El incremento del 21,5% se distribuirá en tres etapas y se basa en la inflación acumulada entre julio de 2024 y abril de 2025
El Gobierno aprobó una suba del 21,52% en las tarifas del transporte público automotor urbano y suburbano de jurisdicción nacional, que se aplicará en tres etapas, a aplicarse en mayo, junio y julio. La medida se sustenta en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) relevado por el INDEC en la región del Gran Buenos Aires, que acumuló un alza del 30,5% entre julio de 2024 y abril de este año.
La actualización tarifaria se realiza en el marco del procedimiento establecido por la normativa vigente desde fines de 2022, que habilita revisiones periódicas de los valores de boletos en función de la inflación. De acuerdo con la Secretaría de Transporte, el incremento aprobado busca reflejar los costos actualizados del sistema y será aplicado de manera progresiva para atenuar su impacto en los usuarios. El nuevo esquema fue propuesto por la Subsecretaría de Transporte Automotor a partir de un informe técnico sobre costos operativos e ingresos medios de las empresas del sector.
Las provincias que tienen servicios alcanzados por la actualización tarifaria son: Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tucumán, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El incremento responde a la política de recomposición tarifaria impulsada desde la declaración de emergencia económica, administrativa y fiscal dispuesta por el DNU 70/2023. En ese decreto se señaló que las tarifas públicas presentaban importantes desequilibrios y advirtió sobre la necesidad de tomar medidas urgentes al respecto.
En ese contexto, el Ejecutivo ya había dispuesto una actualización de cuadros tarifarios en agosto de 2024. Desde entonces, se registraron nuevas variaciones en los costos del sistema de transporte, particularmente en los servicios que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y esa brecha es la que viene a saldar esta suba.
Si bien la Secretaría de Transporte se encuentra facultada para aplicar estas actualizaciones de manera bimestral o en períodos mayores, el nuevo esquema de etapas definidas mantiene la previsibilidad del cronograma tarifario. A su vez, se aclara que el tope para futuras revisiones continuará vinculado al IPC que publica el Indec, sin superar el índice acumulado entre la última actualización y el nuevo ajuste.
Además, el texto de la norma indica que el procedimiento seguido por la cartera económica respeta los pasos previstos en la normativa vigente, que incluye una instancia de participación ciudadana previamente cumplida. La medida fue evaluada por la Dirección Nacional de Regulación Normativa de Transporte y la Subsecretaría de Transporte Automotor, ambas dependientes del Ministerio de Economía.
La Secretaría de Transporte aclaró que, para futuras actualizaciones, se utilizará como referencia el índice del mes previo a la fecha de aprobación de la medida correspondiente, en línea con lo dispuesto en la normativa base de 2022. El objetivo es mantener una metodología previsible, atada al comportamiento de los precios y sin exceder los límites inflacionarios definidos por el IPC.
