El Gobierno seguirá adelante con la tramitación parlamentaria de las reformas del acceso a las carreras judicial y fiscal y de la propia Fiscalía, a pesar de la huelga que todas las asociaciones de togados –menos las progresistas– han anunciado para 1, 2 y 3 de julio si el Ejecutivo no da marcha atrás, según fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
A través de un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han anunciado este martes que irán a la huelga esos tres días si el Gobierno no retira ambos proyectos de ley.
Las fuentes ministeriales sostienen que «la mayoría parlamentaria y la mayoría de la sociedad está con las reformas», por lo que han aclarado que «seguirán su tramitación en las Cortes» Generales. El Gobierno confía en que queden aprobadas este verano.
En la misma línea se ha expresado el ministro, Félix Bolaños, al afirmar que «hay una mayoría parlamentaria a favor de modernizar la Justicia», que ha confiado en que «mañana será un consenso» porque «la ley amplía y fortalece la carrera judicial y fiscal y garantiza la independencia del Poder Judicial».
«Máximo respeto a la huelga convocada, por discutibles que sean los motivos», ha dicho el titular de Justicia en la red social X tras conocerse la convocatoria de huelga por parte de dichas asociaciones.
Las fuentes consultadas consideran que «el gran dilema en la Justicia ahora es: reformas o inmovilismo», al tiempo que subrayan que «es normal que las reformas de calado generen algunos temores o reticencias, sobre todo en un sector donde el inmovilismo era la norma».
«TENDREMOS UNA JUSTICIA MUCHO MEJOR»
Así, inciden en que «estas reformas modernizan la Justicia para que sea más eficaz, ágil y cercana a la ciudadanía» y «apuntalan su independencia y excelencia», por lo que –afirman– «cuando estas reformas estén ya aprobadas y en vigor tendremos una Justicia mucho mejor».
En este sentido, aseguran que habrá «muchos más jueces, magistrados y fiscales gracias a las convocatorias de casi 500 plazas anuales durante tres años, más que nunca en la historia».
También destacan la creación de «un sistema de becas blindado por ley que asegurará la igualdad de oportunidades para que la Justicia no pierda el talento de estudiantes brillantes y de origen humilde».
Respecto a las pruebas para acceder a las carreras judicial y fiscal, resaltan que «pasan del modelo de finales del siglo XIX, memorístico, a otro donde se evalúa también la expresión escrita y la capacidad de relacionar conocimientos».
Asimismo, ponen en valor que se va a «acabar por fin con la precariedad de juezas y fiscales sustitutas –el 80% son mujeres– con un proceso garantista basado en el mérito y ya no enfrentaremos sanciones millonarias de la UE».
A todo ello suman que el colofón será la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), con la que reiteran que «homologaremos nuestro proceso penal, que es del siglo XIX, al del resto de Europa».
LAS ASOCIACIONES ALERTAN DEL «RIESGO DE SELECCIÓN IDEOLÓGICA»
Sin embargo, las asociaciones convocantes entienden que las reformas anunciadas minarán la independencia judicial y, con ello, el Estado de Derecho. Entre sus principales críticas están el «riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales» y que se «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».
Respecto a la reforma de la Fiscalía, para prepararla precisamente a la nueva LECrim, por la que las instrucciones pasarán de jueces a fiscales, las cinco asociaciones advierten de que «se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo» y «sin contrapesos» suficientes.
Estas asociaciones ya convocaron un paro de 10 minutos a las 12:00 horas del 11 de junio que tuvo más de un 70% de adhesión, según sus cálculos. Tras ello, realizaron consultas internas para cuantificar el apoyo de sus asociados a una futura huelga, que fue de más del 80%, lo que les ha llevado a dar este paso, si bien antes han convocado una concentración para el 28 de junio frente al Supremo.
