Uruguay entregó en abril el primer pasaporte adecuado a las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). La noticia fue destacada por las autoridades del gobierno –que recién habían asumido– y por los ministros que habían dejado el cargo: el cambio era fundamental para aquellos extranjeros que padecían un limbo legal, que no podían ingresar a algunos países.
Tres meses después, ese cambio en el pasaporte derivó en una fuerte polémica en el país porque Alemania y Francia informaron que los uruguayos que tengan la nueva versión del documento no podrían ingresar a los países. La decisión provocó una polémica política, con convocatorias a los ministros de Interior y Relaciones Exteriores y llamada en consulta a los embajadores de esos países.
Entre los principales cambios del nuevo pasaporte se encuentra la modificación del título “Nacionalidad” por la denominación “Nacionalidad/Ciudadanía”, consignándole el código “URY” tanto a los ciudadanos naturales como a los legales. Esta medida permite que haya una coincidencia entre el país que emite el documento y la ciudadanía de su titular.
La reacción de Alemania y Francia está dada porque el nombre del país de nacimiento no aparece en la primera hoja (ese dato está en la hoja número 4).
La canciller interina Valeria Csukasi y la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, se reunieron con los embajadores y les explicaron que la decisión fue tomada al amparo del derecho internacional, que tiene que ver con una cuestión de derechos humanos y que el gobierno no tiene previsto dar marcha atrás con esta realidad, informó el noticiero Telemundo de Canal 12.
La defensa de la Cancillería fue que la adecuación de los pasaportes se encuentra en línea con las normas internacionales de la OACI. En un comunicado, esta cartera señala que la decisión “responde a normas internacionales de Derechos Humanos, relativas a la facilitación de la movilidad humana, libre circulación e identidad, sin discriminación”.
Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que estos cambios no modifican los requisitos que deben cumplir los ciudadanos cuando solicitan un pasaporte.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del interior se encuentran trabajando a fin de encontrar una solución que no perjudique a los uruguayos y las uruguayas, y garantice su libre movilidad”, dice el comunicado.
Reacción de la oposición
La oposición reaccionó a esta decisión del gobierno. El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva consideró que la decisión fue “una torpeza” que obedece a un “pensamiento snobista”. “Se les fue advertido que en el mundo del sentido común tienen que estar las dos cosas: la ciudadanía y el lugar de nacimiento. Así le pasa a los pasaportes italianos”, expresó en Teledoce.
“Estamos frente a la revolución de las cosas complicadas: cómo un tecnócrata, un burócrata, le complica la vida a un ciudadano que no tiene nada que ver, que lo que hace es ir, sacar su pasaporte y se da cuenta de que hoy no puede ingresar en principio a Alemania, probablemente a Francia. Sabemos que Japón fue el primer país en poner el grito en el cielo por esta circunstancia”, expresó.
Da Silva anunció que se convocaría “con urgencia” al canciller para que dé explicaciones por esta decisión. Sin embargo, el frenteamplista Nicolás Viera informó a La Diaria que finalmente se acordó pedir información sin convocar a los ministros. “Comprende decisiones técnicas de dos administraciones, comenzó en la última administración y siguió con la nueva”, explicó.
Sin embargo, los ex ministros Omar Paganini y Nicolás Martinelli se desmarcaron de la decisión que tomó el gobierno actual. “La solución era cambiar ‘nacionalidad’ por ‘ciudadanía’. Este gobierno decidió además eliminar el ‘lugar de nacimiento’. ¡Hacerse cargo!”, escribió el ex canciller.
