El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas que vulneran gravemente los derechos de los consumidores. Según detalla la propuesta de sanción a la que ha tenido acceso Cadena SER, se considera que la empresa utilizó su posición de dominio para imponer condiciones abusivas a los arrendatarios, situación que se habría mantenido desde, al menos, junio de 2023.
La investigación sobre Alquiler Seguro comenzó en noviembre de 2023 tras una denuncia presentada por la organización de consumidores Facua, a la que más tarde se unieron otras entidades como la Organización de Consumidores Usuarios (OCU). Como parte de sus reclamaciones, la OCU solicitó la intervención de los organismos competentes para examinar la legalidad de ciertas prácticas de la inmobiliaria, entre ellas la exigencia a los inquilinos de pagar un mes de renta más el 21% de IVA por un servicio de atención que estos no habían solicitado. En este contexto, el Ministerio abrió un expediente sancionador el pasado marzo.
Los investigadores han hallado pruebas de que, además del citado servicio de atención no solicitado, la empresa habría incurrido en cinco infracciones muy graves. Entre ellas destacan la obligación de que el arrendatario contrate un seguro de hogar, la imposición de cargos por impagos, la responsabilidad obligatoria por eventuales reclamaciones judiciales y la inclusión de una cláusula que permite a la agencia inscribir al inquilino en ficheros de morosos. Como detalla Cadena SER, se añade una infracción leve -la exigencia al inquilino de presentar un estudio de solvencia– que la propuesta de sanción considera agravada por la reiteración de conductas abusivas.
Consecuencias directas para Alquiler Seguro
De ratificarse la propuesta, esta multa supondría la primera sanción millonaria de este tipo en el sector inmobiliario, tanto a nivel nacional como autonómico. El expediente señala que Alquiler Seguro, con más de 76.000 contratos formalizados y 97.000 inquilinos, habría aprovechado su amplia presencia en el mercado para imponer estas condiciones.
Según la propuesta de sanción, el portal inmobiliario habría explotado la situación de necesidad de determinados bienes, afectando especialmente a consumidores en situación de inferioridad o indefensión, incumpliendo así de manera sistemática los deberes legales y mostrando “desprecio manifiesto por los intereses públicos protegidos por la ley”.
Los consumidores podrán reclamar una vez se confirme el expediente
La sanción prevé no solo cuantiosas multas sino también la invalidez de las cláusulas abusivas. Como ha conocido Cadena SER, este hecho abriría la posibilidad a que los afectados reclamen los gastos y cargos derivados de tales condiciones, siempre que la resolución se confirme formalmente. Contra la decisión administrativa no cabe recurso, aunque la propia empresa cuenta con un plazo de 15 días para presentar alegaciones. Se espera que el Ministerio emita la resolución definitiva antes del 12 de diciembre.
Si se confirmara el expediente, marcaría un precedente relevante para la regulación del sector inmobiliario en España. Pese a la importancia del caso, las fuentes del Ministerio citadas por Cadena SER han declinado por el momento realizar declaraciones sobre este proceso.
