El Gobierno nacional reunió este lunes por cuarta vez al Consejo de Mayo. En este encuentro, el grupo, compuesto por referentes de distintos sectores y encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, buscó avanzar con la reforma laboral, que ya había sido trabajada anteriormente, y abordaron por primera vez la tributaria.
Se trata de dos de los ejes centrales que la administración libertaria se propuso trabajar en esta serie de encuentros del Consejo de Mayo, que comenzaron a mitad de año y tienen previsto darse hasta diciembre, cuando para el 11 de ese mes se emita un documento final.
“Argentina es un país que tiene 52% de presión fiscal y recauda 28. Lo que nosotros estamos planteando es que hay una gran parte de informalidad, porque si vos tenés presión de 52 formal y recaudas 28, porque hay una gran parte que no paga, un país que el 50% no paga”, dijo al salir Martín Rappallini, jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA). Rapallini integra el consejo en representación del sector empresario.
Durante el encuentro de este lunes se estuvieron analizando las distintas propuestas de cada sector y se prevé que haya varias reuniones en un intento de consensuar un documento final para el 11 de diciembre.
“Si logramos hacer una propuesta para que todos paguen, vamos a lograr la misma recaudación que tenemos hoy, pero también pensando en generar un proceso de inversión, un proceso de crecimiento, crecimiento también de exportaciones, un sistema impositivo virtuoso que aliente la producción y la generación de empleo”, dijo Rappallini, al tiempo que se mostró optimista de los consensos a los que se pueda llegar.
Rapallini agregó: “Es un proceso que lleva tiempo, no es que se hace un día para el otro. Hoy estamos viendo lo que está pasando en Brasil, que se está implementando el 1 de enero del 2026 y va a durar 6 años, hasta el 2032, nosotros por ahí esperamos hacerlo en menos tiempo, pero si son procesos de transformación, no se hace un día para el otro”.
La reforma laboral y tributaria son de las consideradas “de segunda generación” que la administración libertaria se plantea para los próximos dos años de gestión. La otra es la previsional, que quedaría para 2027. Para todas ellas, el Gobierno confía en tener una mayor robustez parlamentaria, luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
En cuanto a la reforma laboral, para el Gobierno es una de sus principales preocupaciones, ya que la intención es pasar cada vez más trabajadores del sector informal al formal.
La reunión de este lunes estuvo presidida por Francos, quien estuvo acompañado por los consejeros designados: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en representación del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por los mandatarios provinciales; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Baja; el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, por el sindicalismo; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, por el empresariado; y la secretaría técnica del Consejo, Cecilia Domínguez.
En esta oportunidad, por los temas que se abordaron, participaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario de Trabajo, Julio Cordero; los diputados nacionales, Lisandro Nieri y Luciano Laspina; el senador de la provincia de Mendoza, Martín Kerchner; el director ejecutivo y economista jefe de la UIA, Diego Coatz; y el presidente del departamento de Política Tributaria de la UIA, Carlos Abeledo.
La idea del Consejo de Mayo, donde reina el hermetismo sobre el detalle de lo que se va trabajando, es tener un proceso acabado para presentar en diciembre. El objetivo es lograr consensos para avanzar con esos y otros proyectos de ley que el Gobierno se focaliza, fundamentalmente, en poder lograr a partir del año próximo.
Entre los puntos acordados en el Pacto de Mayo, del que se desprende el Consejo de Mayo, y al que en 2024 suscribieron 19 gobernadores, figuran desde la inviolabilidad de la propiedad privada y el equilibrio fiscal innegociable pasando por el compromiso de potenciar la educación inicial, primaria y secundaria, la alfabetización plena, la reducción del gasto público en torno al 25% del PBI; la reforma tributaria que reduzca la presión impositiva; la laboral que promueva el trabajo formal; y la previsional que le dé sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron.
