La reciente conversación entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha puesto de manifiesto la disposición de Italia para firmar el acuerdo con Mercosur, condicionado únicamente a que se ofrezcan satisfacciones específicas a los agricultores europeos en respuesta a las demandas que han planteado. De acuerdo con el medio, fuentes oficiales italianas han detallado que el compromiso del gobierno italiano está sujeto al establecimiento de medidas claras por parte de la Comisión Europea que respondan a las inquietudes del sector agrícola, un punto que consideran posible resolver en plazos breves.
El medio informativo ha reportado que el Gobierno ha defendido la importancia de avanzar cuanto antes en la ratificación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur —compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y ha expresado su disposición a impulsar, a todos los niveles durante la cumbre europea en Bruselas, la conclusión de las negociaciones. Según publicó el medio, aunque reconocen que este tratado lleva veinticinco años gestionándose, consideran que, de ser necesario, se puede esperar un mes adicional si eso garantiza la obtención de un acuerdo satisfactorio para las partes involucradas.
En el margen de la cumbre de líderes realizada este jueves en Bruselas, fuentes gubernamentales consultadas por el medio referido han restado importancia a los retrasos comunicados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien notificó a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete que la firma del convenio no ocurrirá en la fecha inicialmente prevista, sino que se postergará al mes de enero. La misma fuente ha remarcado que la aprobación podría producirse durante el encuentro de este jueves si las condiciones se alineasen, pero no consideran problemático que el avance ocurra durante el próximo mes.
El medio ha consignado que una parte considerable de la inquietud se encuentra en la finalización de las salvaguardas acordadas esta semana por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. Estas salvaguardas incluyen la vigilancia de los mercados comunes y la posibilidad de suspender temporalmente las importaciones de determinados productos considerados sensibles, en caso de que se detecten distorsiones sustanciales que perjudiquen a los productores europeos. Dichos mecanismos, según indicó el medio, aún requieren de la adopción definitiva por parte de los colegisladores europeos y no estarán disponibles antes del mes de enero, lo que aplaza inevitablemente la implementación material del acuerdo.
Este calendario coincide con la perspectiva expresada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien a su llegada a la cumbre solicitó esperar hasta contar con la materialización de estas medidas de protección y el despliegue de otros mecanismos anunciados en Bruselas, como el refuerzo de los controles aduaneros. Según explicó el medio, la preocupación por la protección de los agricultores y la estabilidad de los mercados interiores se ha convertido en el eje central de las negociaciones, condicionando la agenda y el ritmo de la aprobación final.
El medio sumó que la postura del Ejecutivo italiano representa, para las autoridades europeas, una visión más optimista respecto a la posibilidad de sumar apoyos suficientes a corto plazo, por cuanto consideran que la adopción de los acuerdos alcanzados entre Parlamento y Consejo de la UE puede ofrecer garantías y certidumbre a los países que mantienen reservas, abriendo el camino para una aprobación definitiva del tratado de libre comercio con Mercosur.
Finalmente, la prolongación del proceso de aprobación del acuerdo, que ha requerido más de dos décadas de negociaciones, encuentra su justificación, según han señalado voceros gubernamentales a ese medio, en la complejidad de armonizar los intereses de las partes y en la necesidad de incorporar medidas de salvaguarda que respondan tanto a las demandas del sector agrícola europeo como a los compromisos de acceso a los mercados pactados con los países de Mercosur. Según el medio, el retraso hasta enero responde a los tiempos legislativos que requiere la puesta en vigor de estas nuevas normas y a la cautela al momento de recoger todas las garantías exigidas por los distintos Estados miembro de la Unión Europea.
