El Gobierno realizará este fin de semana el segundo traslado desde Canarias a la Península de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo.
Así lo han informado este jueves fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que han señalado que estos menores, la mayoría de ellos malienses, se derivarán a recursos del sistema de acogida de Protección Internacional del Estado.
Igualmente, han apuntado que el Ejecutivo mantiene su «firme decisión» de no hacer público el destino de los menores trasladados a la Península, como ya lo hizo con la primera derivación, «con el fin de preservar su intimidad y ofrecerles el máximo nivel de protección posible».
En esta línea, el departamento que dirige Elma Saiz ha apelado a la «responsabilidad» de «toda la sociedad» en el «respeto» de esta decisión «en aras de proteger a estos niños en la mayor medida posible para evitar que sean objeto de persecución».
Las mismas fuentes han precisado que, a fecha de 14 de agosto, han salido del sistema de acogida de menores del Gobierno canario un total de 240 personas solicitantes de protección internacional, «bien por derivaciones a recursos de titularidad estatal o bien por ser mayores de edad e integrarse en el Sistema de Acogida y Protección Internacional del Estado».
También han insistido en el que, por parte del Gobierno, se está cumpliendo «rigurosamente» con el plan de trabajo y el calendario acordado con Canarias. Así, ha defendido que «la atención a los menores es una prioridad absoluta».
Este traslado se suma al realizado este lunes, con un grupo de diez menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Estas derivaciones se están llevando a cabo como respuesta al auto del Tribunal Supremo, que pidió en marzo al Ejecutivo que se hiciese cargo con sus propios medios de estos niños y jóvenes.
«PROCEDIMIENTO MUY COMPLEJO»
Asimismo, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, han destacado que los traslados son un «procedimiento muy complejo», dado que implica a menores «especialmente vulnerables» que deben estar acompañados «en todo momento» y requiere la implicación coordinada de numerosas administraciones y entidades sociales colaboradoras. «Todas las decisiones se adoptan preservando el interés superior de los menores, cuyas situaciones y perfiles presentan casuísticas muy diversas que requieren un tratamiento minucioso y adaptado a cada caso», han subrayado.
Los avances y detalles de este trabajo continuo se comparten cada martes en reuniones de seguimiento entre el Gobierno y Canarias. Estos encuentros «permiten coordinar esfuerzos y reforzar la eficacia de todo el proceso, y que todas las partes puedan estar prevenidas y preparadas ante cualquier alteración por causas sobrevenidas o factores externos al procedimiento».
