaciones registradas en las últimas horas frente a la oficina del jefe de Gobierno en protesta por su cese.
El ministro de Justicia, Yariv Lenin, ha anunciado a través de un breve comunicado publicado en su perfil en la red social Facebook que «el gobierno ha aprobado por unanimidad» su propuesta de «terminar inmediatamente con el mandato de Gali Baharav Miara» como fiscal general.
Cabe mencionar que en la votación, en la que 22 ministros han votado a favor de la destitución de la fiscal general, no han estado presentes ni esta última ni el primer ministro, según ha informado el portal de noticias israelí Ynet.
Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, que pidió su destitución en noviembre de 2024, ha exigido el nombramiento «inmediato» de una sustituta al cargo, afirmando que no se puede «permitir que un vacío gubernamental se llene con un montón de interpretaciones jurídicas infundadas».
«El proceso que inicié hace unos nueve meses ha concluido. Más vale tarde (muy tarde) que nunca. Si fuera por mí, presentaría una acusación contra ella por fraude y abuso de confianza», ha añadido el titular de la cartera.
No obstante, el Tribunal Superior de Justicia ha emitido una orden judicial en la que prohíbe temporalmente al Gobierno nombrar a una nueva fiscal general o negarse a colaborar con Baharav Miara, señalando que han de esperar hasta que se pronuncie sobre la legalidad del caso.
Asimismo, ha recordado un fallo anterior en el que indicaban que la decisión del gabinete de destituirla no entrará en vigor hasta que se resuelvan las demandas al respecto, y que por el momento sus opiniones legales sobre el gobierno siguen vigentes, según ha recogido el diario ‘The Times of Israel’.
De hecho, el partido opositor Yesh Atid, liderado por Yair Lapid, ha presentado una petición ante el alto tribunal para bloquear la mencionada medida. «El Gobierno no quiere asesoramiento legal, quiere obediencia, ha optado por renunciar al Estado de derecho, y nosotros hemos optado por luchar por él y la democracia», ha dicho la diputada Karine Elharrar.
El Gobierno de Netanyahu sostiene que la fiscal actúa por motivaciones políticas contra sus medidas, mientras que Baharav Miara denuncia que las autoridades actúan en violación de la ley y que su trabajo es presentar al Ejecutivo los límites de la ley «sin que constituyan diferencias de opinión ni motivos de cese».
